Aldea El Tesoro, del municipio de Tecpán, Chimaltenango, ubicada aproximadamente a 117 kilómetros de la ciudad capital, la energía eléctrica es débil y el acceso a internet es escaso. En este lugar, solo una de las dos principales empresas de telefonía del país tiene cobertura. Los vecinos dependen del servicio de una cablera local y la mayoría de hogares no cuenta con router.

En esta comunidad, la conexión recae principalmente en datos móviles de los teléfonos y, aunque la energía eléctrica suele mantenerse estable, en temporada de lluvias el servicio suele interrumpirse con frecuencia, lo que limita aún más el acceso a herramientas digitales.

De acuerdo con Carmen Urízar, directora del Energy & Infrastructure Analysis Center (EIA Center), Guatemala suele enfrentar este tipo de problemáticas debido a su geografía, caracterizada por terrenos quebrados, montañas y volcanes, lo que complica el despliegue de infraestructura. A esto se suma la falta de acceso a torres de telefonía y redes de fibra óptica en áreas rurales. “Es un tema que debemos atender con la misma celeridad con la que estamos atendiendo los temas eléctricos”, indicó.

Urízar explicó que el desarrollo de redes eléctricas y de telecomunicaciones está estrechamente vinculado, ya que la transformación energética requiere también de un alto nivel de digitalización. “Esta transformación requiere que los países cuenten con redes tecnológicas relacionadas con la fibra óptica, la tecnología 5G y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones desarrolladas, porque se vuelve un elemento crucial para aprovechar las sinergias de ambas áreas”, afirmó.

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David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE), coincidió en que la necesidad de ampliar la infraestructura es generalizada, aunque existen áreas prioritarias como Petén, Huehuetenango y Alta Verapaz.

“En esos lugares hay dos o tres subestaciones que alimentan a más de medio millón de personas. En el oriente tenemos un anillo que no está terminado, el cual es clave para poder traer energía hacia la capital”, explicó.

El ministro de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura, también coincidió en que Petén es un departamento estratégico, donde el proyecto de transmisión se ha pospuesto por muchos años. Agregó que actualmente se trabaja para que esta obra quede iniciada y su conclusión se espera en los siguientes meses.

Según Cabrera, el sistema actual no está preparado para cubrir la demanda futura. Detalló que actualmente existen 5,700 kilómetros de líneas de transmisión y 216 subestaciones, pero se necesitaría prácticamente duplicar esa capacidad.

Agregó que, de acuerdo con reportes del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), ya existe un rezago en la infraestructura actual. “El AMM menciona que se necesitan 12 subestaciones y 1,700 kilómetros de redes de transporte para poder solventar con eficiencia lo de hoy. Eso ya es el primer rezago que tenemos. Nos permite trabajar con solvencia, sí, pero con eficiencia no mucho”, señaló.

Advirtió que, de mantenerse la tendencia, la brecha continuará ampliándose. “Si seguimos retrasándonos, esa brecha se va a ir alimentando y eso tarde o temprano nos va a llevar a un problema o un colapso”, añadió.

Cuellos de botella

Urízar explicó que la brecha digital en Guatemala responde a múltiples factores y no a una sola causa. “Es una combinación de factores: físicos, de infraestructura, económicos y financieros, como los costos de construcción y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, que representan una barrera significativa de acceso a internet”, indicó.

Señaló que estas condiciones han generado una desigualdad entre áreas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades la cobertura suele responder a la demanda, en las áreas rurales persisten mayores limitaciones. “La brecha digital, al igual que el tema eléctrico, está en esas comunidades rurales y es ahí donde hay que poner un enfoque especial”, afirmó.

También mencionó la necesidad de fortalecer la inversión pública dirigida a estas zonas. “Las inversiones que deben venir del área pública deben enfocarse en estas áreas que enfrentan indicadores importantes de pobreza digital”, explicó.

A estos factores se suman condiciones socioeconómicas que limitan el acceso a tecnología. “La desigualdad económica hace que no todos los guatemaltecos puedan tener acceso a una computadora con las características necesarias o a servicios de alta velocidad”, indicó.

Urízar agregó que la alfabetización tecnológica es otro elemento clave. “Hay un tema que tiene que ver con educación tecnológica o educación virtual. Garantizar el acceso a internet y telefonía móvil permite ciertas condiciones, pero también se necesita formación para aprovecharlas”, señaló.

Permisología municipal

Cabrera indicó que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de infraestructura es la falta de uniformidad en los procesos municipales. “El tema municipal es que no existe una directriz clara y concreta en las diferentes municipalidades. Cada trámite es único y especial, y eso retrasa mucho los proyectos”, afirmó.

Añadió que, en muchos casos, las municipalidades trasladan las decisiones a dinámicas comunitarias que implican nuevas exigencias. “Hoy en día, hablar de municipalidad es hablar de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), y piden una serie de solicitudes que no necesariamente son eléctricas: escuelas, carreteras, puentes o medicinas”, explicó.

Indicó que, aunque estas necesidades son válidas, no corresponden directamente a los proyectos eléctricos. “No negamos que las solicitudes sean válidas, pero no son necesidades que un proyecto eléctrico deba cubrir; es un proyecto más de nación”, señaló.

“Si logramos que las municipalidades generen un ambiente prodesarrollo de proyectos y ayuden a solventarlos, no estamos hablando de no cobrar licencias ni arbitrios, sino de que tengamos algo estandarizado, rápido y ágil”, comentó.

Según Cabrera, los tiempos de ejecución se han extendido principalmente por los procesos de permisos. “Antes un proyecto se hacía en cuatro o cinco años; hoy nos tardamos seis u ocho. Seguimos tardando dos o tres años en ejecutar, pero la permisología pasó de dos a cinco años”, explicó.

Para Ventura, la obtención de derechos de vía en el país complica los proyectos. “No tenemos la experiencia ni la jurisprudencia suficiente para priorizar derechos de vía cuando se trata de un beneficio nacional. No se ha aplicado la legislación correspondiente para obras de interés público”, comentó.

Agregó que en algunas ocasiones los alcaldes pueden retrasar una obra con exigencias que van más allá de lo que un proyecto de transmisión puede enfrentar. “En una obra se hace un presupuesto y hay muchos factores que hacen que eso cambie. Uno de ellos son los cambios de diseño en el caso de obtención de derechos de vía, eso hace que los costos suban; si es muy alto, el proyecto ya no es rentable y ninguna empresa va a invertir”, mencionó.

Urízar coincidió en que la infraestructura de transmisión implica atravesar múltiples territorios, lo que requiere autorizaciones municipales. “Para construir 1,800 kilómetros de línea hay que pasar por todo el país, y eso requiere autorizaciones municipales”, indicó.

Señaló que en algunos casos estas autorizaciones se retrasan o se condicionan, lo que genera impactos en los proyectos. “Ha pasado que hay alcaldes que no dan autorizaciones o las condicionan a pagos que no siempre son factibles. Esto ha generado retrasos, cambios de trazado y sobrecostos”, explicó.

Añadió que, en algunos casos, los retrasos afectan la planificación energética en general. “Si la red de transmisión no se finaliza cuando se requiere, los proyectos de generación también se ven afectados. Es un efecto dominó”, señaló.

Se requiere cubrir la demanda

El crecimiento del consumo energético representa otro desafío para el sistema. Cabrera comparó la situación con el aumento del parque vehicular. “Cada vez hay más carros, pero las calles siguen siendo las mismas. El transporte eléctrico es la columna vertebral; si consumimos más sin ampliar la red, tendremos congestionamientos y desabastecimientos, lo que va a representar un retroceso de desarrollo para el país”, explicó.

Añadió que el país aún no está preparado para la demanda futura. “Hoy tenemos capacidad para la realidad actual, pero dentro de 20 años el consumo se va a duplicar. Los países latinoamericanos trabajamos sobre urgencias. Como vemos que para 20 años aún falta, esperamos”, señaló.

Para Urízar, los riesgos de no ampliar la red eléctrica y de telecomunicaciones, o de no avanzar con la misma rapidez, implican una desaceleración en la velocidad con la que el país requiere lograr la transición energética. Asimismo, mencionó que esto podría tener impactos socioeconómicos, ya que, al no reducir la brecha digital, no se ratifican los objetivos de educación, ciencia, innovación y tecnología que el país necesita para el desarrollo de la población.

“No lograr los objetivos digitales obviamente tiene un impacto en el sector eléctrico, pero a nivel del país y socioeconómico tiene un impacto en el desarrollo económico que realmente estamos dándole a la población, porque es una reducción de las posibilidades de menos educación y menos acceso tecnológico”, mencionó.

Iniciativa busca regular obstáculos

El sector eléctrico ha planteado la necesidad de cambios normativos para destrabar la expansión de la infraestructura. En ese contexto, en el Congreso se encuentra la iniciativa 6665, Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, la cual busca atender los principales obstáculos identificados en la construcción de redes de transmisión.

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, ponente del proyecto de ley, explicó que la iniciativa surge tras identificar que el principal rezago del sistema eléctrico está en la transmisión. “El cuello de botella que está deteniendo al sector es la parte de transmisión. Hay mucho desarrollo en generación, pero nos hemos quedado atrapados en la transmisión desde hace años”, señaló.

Detalló que, aunque existe interés en generar energía, la falta de redes limita la capacidad de conectar nuevos proyectos. “No estamos siendo capaces de construir esas líneas de transmisión que ya están a capacidad. El país no puede agregar más capacidad al sistema porque está topado”, indicó.

Estrada explicó que la iniciativa busca declarar la transmisión eléctrica como un tema de urgencia nacional, lo que permitiría establecer mecanismos más ágiles para el desarrollo de proyectos. “Lo primero es declarar esto como una urgencia nacional de interés público, entendiendo que sin esto no hay desarrollo industrial, turístico ni urbano”, afirmó.

Entre las medidas incluidas, destacó la creación de un mecanismo más expedito para la adquisición de servidumbres de paso. “Se establece un proceso administrativo más ágil, con mecanismos para cuando no hay claridad en la propiedad o no se llega a acuerdos, buscando evitar que las negociaciones se vuelvan interminables”, explicó.

Asimismo, la iniciativa contempla la estandarización de cobros municipales relacionados con estos proyectos. “Se establece una tarifa por kilómetro de línea o por subestación, para dar certeza y evitar negociaciones caso por caso con cada municipalidad”, explicó.

El diputado indicó que la propuesta fue construida con participación de distintos actores y que se encuentra en su fase final de discusión en el Congreso. “Se recibieron más de 200 comentarios y modificaciones. La ley ya pasó primera y segunda lectura y está pendiente de tercera lectura para su aprobación”, detalló.

Cabrera señaló que la propuesta representa un primer intento por abordar de forma integral estos desafíos. “Creo que es el primer intento desde el Legislativo de tratar de regular los grandes temas que hacen que la transmisión no avance de una manera rápida y correcta”, indicó.

Según explicó, la iniciativa se enfoca en tres ejes principales: la permisología municipal, el acceso a servidumbres y los procesos administrativos en instituciones del Estado. “Trata de resolver el tema municipal, de solventar el tema de las servidumbres y también de resolver el cuello de botella que tenemos en la permisología gubernamental”, afirmó.

El ministro Ventura indicó que la iniciativa surge de un proceso de discusión amplio y busca responder a un problema estructural. “Fue resultado de una discusión que visualizó y trata de ayudar a un problema complejo, que es la ejecución de obras de transmisión e incluso de transformación de energía eléctrica”, señaló.

Ventura indicó que la aprobación de la iniciativa podría incidir en la atracción de inversión. “Va a ayudar a nuevas inversiones. Se necesita nueva industria que genere empleo y esa industria necesita energía”, afirmó.

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