Cámaras empresariales señalan que resoluciones de la CC atentan contra la independencia de poderes

Empresarios rechazan que magistrados de la CC hayan actuado como juez y parte en los amparos que bloquearon el antejuicio contra ellos mismos.

La Corte de Constitucionalidad amparó a dos organizaciones y la PDH, quienes accionaron contra el antejuicio contra magistrados constitucionales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Corte de Constitucionalidad amparó a dos organizaciones y la PDH, quienes accionaron contra el antejuicio contra magistrados constitucionales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y la Cámara del Agro (Camagro) manifestaron este 7 de agosto preocupación por actuaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionado con el amparo que detuvo el antejuicio contra cuatro de sus magistrados.

Lo anterior se refiere al amparo, primero de forma provisional y luego definitivo, que la CC otorgó ante el proceso de antejuicio promovido por el abogado Roberto Hernández Guzmán contra los togados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftalí Aldana y Francisco de Mata Vela que dieron un amparo al Ministerio Público (MP) y ordenaron al Congreso elegir cortes mediante requisitos constitucionales de honorabilidad, capacidad e idoneidad, que se convirtió en el informe Comisiones Paralelas 2020 que enumeraba candidatos a jueces que no cumplían con ese requisito, así como enumera diputados que tienen conflicto de interés al momento de votar.
Ese amparo, al que magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite, detuvo las actuaciones de la comisión pesquisidora contra los cuatro togados constitucionales.

 

La Cámara  de Industria consideró que la Constitución Política obliga a los magistrados de ese tribunal a ejercer con imparcialidad sus fallos y decisiones judiciales y les impide juzgarse a sí mismos, así como beneficiarse de sus propias resoluciones.

Además, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley de Amparos, los magistrados son responsables de sus resoluciones y cualquier acto que contravenga dicho artículo atenta contra el Estado de Derecho.

“Obstaculizar la función del Congreso de la República en cuanto a conocer los antejuicios contra algunos magistrados de la CC también atenta contra la independencia de poderes, debiendo cada órgano del Estado proceder con apego a la ley y a la Constitución”, observó, y agrega: “Las órdenes que obedecen a disposiciones ilegales no deben acatarse”.

“Con este tipo de acciones, algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad además de romper con el orden legal del país, continúan aplicando la ley sin imparcialidad, atentan contra la población y llevan al país a un rompimiento institucional”, subrayaron los industriales.

 

Asazgua también rechazó que la CC emitiera un amparo en beneficio propio, actuando como juez y parte, lo que vulnera el estado de Derecho y la obligación constitucional de imparcialidad.

“Emitir resoluciones en beneficio propio para frenar procesos en los poderes judicial y legislativo es un atentado contra la independencia de poderes”, expuso en un comunicado.

Por su parte, Camagro también se manifestó sobre la CC, de la cual expuso que sus magistrados tienen impedimento, según la Ley de Amparo, de ser juez y parte, y por tanto no pueden conocer y resolver asuntos a su favor.

También resalta que el amparo definitivo otorgado es nulo de pleno derecho porque la integración del pleno fue ilegal, por conformarse con tres de los magistrados señalados en la solicitud de antejuicio, es decir Mejía, Porras y Aldana.

“En la actual crisis constitucional los tres poderes del Estado y la CC no pueden actuar más allá de lo que la Constitución les permite”, reflexionó, y agregó: “El respeto estricto al debido proceso constitucional permitirá solventar la actual crisis”.

La Asociación Amigos del País planteó que los magistrados de la CC sí son responsables de sus resoluciones y por tanto inaceptable que quede impune el prevaricato al dictar resoluciones que les favorecen a sí mismos.

“Al advertir que la CC comete el delito de prevaricato, la CSJ y el Congreso deberían obviar la resolución de la CC y proceder conforme a Derecho buscando que se haga valer la ley y la Constitución”, señaló la agrupación.

Además, Industria Energética Asociada rechazó este sábado 8 de agosto que magistrados de la CC hayan actuado como juez y parte en los amparos que bloquearon la solicitud de antejuicio contra cuatro de sus magistrados.