Por sorteo, el Centro de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) designó los juzgados que al ser notificados, deberán informar a los señalados y después tendrán tres días hábiles para inhibirse.
Entonces, el expediente lo deberán remitir a la Cámara de Amparos y Antejuicios para que incluya en la agenda de un pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se defina si se le da trámite al requerimiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Así quedaron los casos:
- Boris España Cáceres
Juzgado Noveno Penal, a cargo de Silvia Morales.
- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez
Juzgado Sexto Penal, que dirige Carlos Toledo.
- Aracely Chavarría Cabrera de Recinos
Juzgado Octavo Penal, a cargo de Josué Alvarado.
- Luis Alberto Contreras
Juzgado Quinto Penal, dirigido por la jueza Judith Secaida.
- Marco Antonio Lemus Salguero
Juzgado Cuarto Penal, a cargo del suplente Pedro Lainez
- Humberto Leonel Sosa Mendoza
Juzgado Noveno Penal, a cargo de Silvia Morales.
- Carlos Santiago Nájera Sagastume
Juzgado Octavo Penal, que dirige Carlos Toledo.
- José Inés Castillo Martínez
Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto.
- Rodolfo Moisés Castañón Fuentes
Juzgado Segundo Penal, a cargo de Virginia de León.
- Ronald Estuardo Arango Ordóñez
Juzgado Séptimo Penal, que dirige Fredy Orellana.
El caso
Los diputados estarían relacionados al caso de corrupción presentado por el Ministerio Público (MP) el 16 de julio pasado, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual se estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, por medio de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.
El caso se conoció el 16 de julio pasado cuando fueron detenidas 19 personas y una semana después se entregó el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez.
Los señalamientos implican al exministro de Salud Jorge Villavicencio en una presunta estructura de corrupción en esa cartera.
También está señalada la hija de este, Saraí Villavicencio Delgado, y el exdiputado Pérez Martínez como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos, según las pesquisas, así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.
Según el MP, la investigación está fundamentada con miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
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