Por orden del Consejo de la Carrera Judicial, Stalling está suspendida de ejercer su función en la CSJ, mientras resuelve su situación ante la justicia, pero, de acuerdo con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, sigue cobrando su salario.
En el ejercicio del cargo, Stalling obtendría una remuneración de Q53 mil 807.01, al sumarle un bono mensual de Q1 mil 200, Q375 de bonificación por ser profesional, y Q13 mil 250 por gastos de representación.
La directora de Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, calificó esa situación como un problema en la redacción de la Ley de la Carrera Judicial, pues permite que un funcionario judicial que afronta proceso pueda recibir salario.
“Quedó por falta de cuidado. La Ley busca aclarar varios procesos en materia administrativa, y nunca se quiso favorecer de ninguna manera a funcionarios señalados”, afirmó, y agregó que se trata de una situación “antiética y que ofende a la población”.
Impide declaración
Ayer, por tercera vez, Stalling impidió que el Juzgado Séptimo Penal recibiera como anticipo de prueba la declaración del juez Carlos Ruano, quien la denunció por tráfico de influencias.
La magistrada fue amparada de manera provisional por la Sala de Apelaciones de Femicidio, que dejó en suspenso la declaración del abandono de la defensa de los abogados de la funcionaria.
El Ministerio Público (MP) insiste en la necesidad de tener como prueba el testimonio de Ruano, ya que se considera que el juez no podría asistir a un eventual juicio.
“Yo no sé por qué entorpecen los procedimientos, no entiendo”, expresó Rodríguez al salir de la Sala de Audiencias, y posteriormente dijo que la Sala de Apelaciones de Femicidio había amparado de manera provisional a la magistrada por haberse declarado que sus abogados habían abandonado la defensa del caso.
El juez aseguró que por esa situación no podía desarrollar la diligencia y optó por suspenderla hasta que se resuelva el amparo.
De manera infructuosa, Ruano ha acudido a las tres citaciones que le ha hecho el Juzgado Séptimo.
El 17 de marzo pasado se había convocado a escuchar a Ruano y al secretario de la CSJ, según consta en el sistema de control de audiencias de la página de internet del OJ, pero por una excusa de la defensa no se efectuó la diligencia.
Otro intento fue el 31 de marzo último. Ese día la Sala Tercera de Apelaciones notificó en una audiencia que se sustituiría la prisión preventiva que cumplía Stalling, y que debería guardar arresto domiciliario después de cancelar una fianza de Q300 mil.
El Juzgado había programado escuchar a Ruano, pero no fue posible porque no se presentó ninguno de los defensores de la magistrada, ya que estaban en otra audiencia.
Por esa razón el juez Adrián Rodríguez declaró el abandono de la defensa de la magistrada.
Juez advierte
En una audiencia que se programó para el 6 de abril último, Rodríguez advirtió de que la estrategia de Stalling sería entorpecer la recepción de la prueba anticipada, por lo cual ordenó que un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal debía acudir a la audiencia de ayer.
La funcionaria acudió porque se conocería una acción legal con la cual busca que el juez sea separado del proceso.
Rodríguez consideraba como un hecho escuchar a Ruano explicar cómo fue llamado por Stalling para hablarle del caso IGSS-Pisa, en el que el hijo de esta, Otto Fernando Molina Stalling, es acusado.
