La Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el que indicó que, “en representación de las empresas y sus colaboradores que desarrollan actividades productivas en la zona 9 de la ciudad capital, manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Organismo Judicial (OJ) de trasladar los Juzgados y Tribunales en Materia de Extorsiones a un inmueble ubicado en la 4.ª avenida 13-16, zona 9”.

Según el comunicado, esta área de la ciudad, “reconocida como punto importante de desarrollo”, se ha convertido en uno de los polos más dinámicos, pues se han instalado en ella proyectos de vivienda, comercios, centros comerciales, restaurantes, oficinas y servicios, lo que ha atraído inversiones y promovido el empleo formal.

“Ubicar en esta zona estratégica un juzgado destinado a conocer delitos de tan alta peligrosidad como lo son las extorsiones, pone en riesgo la seguridad ciudadana y el desarrollo económico del sector. La presencia constante de personas vinculadas a estructuras criminales, pandillas y sicariato representa una amenaza para todos los vecinos, trabajadores, empresarios y visitantes del área”, argumentó la Cámara.

La Cámara de Comercio agregó: “Rechazamos firmemente esta decisión y exhortamos a las autoridades del Organismo Judicial a reconsiderar esta medida, buscando alternativas adecuadas que no comprometan la seguridad e integridad de las personas, así como la vocación residencial y comercial de zonas que representan el futuro urbano de nuestra capital”.

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Reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que fortalezcan el sistema de justicia, sin poner en riesgo los avances alcanzados en planificación y convivencia urbana.

En ese sentido, este jueves 24 de julio, en declaraciones a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, reiteró la preocupación por el anuncio del traslado de los referidos juzgados a un sector importante de la zona 9.

Resaltó que el sector donde se pretende hacer el traslado se ha caracterizado por ser un área de desarrollo donde se han instalado empresas, clínicas, bancos y financieras, centros comerciales y viviendas, entre otros.

Añadió que instalar esos juzgados en la zona 9 implicaría el traslado de reos, lo que puede representar un riesgo.

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Mayorga afirmó que enviaron una carta a las autoridades del OJ para exteriorizarles la preocupación de los empresarios de ese sector de la zona 9 y, aunque no han obtenido una respuesta formal, esperan que se tome en cuenta el sentir de los integrantes de la Cámara.

Además, enviaron una nota a la Dirección de Control Territorial de la comuna para expresar su preocupación por el posible traslado de las judicaturas.

Mayorga pidió al OJ reconsiderar el traslado de los juzgados y conformar una mesa técnica junto a la municipalidad, pues considera que debe buscarse una alternativa sin causar riesgos.

Se consultó al OJ para conocer su postura respecto a lo indicado por la Cámara de Comercio, pero aún se está a la espera de respuesta.

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La Asociación de Vecinos y Comerciantes Organizados de Zona 9 compartió su postura e indicó que ante los recientes acontecimientos relacionados con la instalación de juzgados especializados en casos de extorsión, expresa su rechazo categórico y enérgico a esta decisión impuesta sin consulta previa, análisis técnico ni consideración del impacto social que representa para esa zona.

“Esta medida, lejos de ofrecer soluciones, pone en riesgo la seguridad, la estabilidad económica y la tranquilidad de los vecinos, trabajadores y comerciantes que día a día luchamos por mantener este sector como un espacio seguro, productivo y habitable”, indicó.

Externó: “lamentamos profundamente que decisiones de esta magnitud se tomen de manera unilateral, sin el debido estudio de impacto social, vial y económico, y mucho menos sin dialogar ni construir consensos con quienes vivimos y trabajamos aquí”.

Asociación externa preocupación

La Asociación de Vecinos y Comerciantes Organizados de Zona 9 indicó que les preocupa:

• La exposición directa al riesgo que implicaría concentrar en este sector a sindicados por delitos de alto impacto como la extorsión.
• La posible migración de colaboradores, clientes y vecinos por temor fundado a un entorno inseguro.
• La devaluación de nuestras propiedades y el debilitamiento de la actividad comercial.
• El colapso del tránsito, especialmente en la 13 calle, ya de por sí saturada, y que funciona como arteria principal para la zona.
• La duda razonable sobre si el edificio en cuestión cuenta con condiciones adecuadas para albergar a más de 100 trabajadores y resguardar a sindicados.
• Si bien la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que se realizarán únicamente audiencias virtuales, nos preguntamos entonces: ¿por qué se construyeron carceletas?
• Nuestra comunidad no se opone a la justicia ni a los avances institucionales, pero exigimos que cualquier decisión que afecte directamente nuestra seguridad y entorno sea tomada con responsabilidad, transparencia y participación ciudadana. En un contexto donde las extorsiones y la violencia se han incrementado, lo mínimo esperable era un proceso serio de evaluación técnica y social, el cual claramente no se ha realizado.
• Sabemos, además, que no se cuenta con los permisos municipales necesarios, según información verificada con autoridades correspondientes.
• Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente y respetuoso a las autoridades del Organismo Judicial, Municipalidad de Guatemala y demás instancias responsables, para que reconsideren esta decisión.
• Solicitamos el traslado de este juzgado a un lugar que no comprometa a una comunidad que ha trabajado durante años para construir un entorno seguro, estable y digno para vivir y trabajar. Estamos abiertos al diálogo y a propuestas que respeten el tejido social de nuestra zona.
• Zona 9 no puede ni debe convertirse en un punto de riesgo para sus propios habitantes.

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