La elección del representante del Cang en la CC pondría fin a un período de ausencias y vacantes en una Corte que terminará su mandato en pocos meses.
La convocatoria tiene lugar solo después de que el Tribunal de Honor accionó legalmente para ello, ante una oposición clara del presidente del Colegio en mención, Ovidio Orellana, que estaba atrasando el proceso a la espera de que el Ministerio de Salud aprobara los protocolos sanitarios para realizar las elecciones.
Orellana explicó que, por mayoría, se decidió convocar para la primera vuelta, el 4 de enero, y si hubiese una segunda votación será el 11 de enero.
“Esa convocatoria la vamos a publicar, si Dios lo permite, a más tardar el lunes –en el Diario Oficial—(…) Nosotros estamos actuando, porque es una orden constitucional. Haremos la convocatoria porque lo que otorgaron fue un amparo provisional”, afirmó.
En la elección del Cang podrían participar hasta 10 mil profesionales de forma presencial, como lo establece la ley, por lo que esperan que el Ministerio de Salud les apruebe los protocolos sanitarios para ese día.
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia, organización cercana a los procesos de postulación y al desempeño de ese sector, califica la actividad como “un proceso complejo”, que incluye la posición de la propia CC y el sistema político en términos generales, porque se está viviendo un “ataque sistemático de orden político” contra el alto tribunal, que esta misma semana otorgó un amparo a la Procuraduría de Derechos Humanos para frenar provisionalmente un antejuicio en contra de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela.
Entre covid
El presidente del Cang explicó que el atraso en la convocatoria, después del fallecimiento del magistrado Mejía, obedece exclusivamente a que la pandemia obliga a crear protocolos sanitarios, sobre todo porque se espera más de 10 mil abogados y notarios en la elección.
“El protocolo –es necesario—por el número de gente que llega a votar. Esa es la pena, porque lo que siempre he dicho es que se debe privilegiar la salud y la vida de los agremiados, los trabajadores y los colaboradores”, resaltó.
No obstante, detalló que la convocatoria se hará en medio de la pandemia porque obedecen la resolución de un amparo provisional. Orellana agregó que pedirán la autorización para que el Tribunal Supremo Electoral los apoye con las sedes departamentales.
Orellana precisó que el protocolo, elaborado por un epidemiólogo, fue enviado por primera vez el 28 de octubre al Ministerio de Salud, que lo devolvió con observaciones y se volvió a enviar el 17 de noviembre, pero todavía no han obtenido respuesta. Hizo ver que el hecho de no contar con los lineamientos aprobados fue una de las razones por las que se opuso a convocar a la elección, pero la mayoría de la junta directiva aprobó la convocatoria.
El Cang tiene entre abogados y notarios 33 mil 381 afiliados, y con los de ciencias afines suman 39 mil 720.
Julia Barrera, portavoz de la cartera de Salud, indicó que los lineamientos ya fueron revisados y enviados al Cang para que sean implementados.
“Hay que elegir”
Érick Castillo, presidente del Tribunal de Honor del Cang, expuso que el 26 de noviembre los magistrados de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le otorgaron un amparo provisional contra la junta directiva y ordenaron que en un plazo no mayor a cinco días convocaran a la asamblea general extraordinaria para decidir cuándo se llevaría a cabo la elección del representante del Colegio en la CC.
“Veo positivo, en el sentido de que si ellos están convocando es porque están cumpliendo con lo que se les ordenó en amparo. Están ejecutando lo ordenado en el amparo provisional que se me otorgó”, dijo.
Añadió que este cumplimiento de amparo genera un precedente muy importante, ya que en Guatemala ningún órgano, ni el Cang, están por encima de la Constitución y las leyes del país.
“Está asentando un precedente constitucional de que todos los órganos del poder del Estado tienen que cumplir con los plazos constitucionales y tienen que cumplir con las resoluciones judiciales dictadas en amparo. En este caso, por la Sala de Amparo”, concluyó Castillo.
