A prisión los 17 sindicados implicados en el contrato PISA-IGSS

En una maratónica diligencia, la jueza Silvia de León decidió enviar a prisión preventiva a Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS, y otras 16 personas por el fraude con la empresa Pisa para diálisis peritoneal a enfermos renales cuyo servicio deficiente cobró la vida de alrededor de 13 pacientes.

Se reanudo la audiencia de primera declaración de los 17 aprehendidos en el caso IGSS-Pisa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Se reanudo la audiencia de primera declaración de los 17 aprehendidos en el caso IGSS-Pisa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A eso de las 23 horas de este martes, la jueza resolvió la situación jurídica de los implicados y negó los pedidos de la defensa para que otorgara cualquier medida sustitutiva. En el caso de Rodríguez, De León precisó que hubo intento de evadir a la justicia.

Sin embargo, aceptó enviar a Rodríguez al cuartel de Matamoros, ya que la defensa había planteado que la trayectoria militar de su cliente ponía en riesgo su vida al estar en una cárcel común. Asimismo, las mujeres fueron enviadas a la cárcel Santa Teresa, algunas de ellas tienen permiso para ser chequeadas por médicos en el Hospital Roosevelt. El resto de hombres fue recluido en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

La jueza accedió a la solicitud del MInisterio Público de contar con 45 días calendario para desarrollar la investigación, pese a los reclamos de los sindicados y la defensa que demandaban que el tiempo se limitara a un mes. La audiencia de apertura a juicio será el 27 de julio.

Fallo

Fueron 17 personas ligadas a proceso, entre integrantes de la Junta de Licitación, representantes de la droguería Pisa y los seis integrantes de la Junta Directiva del IGSS, según lo decidió la jueza. 

Previo a resolver la situación penal de los sindicados, De León hizo la salvedad que su decisión la emitió sin presiones sectoriales, grupos sindicales, ni de medios de comunicación. 

Entre los argumentos que dio la juzgadora están que la empresa contratada no tenía capacidad de cumplir con lo pactado en el contrato de diálisis peritoneal ambulatoria, por lo que violaba las bases de licitación; que era obligación de la Junta Directiva del Igss revisar toda la documentación que conformaba ese expediente de licitación, por lo tanto la función pública no es delegable y por ello la Junta no puede argumentar que únicamente se daba el visto bueno al proceso. 

Por aparte la Junta Directiva tuvo recomendaciones que se revisara la calidad de los medicamentos, sin embargo no lo hizo y siguió con el contrato.

La juzgadora indicó que no señalaba a la Junta Directiva del Igss de recibir soborno, sino porque pudieron rechazar el contrato con Pisa, ya que era obligación revisar toda la documentación que formaba ese expediente de licitación.

De León señaló que Pisa de Guatemala se quedó con subcontrato de empresa y luego subarrendó otras instalaciones. Además, los insumos entregados a pacientes permitía proliferación de bacterias y que el espacio físico en donde la droguería atendía no era el adecuado. 

Las llamadas telefónicas conforme a su contenido determinan que Otto Molina Stalling sabía de ese proceso de licitación, que su amigo el nefrólogo Arturo Adolfo Castellanos Poouu sabía de ese evento de licitación de diálisis y el juramento hipocrático que juró Castellanos Poou fue violado.

Los delitos

  1. Juan de Dios de La Cruz Rodríguez López | Representante del poder Ejecutivo |  (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión) 
  2. Max Erwin Quirin Schoder | Representante del Cacif | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  3. Julio Roberto Suárez Guerra | Representante de la Junta Monteria | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  4. Erwin Raúl Castañeda Pineda | Representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  5. Julia Amparo Lotan Garzona | Representante de los trabajadores | (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  6. Jesús Arnulfo Oliva Leal | Representante de la Usac (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  7. Álvaro Dubón González | Sub gerente del Seguro Social (ligado a proceso por fraude y enviado a prisión)
  8. Otto Fernando Molina Stalling | Asesor financiero en la subgerencia del Seguro Social. (ligado a proceso por asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones y enviado a prisión)
  9. Herbeth Rodolfo García- Granados Reyes | Labora en Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
  10. Edgar René de la Pena Archila | directivo de Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
  11. Ramiro Armando Lorenzana Ortiz | Directivo de Droguería Pisa | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
  12. Arturo Adolfo Castellanos Poou | Médico del Igss | (ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo y enviado a prisión)
  13. Doris Eluvia González Salazar | Técnico en hemodiálisis | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
  14. Mayra Lisbeth Gómez Suárez | Secretaria del Igss | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
  15. Alba Maritza Maldonado Gamboa | Enfermera del Igss |  (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
  16. Delia Ahidee Castañón Guerra | Enfermera del Igss | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)
  17. Carmen Yadira Gil Quiñónez | Integró la Junta de Licitación | (ligada a proceso por fraude y enviado a prisión)

Autorizan interceptación de llamadas de Otto Fernando Stalling

Conversaciones teléfonicas advierten compras anómalas en el IGSS

Llamada de Fernando Stalling con García Granados

Audiencia de primera declaración

Durante la audiencia de primera declaración por el caso Pisa, el MP reveló varias escuchas telefónicas, en una de ellas se escucha que “la decisión -de suscribir el contrato con Pisa- fue de una distinguida dama”.

La conversación presentada, es entre Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, cuando hablan del negocio de la licitación, uno de ello menciona que la orden del contrato era superior a la Junta Directiva del IGSS.

Según la Cicig y la Feci los ahora detenidos acordaron obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario con la Droguería PISA,  el contrato no llenó los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Seguro Social.

Rodríguez durante su primera declaración, el pasado viernes, aseguró que entre sus responsabilidades no estaba el adjudicar contratos, además de reconocer que “es normal que las personas mueran por insuficiencia renal”, justificando las 13 muertes de pacientes, supuestamente por la incapacidad de Pisa de prestar los servicios de diálisis.