Castresana, un Eliot Ness moderno que motiva aplausos y críticas

El trabajo de Carlos Castresana al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha despertado admiración y reconocimiento, así como críticas y desconfianza. Al comisionado de la ONU se le ve como una especie de Eliot Ness moderno, dispuesto a desterrar a las poderosas y peligrosas mafias que operan en este país.

Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la  Impunidad en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Castresana, abogado madrileño de 53 años, dirige desde septiembre de 2007 la Cicig, una instancia de las Naciones Unidas única en su género, que tiene la nada fácil misión de desmantelar las poderosas mafias y grupos clandestinos que operan en el país, y que se han incrustado en las estructuras del Estado para beneficiar sus negocios ilícitos y procurar impunidad.

Su trabajo ha despertado admiración y reconocimiento, pero también ha generado desconfianzas, especulaciones y suspicacias en algunos grupos conservadores de la sociedad que cuestionan su trabajo por considerar que su misión vulnera la soberanía del país al actuar como un “súper policía extranjero”, que ordena a las instituciones guatemaltecas qué hacer y cómo hacerlo.

Antes de aceptar este ambicioso reto, Castresana se destacó como miembro de la Fiscalía Anticorrupción de España, creada en 1995, en la que investigó sonados casos de corrupción como el denominado “caso Gil”, referido a las irregularidades cometidas por el entonces alcalde de Marbella y ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid, el desaparecido Jesús Gil y Gil; el “caso Tele 5”, sobre la presunta conducta delictiva, entre otros, del político y magnate de los medios de comunicación Silvio Berlusconi, actual primer ministro italiano, y el “caso Sintel”, abierto para esclarecer la posible venta fraudulenta de la filial de Telefónica a la empresa estadounidense Mas Tec Inc, popiedad de la familia del también fallecido líder anticastrista cubano-norteamericano Jorge Mas Canosa.

A nivel internacional, el nombre de este jurista español cobró relevancia en marzo de 1996 cuando, en representación de la Unión Progresista de Fiscales, presentó ante la Audiencia Nacional de España una denuncia por genocidio, tortura y terrorismo contra el general chileno Augusto Pinochet, así como contra los militares que gobernaron Argentina desde 1976, y que dio origen al juicio contra Pinochet, que desembocó en la detención del militar chileno.

Al mando de un gran equipo

Con esas cartas de presentación en mano, tras su designación por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para dirigir la Cicig, Castresana empezó a integrar un equipo de más de 250 investigadores, abogados, criminalistas y técnicos especializados, originarios de más de 20 países.

Se trata de un equipo de trabajo con el que el comisionado español pretende reducir los niveles de impunidad que imperan en Guatemala, los cuales, según asegura, superan el 96 por ciento de los crímenes que se cometen cada año en el país.

La activa participación y protagonismo que ha tenido en la vida pública de Guatemala como director de la Cicig, y las denuncias que sin tapujos ha hecho sobre la falta de voluntad de jueces, fiscales, diputados y funcionarios para contribuir a combatir la impunidad y fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia, le han valido a Castresana para que, un poco en broma y otro tanto en serio, algunos lo vean como a un “Eliot Ness moderno”.

La comparación, dijo en una entrevista con la agencia EFE, le resulta “simpática” e incluso hasta “favorable en un aspecto personal”, pero, aclaró, no es “ni justa ni correcta”, porque “para la Cicig no es bueno que se piense que la comisión es una persona”, debido a que se trata de “un equipo de personas que están haciendo un trabajo excelente”.

La Cicig, señaló, “somos un colectivo”, un equipo de trabajo grande “y muy bueno”, del cual “yo solo soy la cara pública”, el que recibe los reconocimientos pero también las críticas y exigencias de una sociedad divida que clama por seguridad y justicia, pero que no consigue ponerse de acuerdo para alcanzar esos objetivos comunes debido a la polarización social y política en que se encuentra inmersa.

Más que como un “súper policía” capaz de derrotar a los mafiosos y criminales que generan la impunidad en Guatemala, Castresana prefiere que se le vea como un “médico” que ha logrado diagnosticar los males que padece este país de 13 millones de habitantes, y que le ha “prescrito” los medicamentos y tratamientos indispensables para su curación.

El país está enfermo

Guatemala, sostiene, “es un país enfermo” que ha estado descuidado históricamente debido a la pobreza que afecta a más del 52 por ciento de sus habitantes, a la exclusión y la falta de oportunidades. Sus “males”, ha advertido, de no ser tratados a tiempo con las dosis adecuadas de medicamentos de voluntad, decisiones políticas acertadas y la activa participación de sus ciudadanos, “podrían empeorar”, e incluso llevarle a la “muerte” de su Estado de Derecho.

Las autoridades y líderes del país, que según la analogía de Castresana son los “familiares” de este país enfermo, encargados de velar por su curación y bienestar, “no hacen lo necesario” para  levantarlo de la camilla de moribundo en la que yace desde hace décadas.

Sin embargo, reconoce este abogado galardonado con doctorados honoris causa por las universidades de Guadalajara, México y Central de Santiago, Chile, “no todos” los responsables de suministrar los medicamentos se niegan a hacerlo.

“Hay muchas personas muy comprometidas, muy confiables, que entienden perfectamente la situación de emergencia para adoptar las medidas que se requieren”, pero otras, se queja, hacen poco o nada por contribuir a esta “enorme” causa.

El Poder Judicial, ejemplifica, “por falta de recursos o de voluntad”, no dota a los recientemente creados Tribunales de Alto Impacto de sedes, vehículos, protección policial y vehículos blindados para sus jueces, mientras que el Congreso se niega a aprobar 12 de las 16 leyes sugeridas por la Cicig para modernizar el sistema de justicia y seguridad del país y contar con herramientas jurídicas adecuadas para combatir el crimen organizado.

“El enfermo no se cura porque no se toma las medicinas”. “En todo caso, es el Estado en su conjunto el que no está satisfaciendo esa demanda, que no es demanda de la Cicig sino del país”, resume.

Algunos avances

En los 31 meses que lleva la Cicig en Guatemala, según Castresana, se han logrado avances importantes en la lucha contra la impunidad, aunque no en los niveles que los desesperados guatemaltecos quisieran.

“Estamos hablando de un altísimo índice de impunidad, de entre el 95 y el 99 por ciento, lo cual es horrible. Pero no están produciéndose retrocesos, sino avances importantes… que se están consolidando”, asegura.

Esos “avances”, precisó Castresana, se deben observar en “las sentencias condenatorias, el número y calidad de las acusaciones, el perfil cualitativo de las personas que están ingresando a prisión, que nunca habían sido molestadas por la jurisdicción penal en Guatemala”.

En coordinación con la Fiscalía guatemalteca, la Cicig investiga cerca de una docena de casos considerados de “alto impacto”, relacionados con estructuras criminales vinculadas a la generación de impunidad en el país, uno de los cuales ha llevado a la cárcel al ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y una docena de ex militares de alto rango y antiguos colaboradores del ex mandatario.

Investiga también a grupos de narcotraficantes que han infiltrado a decenas de delincuentes en la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y el Poder Judicial, así como redes de corrupción que se valen de sus influencias en el Estado para cometer sus delitos con absoluta impunidad.

Las estructuras criminales que operan en Guatemala, precisó Castresana, “están identificadas perfectamente”, “son muy poderosas, tienen una enorme capacidad de torcer el brazo del Estado de Derecho. Tienen elementos poderosísimos dentro de la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial”.

Incluso, aseguró, “hay magistrados, empresarios, políticos, diputados” que están en las nóminas de las estructuras criminales, y que desde los puestos públicos que ejercen, defienden y procuran impunidad para sus miembros.

Se trata, explicó, de redes de corrupción surgidas hace 20 o 30 años en el contexto de la guerra interna que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, y que “hoy trabajan simplemente por dinero”. Grupos que se protegen entre sí, y que “cierran filas” cuando sienten que la Justicia les empieza a acorralar.

Con optimismo, el jurista español asegura que están “en el buen camino”, porque se están dando resultados positivos, y pide “paciencia y comprensión” a los guatemaltecos para que apoyen los procesos iniciados, que ya han generado “avances incontestables e indiscutibles”.

Desterrar del todo a las mafias y grupos criminales, advirtió, llevará muchos años, “incluso décadas”, porque “están muy arraigadas al interior de las instituciones” del Estado, y no será la Cicig, cuyo mando concluirá en septiembre de 2011, la que concluirá ese trabajo. La comisión, indicó, “está sentando las bases”, pero hacer el resto del trabajo corresponderá a los fiscales, jueces y funcionarios, “al Estado guatemalteco en su conjunto”.