Ampliación de los períodos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, así como del fiscal general, son  de las principales propuestas.

También se dejaría fuera a los decanos de las facultades universitarias en el proceso de selección, se restringiría la figura del antejuicio y se separarían las funciones administrativas y jurisdiccionales de los magistrados.

Además, se daría la facultad a las autoridades indígenas de resolver sus conflictos en los términos establecidos en instrumentos internacionales.

Comienza diálogo

La propuesta inicial fue presentada por los presidentes de los tres organismos del Estado, durante el lanzamiento del Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala, proceso que será acompañado por varias instituciones hasta consolidar una ponencia formal en octubre.

Jimmy Morales, por el Organismo Ejecutivo; Mario Taracena, del Legislativo, y Ranulfo Rojas, del Judicial, expusieron las intenciones de las reformas.

El acto se desarrolló en la Gran Sala Efraín Recinos  del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, con invitados de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, Academia, Gabinete, fiscales, diputados y magistrados.

El proceso será acompañado por la Secretaría Técnica, integrada por Thelma Aldana, fiscal general y jefa del  Ministerio Público; Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); y Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos.

También darán acompañamiento  Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), y Verónica Simán, coordinadora residente interina del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.

La asesoría consistirá en un monitoreo y emitir opiniones acerca de las propuestas que se reciban.

Metodología

Después del llamado al Diálogo, la propuesta inicial será sometida a discusión en actividades en Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa, Sacatepéquez y Guatemala.

Para participar, los interesados deben inscribirse en www.reformajusticiagt.org, donde también pueden dejar aportes en  un buzón electrónico.

Los resultados de las actividades y propuestas serán socializados y sistematizados en un documento final que se dará a conocer “ampliamente” antes de ser presentado al Congreso, a finales de agosto.

La propuesta final, que tomó en cuenta otras como la trabajada por las universidades de San Carlos (Usac) y Rafael Landívar, junto con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, será entregada al Legislativo en una iniciativa de ley conjunta de los tres poderes del Estado.

Taracena indicó que las modificaciones se tendrían que ratificar en consulta popular, al no reformarse la parte dogmática de la Constitución.

A fin de garantizar el apoyo de todas las bancadas, los integrantes de la Secretaría Técnica se reunirán con cada bloque en el Congreso, para que los diputados manifiesten si  no están de acuerdo en algo y así buscar el consenso, explicó la fiscal general.

Alcanzar   consenso es el reto más grande, opinan los impulsores de la iniciativa.

“De 1996 a la fecha, más de 40 leyes se han aprobado para regular aspectos de la justicia”, dijo el jefe de la Cicig en su discurso.

Velásquez recordó que la aprobación de la Ley contra el Crimen Organizado facilitó la utilización de métodos especiales  como las escuchas telefónicas.

“Los casos   La Línea, IGSS-Pisa, Lavado y Política, TCQ y otros no se hubieran realizado sin esas herramientas”, enfatizó el comisionado, y recordó, al igual que otros oradores, los movimientos sociales del año pasado.

“La importancia del Diálogo Nacional debe ubicarse en el marco de la continuidad histórica del proceso de reforma en Guatemala y dimensionarlo como uno de los momentos más decisorios en la lucha contra la impunidad”, agregó Velásquez.

“Estos acuerdos deberán garantizar la independencia judicial, la eficiencia administrativa y lucha contra la impunidad. Un sistema consolidado y fortalecido”, señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

 Rojas reconoció que será un reto alcanzar un acuerdo con el resto de magistrados en relación con separar los temas administrativos de los jurisdiccionales, debido a que anteriormente no hubo  consenso.

Opiniones

“Es indispensable que tomemos el tema de la justicia con esta seriedad y se hagan los cambios necesarios para fortalecerla. Las prioridades deben ir enfocadas a fortalecer la carrera judicial y a cambiar las normas constitucionales para que esto suceda”, expresó la jueza Claudia Escobar.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de  Industria, expresó: “Sería un poquito difícil decir exactamente en dónde hay que hacerlas, pero hay que partir del fortalecimiento de las instituciones y hacer una revisión de la capacitación de todas las personas que trabajan en el entramado de la justicia, para evitar la falta de profesionalismo en los procesos”.

“Lo que se quiere es eliminar el tema político y que son electos para hacer favores”, comentó el rector de la Usac, Carlos Alvarado.

Cronograma

Las actividades se desarrollarán entre mayo y septiembre próximos.

• Para el 6 y 7 de mayo se tiene previsto el lanzamiento del diálogo en la región occidental del país, lo que incluye a Quetzaltenango y a Huehuetenango.
• El 13  y 14  de mayo, el diálogo está programado en la región Nororiente, que incluye a Cobán, Alta Verapaz, y Teculután, Zacapa.
• En Petén se hará la actividad el 21 de mayo.
• El 28  de mayo se efectuará en la región Sur, en Santa Rosa.  
• En junio  se instalarán las mesas de trabajo en la capital.
•  Entre junio  y agosto se prevé el desarrollo de mesas de trabajo en la capital.
• Para septiembre se tiene prevista la entrega de resultados del Diálogo Nacional.
• La metodología  que se implementará consiste en mesas de diálogo en ocho departamentos. Los interesados en participar pueden visitar www.reformajusticiagt.org, para inscribirse.