Justicia

Condenan a exempleados de Baldizón que cobraron al Registro sin ir a trabajar

“Es gravísimo lo que hicieron”, dijo el juez Raúl Ramírez para condenar a Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.

Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná, fueron condenados por el caso Botín en el Registro de la Propiedad. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná, fueron condenados por el caso Botín en el Registro de la Propiedad. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Solórzano Morales y Alvarado Xoná deberán purgar nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía irá a diez años de cárcel. Los tres deberán pagar la multa de Q15 mil.

El Tribunal Segundo Unipersonal Penal emitió el fallo después de dos semanas de juicio donde declararon 20 peritos y testigos, y fueron presentadas cien pruebas documentales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Lo conducente contra exregistradora

El juzgador Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), Anabella de León, quien dirigió el Registro General de la Propiedad, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.

De León enfrenta juicio en el Tribunal Décimo Tercero Penal por peculado por sustracción y falsedad ideológica.

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La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas están en juicio junto con De León.

“Fue grave”

El juez Ramírez argumentó que los contratos laborales fueron las pruebas suficientes para llegar al fallo condenatorio. “Su contrato detalló que debían asesorar a los notarios, algo que era imposible que lo hicieran por sus profesiones, sin demeritarlas, que son perito contador y bachiller”.

“Es gravísimo lo que hicieron. Fue grave, sabían que no estaban capacitados y aún así cobraron los sueldos. Existió un grave daño al Estado”, sentenció el juez Ramírez.

Pruebas

El debate inició el 26 de marzo pasado. Rocío Lemus, de la Feci, junto con la representante de la Cicig, explicaron en el debate que el supuesto fraude fue de 2012 a 2015.

Las plazas en el Registro General de la Propiedad fueron avaladas por De León.

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En total, Alvarado Xoná cobró Q205 mil 500, gracias a una plaza fantasma en Cobán, Alta Verapaz; Valenzuela Mejía devengó Q250 mil en la cabecera de Escuintla, y Solórzano Morales, Q82 mil en la cabecera de Jutiapa.

A prisión

Alvarado Xoná gozaba de arresto domiciliario y el juez revocó ese beneficio y fue remitida a la cárcel Santa Teresa a cumplir con la pena.

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