Justicia

Dan trámite a solicitudes de antejuicio contra Jimmy Morales y Nineth Montenegro

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y dio trámite este miércoles a las solicitudes de retiro de inmunidad contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro, por sospechas de financiamiento electoral ilícito.

Por Irving Escobar, Javier Lainfiesta y Carlos Álvarez

Jimmy Morales y Nineth Montenegro son involucrados en investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Jimmy Morales y Nineth Montenegro son involucrados en investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A partir de ahora, los procesos de antejuicio toman caminos diferentes.

El antejuicio contra Morales va al Congreso, donde diputados deberán conformar una comisión pesquisidora elegida por sorteo para que conozca la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y escuchar la defensa de la Presidencia para luego enviar un informe al pleno donde deberá recomendar si el gobernante debe o no mantener la inmunidad. El futuro de Morales quedará en manos de los diputados.

En el caso de Montenegro, el expediente debe ser conocido por un juez pesquisidor, quien, de igual forma, deberá escuchar al MP, Cicig y a la propia legisladora a fin de elaborar un informe que recomiende o no el retiro de inmunidad. 

La magistrada Zonia de la Paz Santizo, Vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal, fue designada como pesquisidora.

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De qué los acusan

De acuerdo con la investigación, Morales, cuando en 2015 era candidato presidencial y secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), recibió aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que, según la pesquisa, constituye el ilícito de financiamiento electoral ilícito.

Este es el segundo proceso de antejuicio del MP y Cicig contra Morales. El primero de la gestión de María Consuelo Porras, fiscal General.

El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por el mismo delito, financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

La denuncia fue hecha el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paiz Riera, colaboradora eficaz de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.

En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral, el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015, así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.

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Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de las decisiones judiciales y de la independencia judicial, por lo que estarán a la espera de la decisión que tome el Congreso sobre la inmunidad del gobernante.

El funcionario dijo que las actividades del Ejecutivo siguen sus actividades de forma normal.

El caso de Montenegro

Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), es señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.

La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.

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La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.

Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.

Montenegro dijo a Prensa Libre que, según el Tribunal Electoral Supremo (TSE), su partido cumplió con la contabilidad en el tiempo estipulado, tarea que el correspondía al órgano financiero de la organización y no a la Secretaría General. Agregó que no hay financiamiento electoral ilícito porque el dinero se bancarizó.

Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.

Sobre el señalamiento de arrendamiento de seis pasarelas digitales durante la campaña de 2015, Montenegro dijo que quien lo denunció deberá explicar el tiempo, modo y lugar con que alguien, a espaldas del partido, pudo haber recibido ese financiamiento, que no ingresó al partido.

"Si hay justicia, me siento tranquila", dijo la legisladora.

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Óscar Schaad, fiscal contra Delitos Electorales, dijo que, con base en los hallazgos de la investigación, el tribunal pedirá la cancelación del partido, tal como lo ha hecho con FCN Nación, el partido de gobierno.

Ayer lunes, EG declaró que podrá desvanecer los señalamientos del MP y Cicig porque se enviaron a tiempo los estados financieros en 2015 y que no hubo aportaciones anónimos, como establece la investigación.

Así se integró la CSJ

El aval a los trámites de antejuicio por medio de votaciones se decidió por unanimidad en ambos casos. 

Durante el pleno en el que se conocieron los procesos, la magistrada Silvia Patricia Valdez se reportó enferma, y su lugar lo ocupó Marvin Eduardo Herrera Solares, de la sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. 

El lugar de Blanca Stalling, actualmente procesada por tráfico de influencias y otros delitos, lo integró Freddy Fernández, de la sala Primera de Apelación Penal. 

Y por Rafael Rojas, quien actualmente se encuentra en Costa Rica, fue llamada la magistrada Sonia Dora Bea, de la sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, quien es eposa de Bonerge Mejía, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

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