El acuerdo tuvo vigencia un mes, luego de ser derogado por las críticas de analistas, constitucionalistas y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que vieron en el consejo recién creado, una amenaza para el libre ejercicio de informar y el derecho a la información.

López Bonilla en ese entonces, justificó el acuerdo señalando que el mismo lejos de ser ilegal había sido creado para poner orden y evitar discrecionalidad.

El 3 de febrero, la cartera del interior anunció la derogación del acuerdo, tras presiones directas desde la PDH. El magistrado de conciencia Jorge De León Duque había señalado que el acuerdo era ilegal y era como “regular de manera interna el procedimiento a utilizar para dar la información y decir cuándo esta es confidencial o no”.

Nuevo intento

El intento por controlar la información se volvió a gestar dos meses después, con la aprobación del acuerdo ministerial 163-2015 que permitía la creación de la Fundación contra el Terrorismo Mediático.

Prensa Libre advirtió el riesgo para la población de esta nueva medida y coincidió con círculos de prensa organizados y de nuevo, la PDH respaldó las acciones ante la Corte de Constitucionalidad.

Finalmente y por segunda vez durante 2015, el ministerio de Gobernación dio marcha atrás a un acuerdo que al igual que el intento de enero, para la Sociedad Civil y Medios de Comunicación, solo buscaban clasificar la información pública y violentar Derechos fundamentales como la Libre Emisión del Pensamiento y la Libertad de Expresión.