Ofensiva presidencial contra Cicig no justifica estado de Sitio, afirman abogados

Expertos consideran que limitar garantías ciudadanas en este momento sería una ruptura del orden constitucional.

El presidente Jimmy Morales lanzó de nuevo una ofensiva contra el MP y la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El presidente Jimmy Morales lanzó de nuevo una ofensiva contra el MP y la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) emitió este jueves un comunicado en el cual pide que se mantenga el orden constitucional y la institucionalidad del país.


Esta demanda se da en medio de información de  columnistas y mensajes de texto que han circulado en las últimas horas, que advierten de que se estaría considerando un estado de Sitio, lo que alteraría el orden constitucional.

El mencionado estado de Sitio se argumentaría con el supuesto riesgo que representa la Cicig para la seguridad nacional, lo cual es analizado por el Consejo Nacional de Seguridad.

Además, esta semana el presidente Jimmy Morales emprendió una  afrenta directa desde sus redes sociales en contra de la labor de la Cicig.

El gobernante pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue al mandatario de la Cicig, César Rincón, abogado que encabeza el equipo que acompaña desde la Comisión el caso Botín Registro de la Propiedad, el cual involucra al hijo y al hermano de Morales, por haber hecho comentarios sobre que el mandato de la Cicig está por encima de la Constitución de Guatemala.

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El comunicado de la Anam, según su presidente, Edwin Escobar, responde a que actualmente existe una polarización que podría llevar al rompimiento del orden constitucional.

Sin embargo, el apoyo de los jefes ediles no es, según Escobar, al Ministerio Público ni a la Cicig, sino a mantener la institucionalidad, aunque afirma que la Fiscalía y la Comisión deben seguir trabajando contra la corrupción.


“Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de mantener la institucionalidad. Eso es lo importante”, dijo Escobar.

“Es importante recordar que los alcaldes de forma colegiada le manifestamos —al presidente—  en agosto del 2017 que si él se comprometía a seguir con la lucha contra la corrupción y la impunidad contaría con nuestro apoyo”, afirmó.

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Son rumores

Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la CC, considera que solo se trata de rumores. “Las personas opinan lo que sea, pero es su derecho a la libre expresión”, enfatizó.

“Él —Jimmy Morales— debe estar debidamente asesorado y no creo que irrespete la resolución de la Corte”, añadió.
El exmagistrado enfatizó que cualquier diferencia de opiniones entre la Cicig y Morales tiene que ser resuelta por las Naciones  Unidas.


El vocero presidencial, Heinz Hiemann, respondió que se trata de un “rumor viejo”, que ya fue desmentido por la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

“Es otro tema que desmintió la Secretaría. Los procesos están encaminados en Naciones Unidas”, respondió,  sobre un nuevo intento de expulsar a Velásquez.


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Sería un error

Según analistas, si se ordenara un estado de Sitio sería un error de Morales que podría tener repercusiones incluso penales, por el alcance ilegal de tal acción, ya que entrarían en juego las circunstancias que la motivan y que rodean al mandatario.

El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Ovidio Parra, afirmó que en este momento no es necesario  ningún estado de Excepción.


“Si él piensa que se violenta un estado de Derecho, porque va en contra de sus intereses, sería un grave error”, recalcó.
Parra señaló que el gobernante no puede expulsar otra vez al comisionado Velásquez porque esa acción  está plenamente amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, expuso: “No hay una crisis que amerite esos extremos. Evidentemente tendrían un fin perverso de coaccionar el derecho de manifestación de la población, ante una insistencia sin sentido del presidente”.

El procurador señaló que el país no necesita más crisis, “menos innecesarias”.

En cuanto a la posible expulsión de Velásquez, Rodas coincide con Parra en que la CC suspendió en definitiva esa acción presidencial, por lo que el presidente no puede transgredir lo resuelto.

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Normativa vieja

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo que  Ley de Orden Público faculta al Ejecutivo para decretar un estado de Sitio. “Es una normativa vieja. Recuerdo que de 1965 y ha sido modificada en varias ocasiones”, explicó.

Según Molina, el Ejecutivo puede tomar esa acción, siempre y cuando tenga indicios fiables de que habrá actos de sabotaje, ataques armados a particulares, o cuando haya amenazas al orden constitucional.


 
Con información de Manuel Hernández, Glenda Sánchez, Carlos Álvarez y Henry Pocasangre.

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