Exministro Carlos Batzín habría recibido Q575 mil

Carlos Batzín, exministro de Cultura y Deportes, fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, por su presunta vinculación en el caso Cooptación del Estado. 

El exministro de Cultura y Deportes fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El exministro de Cultura y Deportes fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Batzín fue capturado el pasado 11 de agosto en Chimaltenango,  sospechoso de haber hecho contrataciones anómalas cuando fue ministro de Cultura y Deportes, según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).


Imputación

El MP señala a Batzín de haber recibido Q25 mil por cada contrato otorgado por servicios de vigilancia y resguardo de los parques. En total y durante su gestión, el exministro habría recibido Q575 mil.

La empresa de seguridad beneficiada fue el Grupo Escorpión, cuyo representante legal era Miguel Ángel Martínez Solís, subjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS).

Para desvincular los supuestos contratos, Martínez Solís, subcontrató a otra empresa que al parecer era la que prestaba los servicios de seguridad en los parques.

Según las cifras reveladas por el MP, Batzín benefició con 23 contratos por servicios de seguridad de los cuales recibió beneficios económicos.

Carlos Batzín dijo durante su declaración que desde pequeño guarda los valores inculcados en su hogar y en respeto a la cosmovisión maya. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Se defiende

Batzín dijo que intentó reunirse con el exbinomio presidencial del Partido Patriota (PP) para presentarle asuntos relacionados con la cultura y el patrimonio cultural, pero nunca fue atendido, y cree que pudo ser por discriminación.


Caso Cooptación

El 2 de junio de 2016 capturaron a 25 personas entre exfuncionarios, empresarios, banqueros y también se vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, cuando se conoció la existencia de una estructura de lavado de activos, diseñada para captar fondos que financiaron parte de la campaña proselitista del Partido Patriota en 2011.

Los financistas de la campaña habrían sido beneficiados con millonarios contratos pagados con fondos del Estado, según la Cicig, se encontró un inmenso esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros.

Los integrantes de la estructura que aportaron para la campaña fueron contratados por las distintas dependencias del Estado, como una retribución a los aportes de la campaña.