La liberación, de forma condicional, de dos sindicados en el caso Plazas Fantasma, dejó al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, como el único sindicado en prisión.
El empresario que integró el extinto Partido Patriota (PP), que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina -espera un debate por el caso La Línea-, compareció ante el Tribunal Octavo Penal.
Muadi prestó atención a lo que sucedía aunque evitó hacer alguna petición a los jueces Oly González, Carlos Barrera y Felix García.
La discusión se centró en el pedido de libertad de Axel Estuardo Pérez Pérez y Rony Ruano Gil, a quienes el Tribunal los benefició con arresto domiciliario sin vigilancia policial.
Ambos deberán firmar cada lunes el libro de control del Tribunal, tienen prohibido salir del país y comunicarse con otros sindicados.
“Por igualdad procesal se le otorga el beneficio”, dijo la jueza González.
El juicio será en marzo
El Tribunal fijó para el 25 de marzo próximo el comienzo del debate contra 31 sindicados, entre ellos Muadi.
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El exlegislador saludó a los dos procesados que fueron beneficiados con salir de la cárcel. Después recordó que desde que fue detenido no ha solicitado la revisión de la medida de coerción y solo pidió que el proceso se agilice.
Su abogado, Juan Guevara, mencionó que “analiza” solicitar la libertad condicional previo al arranque del debate.
#PlazasFantasma | En el Tribunal Octavo Penal, a cargo de Olid González, comparece el expresidente del Congreso, Pedro Muadi.
Se discutirá la revisión de medidas de coerción. pic.twitter.com/vdr5aXuyxx— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 30, 2019
Acusación
Según las investigaciones que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Muadi facilitó la contratación de personas que estarían a su disposición, pero aunque estas cobraban su sueldo mensual, no acudían a trabajar al Congreso.
Los hechos se dieron cuando Muadi fungió como presidente del Congreso de la República (2013-2014) y contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de esa compañía.
El Ministerio Público (MP) sostiene como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.
Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar al Congreso y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.
El caso se amplió con el señalamiento a particulares que cobraban salarios de Q5 mil, Q10 mil y hasta Q20 mil mensuales en el Organismo Legislativo y no fueron a trabajar.
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