Jueza rechaza solicitud de criterio de oportunidad para Andrés Botrán y Rodrigo Arenas

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, emplazó al Ministerio Público (MP) para que en tres días presente el acto conclusivo en el caso de financiamiento electoral ilícito en contra de los empresarios José Andrés Botrán y Rodrigo Arenas. La fiscalía deberá solicitar el cierre del caso o acusar formalmente para pedir enviarlos a juicio.

Rodrigo Arenas y Andrés Botrán esperan el inicio de la audiencia judicial. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Rodrigo Arenas y Andrés Botrán esperan el inicio de la audiencia judicial. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Aifán rechazó la petición del MP de otorgar un criterio de oportunidad a Botrán y a Arenas debido a que no fue planteada de forma adecuada y no existió un acuerdo entre los sindicados, la fiscalía o ningún de los querellantes. “La petición del MP fue irresponsable pues está claro que no se hizo un análisis serio de la propuesta”, dijo.  


El fiscal de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, solicitó que a los dos empresarios se les concediera un criterio de oportunidad y que reparan el daño hecho al Estado.

Rechazan acuerdo

Arenas y Botrán rechazaron el acuerdo de criterio de oportunidad ofrecido por la fiscalía debido a que el delito por el que fueron ligados a proceso penal ya no está vigente, pues entraron en vigor las reformas al artículo 407 N del Código Penal que regula el financiamiento electoral ilícito.

“Usted me ligó a proceso penal por el segundo párrafo del artículo 407 N, un párrafo en el que yo no entraba porque yo no tenía por qué registrar (aportes) y definitivamente no había recibido un solo centavo, pero ese delito hoy ya no existe”, le dijo Arenas a la jueza.

Los abogados defensores de ambos sindicados coincidieron en señalar que la ley que se le debe aplicar al sindicado es la que más lo beneficie y que actualmente no existe ley que regule una actitud delictiva de sus patrocinados. Por esta razón, solicitaron que se les declare el sobreseimiento.

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Concluye investigación

El fiscal Curruchiche indicó que la investigación concluyó que la participación de los sindicados fue “mínima”.
En el caso de Botrán, la investigación encontró que fue totalmente ajeno al mecanismo de financiamiento electoral que permitió que un grupo de empresarios aportaran anónimamente a FCN-Nación en 2015. No obstante, aportó un total de Q250 mil para cubrir gastos de campaña.

Por su parte, el MP aseguró que Arenas participó y coordinó las actividades que permitieron la creación del mecanismo de financiamiento. Debido a esta actividad, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estimó que la aportación no dineraria tuvo un valor de Q94 mil 500.

La fiscalía solicitó que los sindicados, ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito, pagaran en concepto de resarcimiento al TSE los montos que aportaron a FCN-Nación.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por Financiamiento Electoral Ilícito.

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La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Dichos gastos habrían sido utilizados para el pago de fiscales de mesa electoral de FCN-Nación.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de octubre, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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