Antes de la etapa de conclusiones, el Tribunal rechazó la prueba que la defensa del sindicado presentó para mostrar que Bitkov y su familia fue víctima de la firma Coutino Internacional, S.A., que le ofreció documentos guatemaltecos, lo cual motivó su venida al país en 2009. Para la Fiscalía, lo aportado por el ruso era irrelevante.
Bitkov es juzgado de nuevo porque la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que el caso regresara a la etapa intermedia, con lo cual quedó sin efecto la condena en su contra por 14 años y cinco años conmutables dictada el 5 de enero último.
Hoy se quedo más que claro que CICIG es ente que presta impunidad a la estructura criminal de traficantes Cutino y Mayra Veliz y en mismo tiempo es arma de Kremlin para perseguir a nuestra familia. Descaradamente me piden 14 años de la cárcel por los delitos de funccionarios .
— Igor Bitkov (@Igor_Bitkov) December 14, 2018
Un caso complicado
Bitkov ha expresado en distintas oportunidades que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes y al venir a Guatemala fueron “víctimas” de una red de falsificadores del Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.
Sin embargo, la prensa y autoridades rusas han señalado que Bitkov, su esposa e hija, poseían en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.
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El 15 de enero de 2015, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad destaparon el Caso Migración.
La Policía allanó la lujosa vivienda de la familia rusa en Carretera El Salvador y los arrestó por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación de estado civil y supresión y alteración del estado civil. Fueron capturados junto con 40 migrantes y funcionarios del Renap y de Migración.
Dentro de su vivienda las autoridades incautaron vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo.
El 8 de enero último el Tribunal de Mayor Riesgo D condenó a 39 personas a penas de seis a 19 años por integrar una red que otorgaba pasaportes ilegales, por la comisión de siete delitos.
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