Porras, quien ha convocado a cuatro plenos desde el viernes para conocer el tema del magistrado Aldana, asegura que no tiene ningún interés en mantener el sitio de Aldana, pero sí es necesario que se fundamente de una manera concluyente su estado de salud antes de que se decida si está en la capacidad de mantenerse en el cargo.
¿La actual discusión sobre la continuidad en el cargo del magistrado Neftaly Aldana podría dilatarse más y tener consecuencias directas en el trabajo de la Corte?
Yo, como presidenta de la Corte de Constitucionalidad, he actuado de la forma más responsable. La solicitud de la familia ingresó el viernes, convoqué inmediatamente, pero hubo una desconexión de la magistrada Dina Ochoa y no logramos conectarnos con ella después de intentarlo por más de una hora, convocamos para el sábado y no llegamos a una conclusión, porque el tema es sumamente complejo. Hoy por la mañana tuvimos una sesión y la magistrada expresó que estaba en un lugar donde por problemas de salud se tenía que realizar unos exámenes y se encontraba mal de salud y el pleno accedió a continuar mañana (este martes 6 de octubre).
Como magistrados de la CC nuestra obligación es defender el orden constitucional y esa defensa pasa por toda clase de asuntos, imagínese que estamos hablando de la posible cesación de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en ese sentido no es poca cosa, es un funcionario del tribunal más alto del país y estamos hablando de que el señor tenga algún tipo de incapacidad. El problema que tenemos es que la familia presenta un documento, que nosotros revisamos, pero ese documento no es concluyente para confirmar que el magistrado Neftaly Aldana padece de algún tipo de discapacidad. El documento firmado por un médico dice que ha tenido dos eventos y que está en recuperación, está recibiendo terapia y necesita no ser perturbado para poder recuperarse, con esto es complejo tomar una declaratoria de incapacidad.
Aquí lo que necesitamos revisar es si contamos con un elemento que sea concluyente con el cual el Tribunal pueda resolver.
Quiero aclarar que ningún miembro del Tribunal está interesado en mantener algún magistrado que no esté ejerciendo su función, pero nuestra obligación debe ser confirmada y respaldada y entender que aquí debemos revisar estándares internacionales sobre discapacidad, porque no es suficiente que una persona con problemas de salud para que nosotros automáticamente lo declaremos incapaz para ejercer su función.
El mismo presidente Alejandro Giammattei ha dicho que es urgente integrar la Corte, ¿realmente no se puede integrar la CC sin resolver el caso del magistrado Aldana?
No, definitivamente creo que hay una desinformación en ese sentido. La Corte de Constitucionalidad sí está integrada con los magistrados actualmente, de hecho, no hemos dejado de celebrar sesiones. El miércoles tuvimos nuestro último pleno donde intervenimos todos los magistrados convocados y en este momento sí consideramos saludable resolver el tema del magistrado Neftaly Aldana para poder continuar con mayor tranquilidad conocer otros asuntos, pero la ley determina con claridad cuál es la forma que se integra el pleno para cada uno de los asuntos.
Creo que de pronto alguien puede hacer cualquier comentario, pero mi invitación es que revisen la normativa para que estemos claros que la CC sí ha venido funcionando después del fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía y la ausencia del magistrado Neftaly y no está imposibilitada para seguir su trabajo.
Hay un punto que quisiera marcar cuando se refiere al señor presidente: para cesar al presidente de la república por un tema de incapacidad, la Constitución Política tiene diseñado un camino específico y es que esa decisión la toma el Congreso con el dictamen de 5 facultativos, entonces, para cesar del cargo a un magistrado de la CC no vamos a hacer la misma exigencia, pero mínimamente sí tenemos que tener la documentación que respalde esa decisión o bien realizar el procedimiento diseñado por el Código Civil, en cuanto a que esa discapacidad sea declarada judicialmente.
¿La postura de los magistrados Dina Ochoa, María Araujo y Henry Comte de no integrar pleno hasta resolver el asunto del magistrado Aldana va en la línea de lo acordado en pleno el sábado?
No creo que una cosa sea condicionante de la otra, podríamos continuar conociendo otros asuntos, pero el sábado, quienes integramos el conocimiento del caso del magistrado Neftaly, de manera unánime decidimos que no íbamos a hacer ninguna nueva convocatoria sin antes resolver este tema que consideramos de gran relevancia y de mucha importancia, no solo para la Corte, sino para la familia del magistrado Neftaly que ha estado expresando a través de un amparo que está pendiente de resolver, entonces no hay vinculación entre una cosa y la otra, las declaraciones de ellos no las he podido ver, pero cada magistrado tendrá que encuadrar su comportamiento y sus obligaciones donde las enmarca la Constitución y las determina la Ley de Amparo.
¿Cuál es la consecuencia de que no se resuelva el tema del magistrado Aldana pronto?
Esperaría que mañana nos podamos reunir a las 9 de la mañana, que lo debatamos ampliamente, puede ser que arribemos a una conclusión, puede ser que necesitemos estudiarlo con mayor profundidad, esto es un tema inédito, amerita mucha seriedad, mucho estudio, y si después de la discusión aún no arribamos a ningún acuerdo, pero estamos dentro del análisis, no le veo riesgo al tema. Esperaría que todos actuemos con responsabilidad y respondamos a la convocatoria.
Hay presión de cámaras empresariales y otros sectores, ¿esto podría afectar el proceso que actualmente conocen?
Los magistrados no podemos actuar bajo presión, y no podemos admitir ningún tipo de presión porque eso nubla la mente y no estaríamos tomando decisiones de forma independiente. Por supuesto que respeto el derecho de todos a opinar, este es nuestro país y todos tenemos derecho a una libre expresión de nuestras ideas, siempre enmarcados en los límites que la misma ley establece.
