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Juez ordena reactivar investigación sobre presunta estructura de adopciones ilegales vinculada con María Consuelo Porras
La PGN denunció que el MP dejó de investigar a intermediarios, notarios y funcionarios vinculados con una presunta estructura de adopciones ilegales, en un caso que involucra a la exfiscal general.
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La exfiscal general María Consuelo Porras figura entre las personas que habrían participado en una estructura criminal de adopciones ilegales durante el conflicto armado interno en Guatemala. Ahora el MP se busca esclarecer los hechos tras la orden de un juez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas resolvió revocar la decisión del Ministerio Público (MP) de archivar una investigación por presuntas adopciones ilegales durante el conflicto armado interno, un caso en el que expertos de Naciones Unidas han pedido esclarecer la posible participación de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta y de otros funcionarios públicos.
La resolución de archivo fue emitida el 13 de mayo del 2026, cuatro días antes de que Porras concluyera sus ocho años al frente del MP, el 17 de mayo. La decisión fue cuestionada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que presentó una oposición judicial para que se retomaran las investigaciones.
Durante una audiencia el 12 de octubre pasado , la PGN cuestionó que la Fiscalía contra Operadores de Justicia hubiera utilizado como fundamento el rechazo de una solicitud de antejuicio contra Porras, pese a que la denuncia presentada por la institución no estaba dirigida exclusivamente contra ella.
La PGN sostuvo que la investigación debía abarcar a una presunta estructura criminal vinculada con adopciones ilegales en hogares estatales, incluidos intermediarios, directores, notarios y funcionarios de la época.
“La fiscalía ha basado su decisión de archivo en un error sustancial que pretende amarrarse en el derecho de antejuicio contra un exfuncionario, cuando la denuncia presentada por esta representación no es una denuncia personal, no es una denuncia muy exclusiva contra ella, sino que quienes también resulten responsables”, expuso la PGN.
De acuerdo con las pesquisas, Porras habría sido una de las presuntas cabecilla de una estructura criminal dedicada a las adopciones ilegales en Guatemala durante el conflicto armado interno.
“La denuncia pesa sobre una estructura criminal sistemática, compleja y de carácter general dedicada a adopciones irregulares de niñas, niños y adolescentes en las décadas entre los años 1970 y 1990 en diferentes hogares estatales”, señaló la representación de la PGN durante la audiencia.
La Procuraduría cuestionó ante el juez que el archivo del caso impidiera profundizar en hechos que podrían constituir graves violaciones de derechos humanos.
PGN pide investigar a otros posibles responsables
En la audiencia, la PGN señaló la existencia de diligencias pendientes que permitirían esclarecer las circunstancias en las que niños fueron separados de sus familias y posteriormente entregados en adopción.
Agregó que entre las diligencias propuestas figuran informes de la Secretaría de Bienestar Social, del Archivo General de Protocolos, del Archivo General de Centro América y del Registro Nacional de las Personas, además de otros registros históricos.
El MP no se opuso a continuar la investigación
Durante la audiencia intervino la Fiscalía contra la Trata de Personas del MP, que ahora está a cargo de la investigación y manifestó su conformidad con la petición de la PGN de dejar sin efecto la resolución de archivo.
La representante del MP explicó que el expediente había sido trasladado a esa fiscalía a partir del 5 de junio del 2026, después de que la PGN fuera notificada de la decisión de archivo el 26 de mayo.
Según expuso, el archivo se fundamentó en el artículo 326 del Código Procesal Penal, que contempla supuestos específicos para aplicar esa medida. La fiscalía consideró que ninguno de ellos concurría en el caso.
El MP también señaló la necesidad de practicar nuevas diligencias para determinar si las adopciones investigadas fueron irregulares y garantizar a las posibles víctimas el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad histórica.
Juez deja sin efecto el archivo
El Juzgado Especializado en Delitos de Trata de Personas resolvió que el expediente podrá continuar bajo investigación del MP, que deberá determinar las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos.
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El caso de las adopciones ilegales y los señalamientos contra Porras
El caso adquirió relevancia internacional el 16 de febrero del 2026, cuando expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por información relacionada con al menos 80 niños indígenas que habrían sido víctimas de captura, desaparición forzada y adopciones internacionales ilegales después de pasar por el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Los hechos señalados habrían ocurrido entre 1968 y 1996, durante el conflicto armado interno. Según la ONU, los procesos habrían involucrado a funcionarios públicos y a personas encargadas de tramitar adopciones.
Entre las personas cuya posible participación solicitaron investigar figura María Consuelo Porras, quien, según los señalamientos, habría ejercido como tutora legal de algunos menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La documentación remitida a los mecanismos de Naciones Unidas describe posibles irregularidades en los procesos, entre ellas declaraciones de abandono, alteraciones de información sobre las familias biológicas y adopciones internacionales.
Los expertos expresaron preocupación por la ausencia de investigaciones independientes e imparciales y recordaron que las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Tras conocerse los señalamientos, el MP, dirigido entonces por Porras, los rechazó y los calificó de "espurios". La institución sostuvo que carecían de sustento probatorio y que afectaban el honor, la reputación y la presunción de inocencia de la funcionaria.
El 25 de septiembre del 2026, el fiscal general García Luna confirmó que seguían vigentes varias investigaciones relacionadas con denuncias contra Porras y que el caso de las adopciones contaba con un fiscal especial.
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