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Grupo de la ONU dará seguimiento en Guatemala a caso de adopciones ilegales relacionado con Consuelo Porras
Un grupo de trabajo de la ONU visitará Guatemala por el caso de presuntas adopciones ilegales en el que se hizo señalamientos contra Consuelo Porras, confirmó el Canciller Carlos Ramiro Martínez.
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Autoridades del Minex, la PGN y Copadeh, participaron en una citación con el diputado José Chic este lunes 25 de mayo del 2026 para dar seguimiento al caso de posibles adopciones ilegales vinculadas al Hogar Elisa Martínez. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
El Gobierno confirmó que a finales de junio llegará a Guatemala el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en seguimiento al caso de presuntas adopciones ilegales internacionales vinculadas al Hogar Temporal Elisa Martínez y a señalamientos que alcanzan a la exfiscal general Consuelo Porras.
El caso cobró relevancia luego de que expertos de la ONU denunciaran el 16 de febrero de 2026 un posible sistema de adopciones irregulares que habría afectado al menos a 80 niños indígenas durante 1982.
Según los señalamientos, varios menores habrían sido víctimas de secuestro o desaparición forzada antes de ser enviados al extranjero mediante procesos irregulares de adopción. El grupo de trabajo también expresó preocupación por la presunta implicación de funcionarios públicos de la época, entre ellos Porras, quien habría fungido como tutora legal de menores en el hogar, en ese periodo.
Durante una citación este lunes 25 de mayo, autoridades de distintas instituciones informaron sobre el seguimiento que el Estado ha dado al requerimiento internacional y las dificultades para reconstruir expedientes históricos relacionados con adopciones.
El canciller Carlos Ramiro Martínez indicó que Guatemala cumplió con entregar información al grupo de trabajo dentro de un primer plazo establecido. “Se siguió trabajando y dando cumplimiento al plazo que teníamos, que era el 16 de abril (...) el Estado respondió y cumplió con su compromiso, eso sí, con una información tal vez un poco limitada”, afirmó.
Además, confirmó que el grupo de expertos de la ONU realizará sesiones en Guatemala a finales de junio. “Lo tendremos a finales del mes de junio (...) estamos con la mejor disposición de colaborar, ampliar la información y dar respuesta”, añadió Martínez.
Martínez confirmó que el Estado mantiene seguimiento sobre al menos seis o siete casos plenamente identificados de personas adoptadas en el extranjero que estarían vinculadas al caso investigado sobre el Hogar Elisa Martínez.
“La embajada nuestra en Bélgica ha mantenido el contacto (...) son seis o siete casos plenamente identificados”, indicó.
En paralelo, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) informó que también ha tenido intercambio de información sobre alrededor de siete casos de personas dadas en adopción internacional, principalmente en Europa.
Piden intervención del fiscal general por cambios de fiscalías
En tanto, los representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), y el director de la Copadeh, Elvin Díaz, informaron que ya elevaron una petición al fiscal general Gabriel García Luna para abordar el manejo del caso, debido a preocupaciones sobre la coordinación institucional y los constantes cambios de fiscalías que han tenido a cargo la investigación.
El director de Copadeh confirmó que el pasado 21 de mayo solicitaron formalmente una audiencia con el jefe del Ministerio Público, al considerar que la magnitud del caso requiere una revisión más amplia del abordaje institucional.
“Desconocemos si ella —Consuelo Porras— se pronunció directamente con el grupo de trabajo, que en otros casos o antecedentes lo ha hecho de esa manera (...) entonces nosotros, ante esa situación y por la magnitud del caso, sí consideramos oportuno pedir una audiencia de trabajo con el fiscal general”, afirmó Díaz.
Díaz explicó que también han existido complicaciones para coordinar con la fiscalía que actualmente conoce el expediente y para acceder a información relevante para responder a los requerimientos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.
Incluso señaló que parte de la documentación recopilada por instituciones del Estado y organizaciones vinculadas a víctimas fue trasladada directamente al despacho del fiscal general.
“Mucha de esta información consideramos oportuno entregársela al fiscal general (...) ya empezamos coordinaciones para entregarla con investigación”, indicó.
Según detalló, la decisión se tomó debido a que todos los expedientes relacionados permanecen concentrados en una fiscalía específica, por lo que consideraron necesario abrir una vía de coordinación directa con la máxima autoridad del MP.
“Una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa es que es la fiscalía donde está el caso (...) entonces mejor consideramos abrir la oportunidad de trabajar esta información en el despacho del fiscal general”, añadió.
El canciller respaldó públicamente la solicitud de reunión y reconoció la necesidad de revisar el manejo del expediente. “En la línea de lo que dice el director (...) lo vamos a reforzar para poder atenderla y clarificar este caso”, expresó.
Actualmente, la investigación ha pasado por distintas unidades del MP. Según lo expuesto durante la citación, inicialmente estuvo bajo conocimiento de la fiscal Leonor Morales; posteriormente pasó a la Fiscalía Regional dirigida por Cinthia Monterroso y ahora podría quedar bajo otra unidad relacionada con Dimas Jiménez, actual Fiscal Regional Metropolitano.
“A mí lo que me preocupa son dos cosas. Uno es cómo esta denuncia termina en la fiscalía regional a cargo de Cinthia Monterroso”, afirmó el diputado José Chic.
El congresista cuestionó el traslado del expediente entre fiscalías y expresó dudas sobre la idoneidad de las unidades que han tenido el caso, porque según señaló, se trata de funcionarios que fueron designados por Porras.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que también ha buscado modificar la fiscalía que conoce el caso. Lucrecia Ferreira, representante legal de la institución, explicó que presentaron una solicitud de apartamiento para que otra unidad especializada continúe la investigación.
“Nosotros recientemente presentamos una solicitud de apartamiento nuevamente para que no sea la fiscalía que actualmente conoce el proceso quien le esté dando seguimiento a la investigación”, indicó.
Sin embargo, Ferreria señaló que el 21 de mayo recibieron una resolución en la que la petición fue declarada sin lugar, aunque aseguró que continuarán insistiendo.
Según Ferreira, actualmente esperan que la Fiscalía Regional 1 resuelva si el expediente puede ser trasladado a otra unidad. “Consideramos que la fiscalía más adecuada para conocer y resolver el caso debiese ser la Fiscalía contra la Trata de Personas”, afirmó.
El diputado Chic también indicó que ya plantearon formalmente al fiscal general la necesidad de evaluar otras fiscalías con competencias más especializadas, debido a que el expediente podría involucrar delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, trata de personas y posibles delitos transnacionales por la participación de adoptantes extranjeros.
“Ya hicimos una solicitud formal al fiscal general relacionado con el cambio de la fiscalía de este caso”, señaló al mencionar otras unidades, o incluso una instancia integrada por varias fiscalías.
“Porque si no van a seguir en este ‘pimponeo’ de fiscalías regionales, y son las menos idóneas para poder tener un caso tan complejo […] los expedientes pueden constar de miles de folios”, concluyó.
Además, María Guzmán, también representante de la PGN, cuestionó reportes sobre diligencias presuntamente realizadas sin orden judicial y sin identificación clara de fiscales o auxiliares.
“Este tipo de diligencias debería realizarse bajo orden judicial (...) hacerlo sin procedimientos establecidos genera dudas sobre cómo se está obteniendo la información”, afirmó.
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Señalan patrones de desapariciones
Durante la citación, el diputado Chic aseguró que los documentos revisados hasta ahora de las primeras indagaciones reflejan posibles estructuras de “venta ilegal de niños” vinculadas con adopciones internacionales tramitadas durante décadas.
“A mí me preocupa el tema de la venta ilegal de niños (...) había hasta una especie de catálogo”, afirmó.
Según Chic, algunos testimonios indican que adoptantes extranjeros solicitaban características específicas de los menores.
El congresista también afirmó que identificó patrones donde padres desaparecían poco después de ingresar con sus hijos a hospitales o instituciones públicas, tras lo cual los menores eran declarados en abandono y posteriormente entregados en adopción.
“Hay toda una caja de Pandora que no se ha destapado (...) todavía no se conoce el origen de muchos niños y niñas”, agregó.
Por aparte, el director del Copadeh señaló dificultades para acceder y reconstruir expedientes históricos.
Díaz explicó que gran parte de la documentación no estaba digitalizada, especialmente archivos comprendidos entre 1988 y 1996. “De más de mil expedientes, alrededor de 333 ya fueron digitalizados (...) del 88 al 96 no se ha digitalizado nada”, indicó.
También confirmó que han tenido acercamientos con organizaciones y víctimas relacionadas con casos de adopciones internacionales y que solicitaron coordinación directa con García Luna.
El congresista también afirmó que identificó patrones donde padres desaparecían poco después de ingresar con sus hijos a hospitales o instituciones públicas, tras lo cual los menores eran declarados en abandono y posteriormente entregados en adopción.
MP calificó de espurios los señalamientos
Luego de que la ONU expuso el caso, el 16 de febrero de 2026 el Ministerio Público rechazó y calificó de “espurios” los señalamientos realizados por expertos de ese organismo, quienes vincularon a la exfiscal general Consuelo Porras con presuntos casos de adopciones ilegales de niños indígenas.
“Rechazamos estos señalamientos falsos, carentes de sustento, carentes de conocimiento fáctico y completamente malintencionados”, señaló entonces la Fiscalía guatemalteca en un comunicado enviado a AFP.
“Estos señalamientos espurios constituyen una afectación directa al derecho de participación”, añadió el MP en referencia a las acusaciones divulgadas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas.
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