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El CIEN advierte: el MP redujo su presa de expedientes, pero solo el 3.5% llegó a juicio
Aunque el MP redujo la mora fiscal de más de 2 millones de casos pendientes a menos de 200 mil, un análisis del CIEN señala que solo el 3.5% de los expedientes gestionados entre 2018 y 2025 llegó a una etapa de judicialización durante la gestión de Consuelo Porras.
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Consuelo Porras, exfiscal general, cuya gestión es analizada por el CIEN debido a los resultados en judicialización de casos y reducción de mora fiscal. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytán)
La expansión territorial del Ministerio Público (MP), con agencias en 340 municipios y la implementación del modelo de gestión integral de casos, permitieron una reducción drástica de la mora fiscal acumulada durante años. Sin embargo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advierte que el principal desafío para el MP sigue siendo la capacidad real de investigación y de llevar los casos ante la justicia, ya que únicamente un promedio del 3.5% de los casos gestionados entre el 2018 y el 2025 llegó a una etapa de acusación penal.
David Casasola advirtió que la ampliación de fiscalías en todo el país y la agilización para tramitar expedientes no se tradujo necesariamente en mayor acceso a la justicia ni en investigaciones más efectivas, lo que supone uno de los principales desafíos para la nueva gestión del fiscal Gabriel García Luna. El análisis formó parte de la presentación del Índice de Denuncias de Delitos mensual de mayo.
Según datos expuestos por el CIEN, el MP pasó de tener cobertura en 183 municipios en el 2020 a alcanzar presencia en los 340 municipios del país en abril del 2021.
No obstante, Casasola señaló que la expansión territorial debe evaluarse con cautela porque “la situación delictiva tiene una concentración geográfica muy particular”, y abrir fiscalías no garantiza que el resto de instituciones del sistema de justicia tenga la misma capacidad operativa.
Explicó que procesar denuncias o realizar análisis periciales “no es algo que se pueda hacer de forma inmediata” si no existe acompañamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), vehículos, personal fiscal o capacidad mínima instalada en cada territorio.
“Es importante revisar esto”, indicó al señalar que sostener estructuras en los 340 municipios representa un reto operativo y presupuestario.
Más presencia, pero mayoría aún no denuncia
El CIEN también analizó datos de una encuesta nacional sobre ocurrencia de delitos, elaborada a partir del proyecto Monitor Global de Emprendimiento, de la Universidad Francisco Marroquín.
Los resultados muestran que, pese a la expansión de fiscalías, la mayoría de víctimas todavía no denuncia. Para el 2025, solo el 44.3% de personas afectadas por un delito presentó una denuncia, mientras el 55.7% no lo hizo.
“Todavía hay camino por recorrer en cuanto a que la población denuncie. Aquí tenemos datos que nosotros, como CIEN, logramos obtener a través de una encuesta que mide ocurrencia de delitos en el país y podemos ver que, si bien desde el 2018 hay una estrategia de ampliar la cobertura, no logramos mejorar en que más de la mitad de la población sigue sin denunciar”, explicó Casasola.
Añadió que “el hecho de que tengamos una presencia en todos los municipios no necesariamente cambia de una manera drástica” la disposición ciudadana a acudir al sistema de justicia.
La evaluación también mostró cambios en el lugar donde se presentan las denuncias. Según el informe, en el 2016, casi siete de cada diez denuncias ingresaban a través de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que para el 2025 la proporción bajó a cerca de cinco de cada diez.
En contraste, el MP pasó de captar directamente alrededor del 20% de denuncias a un 44% según los datos presentados.
“Aquí es donde hay que evaluar al final en qué tanto esto se debe, por ejemplo, a tener fiscalías en todos los municipios o qué tanto esto se debe también a que ahora hay denuncias que se pueden presentar de manera digital”, señaló Casasola.
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Menos mora judicial, pero más cierres sin acusación
Uno de los principales cambios dentro del MP ocurrió con la implementación gradual del modelo de gestión integral de casos a partir de finales del 2019.
El investigador explicó que la estrategia dividió las cargas de trabajo entre equipos encargados de casos nuevos y otros dedicados a expedientes antiguos o activos, con el objetivo de agilizar salidas procesales y reducir la acumulación histórica.
Los datos reflejan una disminución acelerada de la mora fiscal. En el 2014 había alrededor de 2.4 millones de expedientes sin resolver, pero para el 2025 la cifra bajó a cerca de 198 mil.
La reducción más fuerte ocurrió entre el 2020 y el 2023, cuando los casos pendientes pasaron de más de 2 millones a poco más de 400 mil.
“Ese es el resultado, a nivel general, de lo que es este modelo de gestión integral de casos, pero eso son cantidades y es importante empezar a revisar y reflexionar sobre la calidad y sobre el tipo de señales que envía el sistema con esta forma de atender y gestionar casos”, advirtió Casasola.
El punto central del análisis del CIEN se concentra en la composición de las salidas procesales.
De acuerdo con la evaluación, la mayoría de los expedientes concluye con decisiones que no implican una acusación penal o judicialización.
“Cuando se analiza la composición de las salidas, es decir, entender bajo qué figura salieron todos estos casos, tenemos una alta concentración en salidas que implican, en el fondo, que no se continuó con la investigación, ya sea porque prescribe el delito o porque no hay suficiente evidencia para avanzar; entonces el caso se archiva, se pone en pausa en lo que surge nueva evidencia”, explicó.
El investigador detalló que los únicos casos que realmente avanzan hacia un proceso penal son aquellos enviados a juzgados de primera instancia.
“Aquí lo que vemos año por año es la composición relativa de las salidas, y vemos cómo, a medida que ha avanzado el tiempo, la composición de casos que llegan a una etapa de judicialización pasa de un 9.6% a un 5% y se mantiene en un 3.5%, en promedio; es decir, entre el 2018 y el 2025, que es más o menos el lapso en donde ya empieza a funcionar este modelo de gestión interna de casos, un 3.5% de los casos que son gestionados tiene posibilidad de ser judicializado y llegar a algún tipo de acusación o sentencia”.
En términos prácticos, eso significa que alrededor de 96 de cada 100 casos no concluyen en una salida que implique una acusación penal.
“Eso es sumamente importante revisar, sobre todo por la sostenibilidad que tiene un sistema”, afirmó Casasola, quien advirtió que mientras se busca fortalecer la confianza ciudadana y aumentar las denuncias, la señal predominante sigue siendo que “lo que ingresa se desestima, no se está investigando”.
Homicidios: apenas 7% termina en acusaciones o sentencias
El CIEN también revisó específicamente los resultados en casos de homicidio simple y homicidio calificado, delitos que por su gravedad suelen requerir investigaciones más complejas y menos margen para cierres tempranos.
Sin embargo, el comportamiento histórico muestra que las salidas más frecuentes siguen siendo cierres en sedes fiscales.
“Si ustedes ven acusaciones y sentencias, al final estamos hablando de un promedio de un 7%; es decir, aun cuando nos enfocamos en delitos que por su naturaleza no es tan sencillo que tengan salidas que no impliquen un proceso de acusación o persecución, todavía hay mucho espacio de mejora”, afirmó.
Casasola concluyó que el problema estructural persiste pese a los cambios administrativos implementados en los últimos años.
“Antes lo que teníamos eran casos que no encontraban salida, y ahora lo que tenemos es casos que encuentran salida, pero sin ninguna acusación. Entonces, en los dos extremos en los que podemos ver la evolución histórica de la institución, en el fondo lo que está pasando es que no hay una mayor capacidad de investigación que permita deducir responsabilidades individuales de los delitos”, analizó.
Indicador internacional que no mejora
El análisis también incorporó datos del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que según Casasola, la calificación histórica de Guatemala se ha mantenido baja entre 2015 y 2025, sin cambios significativos pese a las transformaciones internas del MP.
“Se observa que del 2015 a 2025 no ha habido mayor movimiento, no ha mejorado, no ha cambiado y al final es parte de los desafíos”, señaló.
Añadió que tanto el antiguo modelo, caracterizado por alta mora fiscal, como el esquema actual, centrado en reducir expedientes pendientes, reflejan prácticamente la misma percepción sobre efectividad investigativa.
“Había modelos previos que lo que tenían eran altos niveles de demora fiscal, ahora hay un modelo de menor mora fiscal, pero ambos modelos mostraban un punto de valoración idéntica prácticamente de efectividad en investigación criminal”, puntualizó.
Recomendaciones del CIEN
Como conclusión, el CIEN planteó revisar el modelo de expansión territorial y reenfocar recursos hacia regiones estratégicas según incidencia delictiva y delitos priorizados.
También recomendó recuperar una visión integral del sistema de justicia, fortalecer la coordinación interinstitucional, avanzar en digitalización e interoperabilidad de sistemas y evaluar los resultados del uso de recursos públicos.
“El hecho que se ha implementado un sistema para gestionar casos no significa que esa producción humana fiscal haya aumentado la capacidad de investigación y eso es importante poderlo revisar”, concluyó Casasola.
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