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La hoja de ruta del MP: una transición obligada a revisar eficacia de las fiscalías y el futuro de la Feci
Analistas coinciden en que el nuevo fiscal general enfrentará el reto de revisar el funcionamiento de fiscalías, redefinir el rumbo de la Feci, medir resultados concretos y una política de persecución penal menos politizada.
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La próxima administración del Ministerio Público deberá definir posibles cambios en fiscalías estratégicas y el futuro de la FECI, según analistas consultados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El relevo en el Ministerio Público (MP) no solo implicará la toma de posesión de la jefatura institucional, sino también una revisión del funcionamiento de las fiscalías consideradas estratégicas para la persecución penal, responsables de investigar las denuncias y los casos que diariamente llegan al sistema de justicia y afectan a la población.
En medio de la revisión de los resultados y el funcionamiento de la gestión saliente, el análisis de lo que sigue para el MP se divide en dos ejes fundamentales: la necesaria reestructuración de las fiscalías de sección y la definición del futuro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Analistas consultados coinciden en que se abre una etapa de revisión en la que el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, deberá evaluar el desempeño, la independencia y la estructura interna de distintas fiscalías antes de decidir posibles cambios en las jefaturas o rotaciones.
Con la llegada de otra administración, la nueva jefatura hereda un MP cuya operatividad está bajo escrutinio.
Fiscalías bajo revisión
Para los expertos, el movimiento interno de las fiscalías no debería responder a decisiones discrecionales o políticas, sino a una necesidad de control y fortalecimiento institucional.
Mynor Melgar, exsecretario general del MP, sostiene que el nuevo fiscal debe rodearse de perfiles alineados con la visión de trabajo que vaya a impulsar en áreas críticas como Narcoactividad, Corrupción y Lavado de Activos, dado que estas secciones marcan la línea estratégica de la persecución penal.
“Sí requieren que él designe a personas de su entera confianza”, afirmó. Aunque señaló que en otras fiscalías podría darse un proceso de evaluación más gradual.
En una línea similar, Javier Monterroso, exsecretario privado de la Fiscalía, enfatizó en que la rotación debe ser “quirúrgica y diferenciada”. Por un lado, propone una evaluación cualitativa y cuantitativa para la mayoría de los jefes de sección; por otro, aboga por la remoción inmediata de aquellos fiscales cuyo desempeño público ha sido señalado por criminalizar a opositores, estudiantes y líderes indígenas, citando los casos específicos de las fiscalías de Patrimonio Cultural, Crimen Organizado y la unidad contra la Corrupción.
Este enfoque de depuración encuentra un matiz técnico en la postura de Kevin López, analista de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y José Carlos Ortega, director ejecutivo del Instituto de Servicios a la Nación. Ambos advierten de que la rotación no debe ser arbitraria ni destructiva para la carrera fiscal.
López propone que, previo a cualquier cambio, se realice una evaluación que trascienda lo administrativo y se enfoque en la eficacia investigativa real. Definir cuántos casos logran sentencias y cuántos se pierden en el archivo.
Ortega coincide en que, en fiscalías altamente especializadas, la permanencia de cuadros técnicos es vital para no debilitar el combate a la delincuencia, siempre y cuando estos operen bajo estándares de profesionalismo y despolitización.
“No es obligatoria. Hay diferentes tipos de fiscalías y las que son muy especializadas, ¿para qué hacer una rotación? Si va a ser en perjuicio de la investigación y en perjuicio del combate a la delincuencia”, afirmó.
Sin embargo, Ortega remarcó que ninguna fiscalía debe quedar fuera de evaluación y consideró “indispensable” que el nuevo fiscal realice “un diagnóstico del funcionamiento de las fiscalías, una por una”. También sostuvo que “indispensable no hay nadie” y que el fortalecimiento institucional debe permitir que las fiscalías funcionen “con una u otra persona”.
Entre las fiscalías que deberían ser observadas con prioridad mencionó las relacionadas con extorsiones, pandillas, corrupción y femicidio, aunque advirtió de que el análisis no debe limitarse al impacto mediático, sino a los resultados obtenidos en el combate a la criminalidad.
Además, a criterio de López, no se trata de establecer fiscalías “más importantes”, sino de revisar “cuál ha sido el impacto y el desarrollo actual” de cada una.
“El análisis y evaluación de fiscales es algo que incluso la misma ley lo establece, pero que se debe hacer realmente efectivo”, señaló. López indicó que las evaluaciones no deben limitarse al cumplimiento administrativo, sino medir “la eficiencia y eficacia de las fiscalías”, incluyendo sentencias obtenidas, investigaciones desarrolladas y niveles de independencia.
También advirtió de que los constantes traslados y renuncias durante los últimos años han deteriorado la carrera fiscal y debilitado capacidades técnicas dentro del MP.
“Muchas de las fiscalías que eran robustecidas por capacidades técnicas (...) fueron trasladados a otras fiscalías”, afirmó. Según López, el nuevo fiscal -García Luna- deberá evitar “sacar por sacar a ciertas personas” y apostar por una reestructuración basada en criterios técnicos y transparencia.
El fin de la "eficacia de papel"
Un desafío inmediato para los primeros cien días de gestión, a criterio del exsecretario Melgar, será el desmantelamiento del parámetro de resultados estadísticos que ha imperado en los últimos años.
Advierte de que se ha institucionalizado una "salida positiva" basada la desestimación y archivo de denuncias, lo que permite ajustar las cifras de eficiencia de forma favorable sin reducir la impunidad real.
“Es muchísimo más fácil archivar un caso sin investigación que llevarlo tres, cuatro años hasta sentencia”, señaló. A su criterio, esa política derivó en “resultados muy pobres” en distintas fiscalías.
García Luna tiene el reto de revertir este modelo de gestión que prioriza el número de expedientes cerrados sobre la calidad de la investigación criminal. Esto implica, según el consenso de los analistas, recuperar instituciones que se han desnaturalizado, como el uso abusivo de la prisión provisional y la reserva de los procesos, devolviendo a estas figuras su carácter de excepcionalidad que establece la ley.
El dilema de la Feci: ¿Cierre o reestructuración?
Sobre el futuro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), las posturas de los analistas coincidieron en la necesidad de una revisión profunda de su funcionamiento, aunque difirieron respecto a si debe mantenerse o desaparecer.
La fiscalía que nació para trabajar junto a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) hoy se percibe como una unidad agotada por el desgaste político, indicaron parte de los analistas.
Ortega señaló que el fiscal general deberá evaluar “si -la Feci- en realidad debe existir”, aunque antes de considerar su desaparición, considera que es imperativo un cambio de liderazgo técnico y redefinir el rumbo de esa unidad para enfocarla en estructuras criminales de alto impacto.
Para Ortega, la remoción de Rafael Curruchiche es un paso indispensable para intentar rescatar la credibilidad de la fiscalía.
“La Feci desgraciadamente se ha politizado no solamente en el ejercicio de esta administración del Ministerio Público, sino que en el anterior”, afirmó. Añadió que el nuevo fiscal “sí debe reemplazar” a Curruchiche y posiblemente revisar al resto del equipo.
A criterio de Ortega, la Feci tendría que redefinir su orientación. “A mi criterio tendría que ir en contra de líderes del narcotráfico, contra los terroristas pandilleros, desarticular esa clase de cosas. Y no es lo que hemos visto”, sostuvo.
Monterroso coincidió en que el próximo fiscal general debería evaluar “la necesidad de seguir con la Feci o cerrarla”, tomando en cuenta que fue creada para acompañar el trabajo de la Cicig, iniciando un proceso de transición que traslade los expedientes acumulados a las fiscalías correspondientes según la materia del delito. Además, planteó que los cambios deberían incluir la remoción de Curruchiche.
Melgar refuerza esta tesis al señalar que la Feci ha sido "matizada ideológicamente" en distintas etapas, lo que genera una desconfianza persistente que el nuevo fiscal no debería cargar. Según Melgar, “lo más saludable sería distribuir los casos” lo que permitiría que el MP se enfoque en una persecución penal objetiva y libre de los estigmas de parcialidad que hoy rodean a dicha unidad.
En la misma línea, López, de Asíes, consideró viable realizar una evaluación integral de la fiscalía para determinar “cuáles son los resultados que realmente ha obtenido” y verificar si sus investigaciones han seguido criterios adecuados de persecución penal. “Es una de las fiscalías que más ha estado en el ojo público”, afirmó.
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