Estados Unidos
EDITORIAL
Renovar el MP no es fácil pero sí es factible
El Ministerio Público se debe a la ciudadanía y no es parcela de ninguna mente ruin que pretenda tenerlo a su servicio.
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Las primeras declaraciones de Gabriel Estuardo García Luna, en su primer día como fiscal general y jefe del Ministerio Público constituyen una declaración de intenciones y primeras acciones que claramente buscan marcar un parteaguas respecto de la anterior administración. Reza el viejo dicho que toda escoba nueva barre bien y, en efecto, el doctor García Luna debe barrer con las rémoras, los enfoques sesgados y las roscas convenencieras; también con los señalamientos de selectividad, la falta de credibilidad de la institución y el aislamiento internacional en que lo dejó su antecesora.
Junto a un equipo inicial de confianza, García Luna debe emprender una evaluación de desempeño, sobre resultados tangibles y coherencia de acciones. La transformación de la institución no puede responder a alternancias bipolares, mucho menos a un sistema de codependencias, zalamerías o temores. Tampoco puede ser una telaraña de pactos para blindar a ciertos interesados ni una inquisición montada sobre animadversiones, porque esos han sido los juegos de interés que se han sucedido y fracasado a lo largo de los últimos 12 años.
Los cargos públicos, por más poder que parezcan tener, son pasajeros, y tarde o temprano llega el momento de rendir cuentas y afrontar el juicio de la historia, que es lo que enfrentará desde la llanura la ahora exfiscal. Su error fue empezar a consentir influjos politicoides y polarizados en lugar de mantener en foco la razón de ser de la institución. La expectativa ciudadana es la recuperación del tono democrático, equitativo y científico del Ministerio Público. Es previsible una revisión de puestos, responsabilidades y desempeños. No sorprende por ello el anuncio de la liquidación de la llamada Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Tal decisión —y otras que vendrán— no se debe analizar desde ópticas maniqueas, sino desde el sentido institucional. La sola denominación de “especial” de dicha oficina denotaba un carácter transicional que, al prolongarse, devino en ambiguo. La Feci llegó a abarcar hasta cuestiones electorales, mientras dejaba de lado otras impunidades obvias que insultaban la inteligencia del ciudadano.
La anterior administración anunció una evaluación “iso” que no se sabe ni quién ni cómo la hizo, valga el homófono, que no debe ser vinculante. Debe haber una rendición de cuentas del personal, con datos y resultados. Es el fiscal general quien por ley puede decidir sustituciones o designaciones interinas. Sería profundamente contradictorio que personas o grupos intentaran bloquear las facultades legales del nuevo fiscal general mediante amparos destinados a impedir nombramientos, remociones o reorganizaciones administrativas que la ley claramente le faculta realizar.
El Ministerio Público se debe a la ciudadanía y no es parcela de ninguna mente ruin que pretenda tenerlo a su servicio. Un discurso no basta para recuperar la confianza ciudadana, pero sí para marcar la raya de Pizarro. Los negacionismos no llevan a nada y se debe reconocer el estado organizacional de la institución a cargo de garantizar la persecución del delito. Guatemala necesita un Ministerio Público que permita procesar judicialmente la corrupción, el narcotráfico, las extorsiones y las estructuras criminales sin sesgos, sin venganzas y sin privilegios. Es necesario abandonar todo culto a la personalidad y regresar a algo mucho más fundamental, que no es fácil pero sí factible: el respeto estricto a la ley, a la objetividad y al mérito profesional, lo cual no se dice en discursos, sino en resultados.
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