Jueza niega libertad condicional a implicados en banda Sierra Ovando

La supuesta estructura, integrada por expolicías, espera un debate en el Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Yassmín Barrios.

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Los Sierra Ovando
Cristian Francisco Salazar Herrera está procesado por su implicación en la supuesta banda de secuestradores Los Sierra Ovando. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
Cristian Francisco Salazar Herrera está procesado por su implicación en la supuesta banda de secuestradores Los Sierra Ovando. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Cristian Francisco Salazar Herrera, de 37 años y Kimber Elonei Herrera Herrera de 36, vieron frustradas sus intenciones de salir de la cárcel. Ambos están procesados por su implicación con la estructura criminal denominada los Sierra Ovando, integrada por expolicías a quienes les atribuyen unos 100 asesinatos.


Durante una audiencia de revisión de medidas de coerción, Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, declaró sin lugar las solicitudes de libertad condicional que plantearon los sindicados a través de sus abogados.

“Existe el peligro que puedan influir en los testigos”, justificó la juzgadora. Además, recordó que han viajado al extranjero y pudieran dejar el país sin enfrentar el debate por asociación ilícita.

Esperan juicio

Aifán envió a debate a Salazar Herrera y Herrera Herrera junto con otras 40 personas el 14 de noviembre del 2018, después de una semana de alegatos como parte de la etapa intermedia del proceso penal.

Fue designado el Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Yassmín Barrios, para celebrar el debate. La razón: el personal y los jueces de este tribunal están de vacaciones, por lo que será hasta la próxima semana cuando se conozca la fecha para el inicio del juicio.

La acusación del Ministerio Público (MP) contra los sindicados es por haber cometido delitos de asesinato; asesinato en grado de tentativa; ejecución extrajudicial; plagio o secuestro; robo agravado; asociación ilícita; tenencia ilegal de armas de fuego o de uso exclusivo del ejército y uso ilegal de uniformes o insignias.

El supuesto grupo delincuencial estaba conformado, en su mayoría, por agentes y exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La banda operó, según la acusación del MP, entre el 2011 y el 2013, en los departamentos de Guatemala, Escuintla, El Progreso y Santa Rosa. 

Pruebas y peritos

Uno de los fiscales del caso, que prefirió omitir su idetidad, informó que se cuentan con el testimonio de 80 peritos y 50 testigos. El caso tiene 500 documentos con seis mil folios en 72 expedientes de asesinatos y conspiraciones para asesinatos.

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Debido a la cantidad de personas sindicadas y las pruebas se prevé que el debate dure de cuatro a seis meses.

Las primeras capturas para desarticular a los Sierra Ovando se realizaron en marzo de 2014 cuando detuvieron a seis exagentes de la PNC que laboraron en la Comisaría 15, la cual presta seguridad en el sur del departamento de Guatemala.

Los expolicías fueron señalados de ejecuciones extrajudiciales en Amatitlán, Villa Nueva, Baja Verapaz y El Progreso.

La investigación del MP reveló que aunque posiblemente algunas víctimas de la banda eran delincuentes que cometían extorsiones y robos, eran los Sierra Ovando contratados como sicarios.

Los investigadores refirieron que los exagentes se hacían pasar por elementos activos de la policía. Utilizaban insignias falsas de la institución.

Después de identificar a sus víctimas les interceptaban el paso y se las llevaban a otro lugar donde las asesinaban. Las víctimas desaparecían sin dejar rastro. No obstante, restos humanos fueron localizados en la finca El Ceibillo, aldea Agua de las Minas, Amatitlán, en una excavación llevada a cabo por las autoridades.

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