El juzgador comenzó ayer a argumentar su fallo sobre la posibilidad de ligar a proceso a los 57 sindicados por supuestamente integrar una red de funcionarios y contratistas que defraudó las finanzas de varias entidades públicas y otorgar contratos de manera irregular.

Aclaró que el expediente 01074-2015-00017 contiene las investigaciones por el referido caso, así como por La Cooperacha y el usufructo oneroso otorgado a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, las cuales son fases de una misma pesquisa.

Gálvez aseguró que se opuso a que Monzón Rojas declarara en una audiencia privada, pues consideró que lo oportuno es que su testimonio sea escuchado por los sindicados y que tanto los fiscales del Ministerio Público (MP), mandatarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Procuraduría General de la Nación, Empresa Portuaria Quetzal y defensores puedan interrogarlo.

Por el momento, para él, Monzón Rojas figura como procesado y afronta a la justicia por asociación ilícita, cohecho pasivo, abuso de autoridad y lavado de dinero. La audiencia en la cual fue indagado se desarrolló el 8 de abril pasado.

Gálvez enfatizó que queda pendiente que el MP solicite audiencia para escuchar el testimonio de Monzón Rojas como colaborador eficaz, para que sea aceptado como prueba anticipada, pues por el momento solo ha efectuado la declaración ministerial del 4 de junio último.

El 13 de mayo, el juez indagó a Víctor Hugo Hernández —contador de Monzón Rojas—, José Gerardo Martínez Búcaro, Rogelio Chay Sontay, Íngrid Marisol Dávila y María del Carmen Valencia, quienes enfrentan proceso por asociación ilícita y lavado de dinero. Todos tienen relación con el ex secretario privado de la Vicepresidencia.

El funcionario aseveró que por el momento solo hará referencia a otros indicios racionales recopilados por el órgano investigador durante el desarrollo de la pesquisa preliminar.

Estructura criminal 

El caso se desprendió de la investigación contra la red de defraudación aduanera La Línea, en la que Monzón Rojas era considerado jefe. Posteriormente se determinó que los exgobernantes tendrían relación con las acciones ilegales de la referida banda, y que estos habrían colocado al exsecretario de la Vicepresidencia como enlace entre ellos y la sección operativa de la estructura.

Gálvez leyó fragmentos del testimonio de Salvador Estuardo González, alias Eco, quien en el caso La Línea mencionó a varios de los sindicados.

Otro indicio que describió Gálvez fue la declaración de César Medina Farfán, identificado como testigo A, quien dijo que después de asumir el gobierno, Pérez Molina colocó a Guillermo Lozano como operador en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

Lozano estuvo en el ojo del huracán luego de señalamientos contra él que investigadores de Honduras hicieron  por posibles vínculos con el narcotráfico, y por ello abandonó el país. Fue por eso que Monzón Rojas fue designado por Baldetti para ocuparse del control de la EPQ.

El testimonio de Hernández llamó la atención del juez, y este relató su relación con las empresas que formaban el Grupo Estrella, usadas para supuestamente ocultar el origen y destino de algunos bienes de los exgobernantes.

Aeronaves

Gálvez también leyó parte de la declaración de Jair Samayoa, exinterventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien participó en la compra de un helicóptero que sería un regalo que exministros dieron al expresidente.

Samayoa aseguró que la compra de la aeronave fue gestionada por Monzón Rojas, por orden de la ex vicepresidenta, a un costo de US$3.7 millones.

Gálvez dijo que el costo de la aeronave equivale a más de Q24 millones, e indicó: “—El abogado César— Calderón dijo que su patrocinado ganó como presidente Q6 millones. Si le bajamos al salario de la vicepresidenta, estaríamos hablando que ganó en el tiempo como vicepresidenta —unos— Q5 millones. Necesitaría estar cinco períodos como vicepresidenta para juntar Q24 millones, eso sin pagar viajes a Miami —Florida, Estados Unidos—, sin pagar piloto y sin pagar el seguro”.

El juzgador mostró el modelo de un jet a escala que habría sido entregado a Pérez Molina como un regalo por varios exministros, cuyo costo sería de unos US$6 millones.

Gálvez aplazó la audiencia para hoy, y continuará sus argumentos con la descripción de otros indicios aportados por el MP. Después vendrá el análisis de los hechos cometidos por los sindicados, en los grupos que definió la Fiscalía.

Escuchas telefónicas

Origen de la investigación

El juez explicó que la investigación se originó con el procedimiento de escuchas telefónicas en la pesquisa contra la red de defraudación tributaria denominada La Línea.

El primer indicio que se tuvo de la posible participación de funcionarios en actos de corrupción durante la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti al frente del gobierno fue una plática que sostuvieron el importador Érick Miao Miao, uno de los empresarios que se habría beneficiado con la disminución del pago de aranceles por la entrega de sobornos, con Julio César Aldana Sosa, encargado de la estructura, quien no tenía relación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Una misma pesquisa

Caso de corrupción se divide en tres fases.

• El caso de corrupción más grande que vincula a exfuncionarios y empleados públicos de la administración del Partido Patriota se encuentran en el expediente judicial 01074-2015-00017.
• Miguel Ángel Gálvez explicó que el caso es muy extenso y que él recomendó al MP dividir la investigación en distintas fases.
• La primera fase que se hizo pública fue la que corresponde al usufructo oneroso que la Empresa Portuaria Quetzal dio a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal, para que utilizara un terreno.
• Cooptación del Estado es la fase más grande, y que encierra todo el proceso.
• La Cooperacha es el último evento que se describe en el expediente, y se refiere a la compra de regalos lujosos para el expresidente Otto Pérez Molina, los cuales habrían sido adquiridos con dinero que pudo haber sido lavado por exministros.

• Acuden en sillas de ruedas

El empresario Jack Irving Cohen Cohen y el exbanquero Flavio Montenegro permanecen en la audiencia, en silla de ruedas. Montenegro padece una enfermedad crónica, por lo cual su defensa pidió que permanezca en un hospital, lo que el juez  aprobó.

• Escucha argumentos

El expresidente Otto Pérez Molina escucha con atención los argumentos del juez Miguel Ángel Gálvez, en la primera fase de su resolución. El Ministerio Público busca ampliar los delitos por los cuales el exmandatario enfrenta proceso. Se le señala de haber cometido asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y cohecho activo.

• Muestran modelo

Uno de los indicios que el MP recolectó por la Cooperacha fue un modelo a escala del jet, llamado “La Bala” que exministros habrían comprado al exgobernante. El exjefe del Interior Mauricio López Bonilla lo sostiene en la audiencia.

• Un bus lleno  de señalados

Sindicados en el caso Cooptación del Estado de Guatemala y custodios del Sistema Penitenciario viajan amontonados en un bus de la Dirección General de Presidios, que los traslada de las cárceles de la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17,  a la Torre de Tribunales. Un agente penitenciario, pese a todo, tiene espacio para fumar.