El miércoles último se efectuó una requisa en Pavón, Fraijanes, durante la cual se incautaron 288 bolsas con marihuana, 38 latas de cerveza, 18 celulares, una tableta electrónica, un transmisor de internet, cargadores de teléfono, auriculares, tres televisores y un equipo de sonido. Las autoridades identificaron a los reos que tenían en su poder seis de los teléfonos hallados, por lo que se les abrió un nuevo proceso legal.
Entre 2018 y 2020 se han efectuado 758 requisas, el 58% en la Granja de Rehabilitación Pavón y en Pavoncito, Fraijanes; en Santa Teresa y en el Preventivo para Varones, de la zona 18; Cantel, en Quetzaltenango; y Los Jocotes, en Zacapa. Siempre se localiza el mismo tipo de objetos en esa acciones.
El hallazgo de lo incautado no es nuevo, como tampoco las investigaciones que aseguran que desde las cárceles se cometen o coordinan las llamadas de extorsión.
En Cantel persisten el desorden, el hacinamiento y la falta de control. Hace unos dos meses fueron asesinados siete reclusos, la mayoría decapitados. La matanza ocurrió momentos después de la muerte de Anais del Carmen Gamboa, expareja del reo Carlos Roberto León Barrios, hijo del narcotraficante Juan José Juancho León (ya fallecido).
Las investigaciones de la División Contra las Pandillas y Extorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que Pavón y Cantel son dos de las cárceles de las cuales salen más llamadas extorsivas a personas particulares, transportistas, propietario de tiendas y pequeños comercios de barrios, entre otras víctimas.
Las extorsiones siguen siendo un problema de seguridad. Entre enero y mayo del 2021, las denuncias por ese delito aumentaron en un 8% respecto del mismo período del 2020, según un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Menores en prisión
El problema de las cárceles no se limita a las llamadas y coordinación de extorsiones.
Este año se han efectuado 68 requisas en Cantel, Pavón, Mariscal Zavala, el Centro de Orientación Femenino, Santa Teresa y Los Jocotes, Zacapa.
En Mariscal Zavala, cuya población reclusa está formada, en su mayoría, por exfuncionarios acusados de corrupción, hace dos semanas se hizo una inspección, supuestamente por información sobre la posible fuga de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.
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En esta prisión se encontraron celulares enterrados en un área de acceso a los soldados de la base militar, otros estaban en botes de basura u ocultos en el cielo falso de las carceletas. También se incautaron cargadores, aparatos eléctricos y licores.
Además, las autoridades encontraron a nueve menores de edad que, se supone, habían dormido en la cárcel.
Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesana, considera que la estadía de los menores en la cárcel demuestra el incumplimiento del Reglamento del Sistema Penitenciario, así como una sentencia emitida por un juzgado de Niñez y Adolescencia, en la cual se establecen las condiciones y lugares adecuados para que los niños, niñas y adolescentes visiten a sus familiares en los centros de privación de libertad.
“Nos adherimos a las denuncias presentadas por la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario en el Ministerio Público, como organización interesada en el tema, porque nuestro trabajo está enfocado en la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que tienen referentes familiares privados de libertad. Consideramos que más allá de la irresponsabilidad de las familias, porque esto es una responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación, nuestra función es por el incumplimiento de deberes por parte del director del centro”, explicó Barrios.
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Sin cambios para 2022
El Plan Operativo 2022 del Sistema Penitenciario contempla solicitar un presupuesto de Q819.9 millones, de los cuales el 60.7% será destinado al pago de la Dirección y Coordinación General, una quinta parte para la alimentación de los privados de libertad y el resto para gastos administrativos, entre estos requisas, formación y capacitación de agentes penitenciarios, atención médica odontológica y psicológica y educación, según el análisis Cárceles en Guatemala: ¿más de lo mismo para 2022?, presentado por la organización Diálogos.
Mismas acciones
La organización Diálogos efectúa un análisis comparativo con el Plan Operativo de 2020, y destaca que las partidas presupuestarias relacionadas con la rehabilitación y reinserción no muestran cambios, en contraste con las educación formal y extraescolar de agentes penitenciarios y atención psicológica, odontológica y laboral, que muestran un incremento del 15.8%, por lo que concluye que la administración del ministro Gendri Reyes no tiene cambios o mejoras en los servicios para la población privada de libertad, sino más bien acciones que ya se han hecho en gestiones anteriores.
