Manuel Benedicto Lucas García dijo a víctima del conflicto armado interno: “no bombardeé aldeas, campamentos guerrilleros, sí”

El exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García en el Juzgado de Mayor Riesgo B, saluda a una víctima del conflicto armado interno y le explica que no arrasó aldeas.

Manuel Benedicto Lucas García y Santiago Choc se saludan al terminar diligencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)
Manuel Benedicto Lucas García y Santiago Choc se saludan al terminar diligencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán)

En el segundo día consecutivo en que se frustró el comienzo de la audiencia de primera declaración de tres militares retirados implicados en el caso Genocidio, uno de ellos saluda a una víctima del conflicto armado interno y le expone que no arrasó aldeas, solo “campamentos guerrilleros”.

Lucas García saludó con un estrechón de manos a Santiago Choc, mandatario -abogado- de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), querellante en el caso.

La conversación entre Lucas García y Choc tiene un denominador común en la historia del país, ambos tienen relación en el conflicto armado interno. Choc fue parte de la población de Ixcán, Quiché; desplazada a México, por los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla.

Lucas García es hermano del expresidente Romeo Lucas García, quien gobernó el país de 1978 a 1982 y falleció el 27 de mayo del 2006 en Venezuela.

El diálogo de ambos duró dos minutos, pero en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B pocos pudieron comprender de qué conversaban Lucas García y Choc. Ambos hablaron en el idioma maya q’eqchi’.

Choc dijo: “Soy del Ixcán y de niño nos fuimos con mi familia a México, fue en tu época cuando hicieron el plan tierra arrasada”.

Lucas García movió la cabeza a los lados y negó el señalamiento de Choc.

“Yo nunca bombardeé allí, nunca ordené bombardear; por lo menos las aldeas. Campamentos guerrilleros sí”, respondió Lucas García a Choc.

Choc reiteró: “Hubo aldeas arrasadas”.

“No en mi tiempo… no en mi tiempo”, aseguró Lucas García mientras le daba unas palmadas a Choc en la espalda.

Lucas García saludó después a fiscales del Ministerio Público y así terminó el segundo intento por comenzar la audiencia de primera declaración en que también están implicados los militares retirados Manuel Antonio Callejas y César Noguera Argueta.

 

Lucas García

Manuel Benedicto Lucas García fue nombrado por su hermano, en ese entonces presidente, jefe del Estado Mayor del Ejército, el 15 de agosto de 1981.

En esa época hubo altos índices de violencia. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico calificó el período de 1979 a 1985 como “agudización de la violencia y militarización del Estado”.

Según notas periodísticas de ese entonces se implementó la estrategia “acción cívica”, que consistía en acercarse a la población y ganarse su confianza para evitar el respaldo a la insurgencia.

Según el MP, Benedicto Lucas, como jefe del Estado Mayor del Ejército, tuvo injerencia sobre comandantes de la Zona Militar 21 de Cobán.

A 14 de los detenidos por este caso se les liga con 137 osamentas de seis masacres ocurridas allí, en las cuales se pudo profundizar investigaciones por la desaparición de 163 personas.

Las pesquisas de las desapariciones forzadas fueron por los casos de Pambach, Río Negro, caserío Chituj, Chiacal, barrio San Sebastián y Chisec.

Benedicto Lucas efectuó trabajos de contrainteligencia como oficial de operaciones entre agosto de 1967 y noviembre de 1969. En 1971 fue subdirector de Inteligencia del Ejército, de acuerdo con documentos oficiales.

Diligencia frustrada

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, aceptó la excusa de un abogado que no podía representar a Callejas este martes, 29 de octubre, por esa razón se reconsideró posponer la diligencia.

Gálvez aceptó efectuar la audiencia de primera declaración el martes próximo, a las 9 horas.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) aseguró al Juzgado de Mayor Riesgo B que cuenta con los indicios de prueba para efectuar la imputación a los militares en situación de retiro.

En su investigación, la fiscalía registra casos de masacres, crímenes individuales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales, delitos que habrían sido cometidos en el gobierno de Romeo Lucas García, en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.

El caso se activa por la denuncia que interpusieron víctimas y familiares ante el MP en el 2000, por medio de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.

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