Cada gobierno la PNC adjudica millones en arrendamiento de edificios. Sin embargo, muchas sedes policiales son desalojadas porque se termina el contrato de arrendamiento o porque incumplen con los pagos, lo que perjudica de alguna manera la cobertura policial, afirman las autoridades de esa institución.
Una de las adjudicaciones más recientes, según el portal Guatecompras, es del 22 de enero último por Q600 mil para el arrendamiento por un año de un bien inmueble que será utilizado como predio para los vehículos de la División de Protección a Personas y Seguridad en Villa Nueva. El personal de esta unidad está destinado a la protección de funcionarios de gobierno y diplomáticos.
El 12 de enero también se adjudicaron Q834 mil para el arrendamiento de instalaciones que servirán para el uso del Grupo de Reacción Inmediata lobos (Gril) de la División de Fuerzas Especiales de Policía (Difep), en el departamento de Guatemala para el período de un año. Estos agentes efectúan patrullajes en motocicleta como parte de los operativos contra la delincuencia común.
Los concursos por arrendamiento de distintas sedes policiales a nivel nacional suman Q56 millones, según el portal electrónico.
Para el director general de la PNC, David Custodio Boteo, pagar por el arrendamiento de viviendas para instalar las sedes policiales es un “gasto innecesario”, y afirmó que aceptarán las 23 viviendas que les ofrecieron alcaldes municipales y comunitarios en distintos departamentos. Aunque con el cambio de mando también consultarán si las ofertas siguen en pie.
Los ofrecimientos los han hecho los alcaldes de la costa Sur y Occidente, al argumentar que hay altos índices delincuenciales. En algunos casos les ofrecen el terreno para que construyan, y en otros, las casas y tanto los alcades como los comunitarios se comprometen a pagar el alquiler y los servicios básicos como agua y luz.
“Por motivos que desconocemos las autoridades anteriores no aceptaron esas instalaciones”, acotó.
Boteo refirió que parte de su trabajo se enfocará en la dignificación de los agentes, puesto que hay sedes donde no cuentan con camas para quienes culminan su turno o esperan que comience el mismo.
“Hay instalaciones donde hay plagas y deben hacerse fumigaciones. Hay que dar mantenimiento a instalaciones porque el agua se filtra durante la época de lluvia”, señaló.
Deudas
Aunque en años anteriores algunas sedes han sido desalojadas por falta de pago, Boteo asegura que en este momento se encuentran solventes y no han tenido estos inconvenientes.
En noviembre del 2021 los agentes que ocupaban una subestación en Livingston, Izabal, fueron desalojados debido a que no se había pagado el alquiler durante 4 años. Sin embargo, autoridades de Gobernación Departamental de esa región explicaron que “se tergiversó la información” y no se trató de un desalojo, sino que el contrato de arrendamiento concluyó.
Una situación similar ocurrió el 4 de marzo del 2019, cuando fue desalojada una sede policial en la zona 11 de la cabecera departamental de Huehuetenango, después de no poder cancelar 17 meses de renta.
Negocio
Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, parte del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en Seguridad, resalta que una de las principales debilidades del Estado es no contar con estrategias para fortalecerlo, y pagar millones en alquiler es un “negocio” solo para unos pocos y es necesario que el agente de la PNC deje de prestar servicio en condiciones deplorables.
“El Estado tiene áreas donde se podría tener a la PNC en condiciones dignas, pero a lo largo de la historia solo se ha privilegiado a particulares”, afirma.
Asturias recomienda que la suma millonaria que se gasta en rentas se invierta en vehículos, colchones, uniformes, armamento y comida adecuada para el personal policial.
“Dignificar al policía para que pueda tener apropiación y formación es fundamental para que se convierta en la institución que vele por la seguridad ciudadana”, puntualizó.
