Julia Barrera, portavoz de la fiscalía, indicó que la asistencia persigue verificar por qué no se ha dado cumplimiento a un amparo provisional que ordena cesar el funcionamiento del proyecto Progreso VII Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.

“El MP presentó la asistencia a la CSJ para que se ejecute lo resuelto en ese amparo. Se verificará por qué no se ejecuta”, explicó.

En su portal digital, la fiscalía menciona que “se planteó una asistencia para la debida ejecución de lo resuelto con la finalidad que el tribunal de amparo determine si el Ministerio de Energía y Minas o cualquier otra persona o entidad involucrada ha incumplido con el amparo provisional decretado”.

Afirma que, según el fallo, deben cesar las actividades de explotación minera de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala S.A.

“Se debe ordenar inmediatamente el encausamiento de los responsables, librándose para el efecto certificación de lo conducente, para la iniciación del proceso penal que corresponda”, agrega.

Investigación

El MP también dio a conocer que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente comenzó una persecución penal de oficio en contra de la compañía.

“La investigación, que está en desarrollo, busca determinar la posible contaminación que el proyecto minero estaría causando”, añadió Barrera.