MP creará unidad especial para garantizar la seguridad de los fiscales

Luego de reunión con la ONU se decidió especializar una unidad para ofrecer seguridad a 24 fiscales que a la fecha han solicitado protección e investigar el origen de las amenazas.

Fiscales del Ministerio Público recaban evidencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Fiscales del Ministerio Público recaban evidencias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) abrirá la Unidad Especializada para Garantizar la Vida de los Fiscales, la que velará por la integridad física de los investigadores que reciben amenazas.

 

La Unidad estaría bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad.

La Fiscal General y jefa del MP, Consuelo Porras, anunció esta decisión luego de reunirse el 25 de febrero con el Subsecretario de General de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Miroslav Jenca, con quien abordó temas de cooperación y fortalecimiento del MP.

Porras dio a conocer por medio de un comunicado de prensa que “próximamente estará implementando una Unidad Especializada para Garantizar la Seguridad de los Fiscales, la cual contará con tecnología de alto nivel”, porque “valora y reconoce la importante labor que desempeñan los fiscales.

Durante visita de funcionario de la ONU

El Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, Ángel Pineda, quien junto con el Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, participó en la reunión con Jenca, aseveró que “el tema salió a colación luego de la vista del funcionario de la ONU, porque “cualquiera que ejerza la persecución penal en casos complicados podría poner en riesgo su vida”.

Pineda explicó que en el MP funciona la Dirección de Seguridad con la cual Porras mantiene comunicación para efectuar “análisis de riesgo cuando los fiscales denuncian que está en peligro su vida, para luego tomar una decisión en torno al esquema de seguridad de los investigadores”.

La Dirección de Seguridad es una unidad administrativa que brinda seguridad por medio de agentes específicos del MP, pero que, a veces, también solicita la cooperación de la Policía Nacional Civil (PNC) para otorgar seguridad física “tanto a los fiscales como a su núcleo familiar dependiendo del análisis que se haga al respecto”, afirmó Pineda.

El funcionario explicó que se registraron casos en los cuales fue necesario aumentar la seguridad de los fiscales que están conociendo casos especiales, y que será en estos casos en los que esta Unidad técnica podrá colaborar con la Dirección de Seguridad para efectuar un mejor análisis tecnológico para resguardar la vida de los investigadores.

Según Pineda, desde hace unas tres semanas la fiscal general dio las instrucciones para la creación de esta Unidad y que en la actualidad se está efectuando el diagnóstico para conocer la cantidad de personal que se necesitará, así como de la posibilidad de que la cooperación internacional colabore en lo que se refiere a la tecnología.

En cuanto a la fecha en que será abierta esta Unidad, Pineda dijo que no se puede adelantar, “pero que será en la mayor brevedad”.

El funcionario recordó, que, además, desde noviembre del 2019, opera una Fiscalía que atiende delitos contra los operadores de justicia, la cual investiga casos de fiscales, jueces, abogados y otras personas que forman parte de la cadena de justicia.

24 fiscales bajo amenazas

La portavoz del MP, Julia Barrera, informó que 24 fiscales denunciaron amenazas de distinto tipo durante los últimos meses, por lo que luego de analizar los riesgos de los investigadores la institución les brindó “la protección debida”.

De acuerdo con Barrera, durante el 2019, 22 fiscales denunciaron que habían sido amenazados, mientras que, durante los primeros dos meses de este año, dos más se quejaron ante las autoridades por hechos similares.

Barrera explicó que las denuncias las plantearon los afectadas ante del Departamento de Seguridad del ente investigador, quien después de evaluar cada caso, les otorgó “la seguridad que se considera producto del análisis de riesgo realizado”.

En cuanto a los nombres y las fiscalías a las cuales pertenecen los denunciantes, la vocera explicó que la información está restringida por razones de seguridad. “Son fiscales de todo el país”, agregó.

La portavoz explicó que las amenazas, según los fiscales, fueron hechas a través de llamadas a los teléfonos celulares o a través de mensajes de texto. “En otros casos las intimidaciones fueron cuando asistieron a las audiencias o durante los debates” u otros momentos.

“Algunos corremos más riesgos”

El vicepresidente de la Asociación de Fiscales del MP, Marvin Orellana, expresó que tiene poca información de la manera en que operará esta Unidad; sin embargo, consideró como positiva la intención de proteger de mejora manera la vida de sus compañeros, porque “algunos corremos más riesgos por los casos que llevamos”.

Orellana afirmó que los que más exponen su vida son aquellos que combaten a los pandilleros que se dedican a extorsionar, porque se encuentran de frente contra este tipo de delincuentes y obviamente “no les agrada escuchar que les dicten prisión preventiva o que los fiscales soliciten una condena de 50 o más años”.

“Muchas personas creen que nuestro trabajo es a título personal, desconocen que es institucional y que ese es nuestro trabajo”, comentó Orellana.

El Estado no ha incumplido con la seguridad

Alejandro Rodríguez, exsecretario de política criminal del MP, aseguró que el Estado ha sido débil en cuando a responder a las amenazas que reciben los fiscales, “lo cual es sumamente grave y se está incumpliendo con obligaciones internacionales en esa materia”.

Rodriguez, quien es asesor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), las Naciones Unidas en sus principios señala que el Estado debe proveer de la seguridad necesaria a los fiscales para garantizar su labor, pero “hasta la fecha no se ha concretado un trabajo suficientemente fuerte” para alcanzar estos objetivos.

Sin embargo, Rodríguez valoró el hecho que la actual Fiscal General haya creado la Fiscalía de operadores de justicia, porque representa “un paso positivo en las investigaciones, aunque todavía falta que avancen esas investigaciones, para lo cual se debe contar con el equipo técnico necesario para hacerlo”.

El exsecretario de política criminal del MP citó como ejemplo el caso de Mario Estrada, sentenciando en Estados Unidos a 15 años de prisión por narcotráfico, caso en el cual se reveló su intención de asesinar a la a exfiscal general Thelma Aldana y al ex fiscal de Delitos Electorales, Óscar Schaad, así como al fiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

“Este caso no ha avanzado, por lo que se necesita redoblar los esfuerzos para que se concreten resultados positivos”, afirmó Rodríguez.