Embargan cuentas de hija de Otto Pérez Molina

El Ministerio Público (MP) comenzó una investigación para determinar el origen de dinero vinculado con Lissette Pérez Leal, hija del expresidente Otto Pérez Molina, y una empresa de su propiedad, denominada Grupo Pixel, Sociedad Anónima, la cual recibió dinero del Estado durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Otto Pérez Molina permanece encarcelado en la base militar Mariscal Zavala, sindicado como líder de La Línea. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Otto Pérez Molina permanece encarcelado en la base militar Mariscal Zavala, sindicado como líder de La Línea. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio el embargo de cuatro cuentas bancarias y capital de un pagaré por un monto que podría llegar a más de Q1 millón.

El 18 de enero pasado, la Fiscalía pidió al Juzgado decretar la inmovilización de cuatro cuentas localizadas en dos bancos, a fin de evitar el traslado de ese dinero.

Una cláusula del embargo obliga a los bancos a emitir informes sobre las cuentas investigadas, en los que se deben detallar los montos de cada una.

Un banco hizo el informe sobre una cuenta, el 21 de enero último, y fue entregado al Juzgado ocho días después. La cuenta contiene Q390 mil 456.09.

Se señala que Grupo Pixel, Sociedad Anónima, es la propietaria de la cuenta y que Pérez Leal tiene firma autorizada para hacer transacciones.

Las otras tres cuentas son de un mismo banco, según la investigación preliminar a cargo del MP, pero esa entidad todavía no ha cumplido la orden del Juzgado, por lo que no se sabe qué cantidad de dinero   hay en cada una, se informó.

La Fiscalía señala que existe una cuenta más de Grupo Pixel, en la cual también  tiene firma autorizada la hija del exgobernante.

Las otras dos son exclusivamente de Pérez Leal, una monetaria y otra a plazo fijo.

La pesquisa da cuenta, además, del capital de un pagaré a favor de Grupo Pixel,   en el cual se señala como beneficiarias de por lo menos Q500 mil a Pérez Leal y su madre, Rosa María Leal Flores de Pérez. El dinero está depositado en una financiera denominada MVA, S. A.

Se buscó la opinión de Bryan Palacios, abogado de Pérez Leal, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.

Rechazo

Varios sectores han manifestado en distintas ocasiones que se debe recuperar todo el dinero defraudado al Estado y que no es suficiente con las capturas. Una de las últimas voces fue la del arzobispo Óscar Julio Vian el pasado domingo durante su mensaje dominical.

Vian insistió en que los recursos económicos robados al Estado por las estructuras corruptas deben ser devueltos.

Agregó: “Que se devuelva el dinero que se robó; en eso no insisten mucho y no sé por qué, pero el dinero hay que devolverlo, hay que buscarlo, seguirlo, porque Guatemala necesita esos fondos”.

Era contratista

La relación de Lissette Pérez Leal con su padre fue estrecha durante la presidencia del Partido Patriota, incluso Grupo Pixel, Sociedad Anónima, a nombre de la ella, recibió contratos del Estado.

Según una publicación de Prensa Libre, Pérez Leal a través de Pixel manejó Q662 mil, la mayoría entre 2012 y 2015, cuando Otto Pérez era Presidente.

La empresa fue mencionada por Salvador González, alias Eco, ante el juzgado de Mayor Riesgo B, quien afirmó que sostuvo reuniones con Pérez Molina, su nuera Luisa Issacs y Lisette Pérez Leal para conocer la situación en la que se encontraban sus compañías.

Según el portal de Guatecompras, Pixeles ha recibido contratos por Q620 mil 56, de los cuales el 93.2 por ciento se le otorgaron durante este gobierno, sólo este año se le otorgaron Q273 mil 585.

En Guatecompras se demuestra que la entidad con mayor cantidad de adjudicaciones a Pixel fue del Instituto Guatemalteco de Turismo y que más del 90 por ciento son compras directas.

La Línea

Otto Fernando Pérez Molina renunció a la presidencia el miércoles 2 de septiembre de 2015, luego de una serie de manifestaciones en su contra, movimientos en los que participó además de la sociedad civil, el sector empresarial y algunos personajes políticos, incluso funcionarios renunciaron por los señalamientos que pesaban sobre él.

Pérez, un general retirado de 64 años, fue acusado el pasado 21 de agosto por la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser uno de los cabecillas de una red denominada “La Línea” , dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.