MP no actuará de oficio contra funcionarios por desobediencia

La fiscal general, María Consuelo Porras, no investigará al presidente ni a sus ministros por desacato, a menos que la CC así lo considere.

La fiscal general María Consuelo Porras y parte de su equipo de trabajo comparece ante la prensa. (foto Prensa Libre: Esbin García)
La fiscal general María Consuelo Porras y parte de su equipo de trabajo comparece ante la prensa. (foto Prensa Libre: Esbin García)

La jefa del Ministerio Público, en una conferencia de prensa la tarde de este lunes en el hotel Hilton Garden, en la zona 9, aseguró que se actuará dentro del marco jurídico y eso incluye esperar que la Corte de Constitucionalidad (CC), certifique si ha habido un incumplimiento de su resolución.


“La decisión del cumplimiento o incumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad compete con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad en función de Tribunal Extraordinario de Amparo”, dijo Porras.

La fiscal general también explicó que no pueden actuar de oficio porque se trata de un proceso constitucional que está sujeto a su propia normativa, por lo que debe ser la CC quien, en exclusiva, le corresponde determinar si se incumplió su resolución.

“En caso certifique lo conducente para que el Ministerio Público proceda legalmente”, aclaró la jefa de la Fiscalía.

Agregó: “La obligación del MP es cumplir exactamente con las leyes del país y estamos a la espera de cualquier certificación de lo conducente”.

La fiscal general Consuelo Porras brindó la conferencia en un hotel capitalino. (Foto Prensa Libre:Esvin García)

Acompañada

La jefa del MP estuvo acompañada por el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el fiscal de sección Stuardo Campos y el fiscal de Delitos Administrativos, Yoni Morales.

En reiteradas preguntas de periodistas Porras respondió que espera que sea el máximo ente legal que certifique lo conducente para iniciar una pesquisa en contra del gobernante Morales, sin aportar más detalles.

Porras se fundamentó en el artículo 32 de la Ley de Amparo acerca de la resolución constitucional que avaló el retorno del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, quien está en Nueva York debido a la prohibición que hizo el gobierno el 4 de septiembre pasado.

Es la primera vez que Porras habla después que el mandatario Morales informó la no renovación del mandato de la Cicig el 31 de agosto pasado. 

En cuanto a la transmisión de capacidades la funcionaria recalcó que “ya se tiene el conocimiento, la práctica y el expertis”. 

El fiscal Sandoval indicó que en relación a las capacidades fue en 2015 (durante el gobierno del encarcelado expresidente Otto Pérez) que se habló del tema. “Considero que la única manera de transferir capacidades es trajando”.

Por último, al ser cuestionada si Velásquez seguía siendo el jefe del ente de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Porras respondió: “En tanto no haya una resolución de las partes él sigue siendo el comisionado”.

https://twitter.com/kmonzon_pl/status/1041821530005688321

Denuncia

Integrantes de la Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina a nueve entidades, plantearon una denuncia en contra de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, por desobediencia a la Ley de Amparo debido a que mantiene la prohibición para que Velásquez retorne al país desde Nueva York.

Resolución de la CC

El domingo recién pasado Dina Ochoa, presidenta del máximo tribunal y magistrada que fue designada por el presidente Jimmy Morales, encabezó  la conferencia de prensa en la que afirmó que por decisión unánime  se otorgó el amparo al recurso promovido por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, basados en que se deben resolver los conflictos con la Organización de Naciones Unidas agotando los recursos establecidos en el convenio del Estado.

Agregó que se declara la orden incumplida en el momento que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado. “El incumplimiento de las órdenes dispuestas en el presente autor, y rogará a los funcionarios responsables la sanciones que corresponda de conformidad con la ley de la materia”, concluye la resolución.

El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, y el 5 de septiembre, con el argumento de “orden y seguridad pública”, el Gobierno también había tomado la decisión de prohibir la entrada al país del jefe de la comisión internacional. Según la magistrada, las controversias deberán ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la comisión.

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