La denuncia fue interpuesta el 26 de febrero de 2018 por Paulina Paz Riera, colaboradora de la Fiscalía. Paz, junto con Olga Méndez López, eran representantes legales de Novaservicios, S.A., empresa que recibió los aportes de campaña electoral de Morales.
EN VIVO | Conferencia MP y CICIG tras solicitud de antejuicios
#ENDIRECTO | MP y Cicig dan conferencia de prensa tras solicitar el retiro de inmunidad de Jimmy Morales y Nineth Montenegro.
Publicado por Prensa Libre en Viernes, 10 de agosto de 2018
En total fueron Q7 millones 920 mil 375.70, de los cuales Q7 millones 560 mil 476.70 se gastaron en el pago de fiscales de mesa del partido para la primera y segunda vuelta electoral el 6 de septiembre y el 25 de octubre de 2015; así como material publicitario -volantes y calendarios de bolsillo- y capacitaciones para el binomio presidencial -Morales y Jafeth Cabrera- por la Fundación G, por un monto de Q359 mil 899.
Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.
“Nosotros hemos cumplido”, se refirió Porras, al ser consultada por la seguna vez en que es denunciado el mandatario por financiamiento dudoso. “Estamos cumpliendo con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley”, dijo la fiscal general.
El caso de Encuentro por Guatemala
Velásquez explicó que la legisladora Montenegro, secretaria general de Encuentro por Guatemala (EG), incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.
Fue el ente electoral que interpuso la denuncia el 13 de diciembre de 2016. Debido a esa falta de información no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió, dijo el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
“Incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral de 2015”, agregó Velásquez.
De la investigación se desprende que Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE.
Según la Fiscalía, Salvador José Paiz del Carmen “expuso que la entidad Maximum Financial and Investments Services realizó una aportación de Q76 mil 784.30 al mencionado partido político en el año 2015, destinada al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales”.
Además, en la campaña de 2011 EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provino de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque. “Los representantes legales de la empresa aportaron la documentación que sustentan el caso”, recalcó el fiscal de delitos electorales Óscar Shaad.
“El monto fue entregado, mas no reportado dentro de la contabilidad del partido político”, agregó Velásquez.
Solicitará la cancelación
Shaad explicó que solicitará la cancelación del partido EG ante el TSE. “Se hará al igual que se hizo con otros partidos políticos con la fundamentación correspondiente”, indicó.
El trámite
En el caso del presidente Jimmy Morales, la Ley en Materia de Antejuicio establece que, al ser señalada una autoridad superior, Adelina Cruz, juez suplente de Primera Instancia Penal, deberá inhibirse y trasladará el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aquí, los magistrados pueden aceptarlo para su trámite o rechazarlo.
Si los magistrados dan trámite a la solicitud de antejuicio, el expediente pasará al Congreso, que deberá nombrar a una comisión pesquisidora de cinco diputados elegida por sorteo para que escuche a las partes y entregue un informe en un plazo de 60 días, en el que debe recomendar si hay motivos para retirar o no la inmunidad al funcionario.
En el caso de Montenegro, el juez Séptimo suplente, Geifler Pérez, también deberá inhibirse y trasladarlo a la CSJ, cuyos magistrados pueden conocerlo para aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptan, pueden nombrar un juez pesquisidor para que cite a las partes del proceso y elabore un informe durante 60 días para que recomiende si retira o no la inmunidad, decisión que quedaría en manos de los magistrados de la CSJ.
Desconoce lo que pasó
Montenegro dijo que respeta el señalamiento que hace el MP y la Cicig por ser la secretaria general de la organización, pero “se me endosan tres hechos que desconozco, por ejemplo, el caso de las vallas, yo jamás en mi vida hablé con persona alguna para recibir apoyo en vallas”.
“Pudo haber sido algún candidato a mis espaldas, a espaldas del Comité Ejecutivo y del propio secretario de Finanzas, quien hizo esa negociación, recibió vallas y jamás se dignó a pasarlo por el partido”, dijo Montenegro.
Agregó: “Eso es fácil averiguarlo, por ejemplo la empresa Yeyo tiene que tener el impreso de quién fue el candidato que está en esas vallas electrónicas y ver quién era”.
Para Montenegro, de conformidad con la ley, “no se vale” individualizar la responsabilidad, cuando hay personas que abusan de la confianza del partido.
Sobre el gasto no reportado en la campaña de 2011, la legisladora dijo que tendría que revisar la documentación. “Sí se ingresó al partido Q176 mil, nadie se lo quedó y eso es importante, no vería yo allí el delito”.
Además, negó la resistencia a la fiscalización. “Me parece fuera de lugar, esto tiene que ver con el contador o auditor. Para esto se tienen que ver los informes, averiguar si es cierto o no, porque esto tampoco me consta”, refirió.
Sin intereses políticos
El Gobierno divulgó en un comunicado que el presidente Jimmy Morales es respetuoso del estado de Derecho y deja en manos de las institiuciones la solución a la causa promovida en su contra y confía en un procedimiento “enmarcado en Derecho y ajeno a intereses políticos”.
Además, reitera su compromiso con la institucionalidad del país, ordenamiento legal y debido proceso como mecanismos democráticos.
Solicitará renovar su visa
Durante la conferencia, Velásquez fue consultado por su situación legal en el país debido a que el 18 de septiembre de 2018 se vence la visa que le otorgó el país.
“Haré la solicitud como corresponde”, explicó el abogado colombiano y recordó que está amparado por la Corte de Constitucionalidad ante el intento del presidente Morales en agosto de 2017 lo declaró persona “no grata” y ordenó su expulsión.
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