Entre la evidencia que posee la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) están la declaración del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón Rojas, y varias escuchas teléfonicas que dejarían al descubierto una presunta implicación de Aguilar en el caso de corrupción.
Primer antejuicio
En abril, diputados del partido Encuentro por Guatemala denunciaron a los exprocuradores Larry Robles y Vladimir Aguilar; además del actual abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Saúl Oliva.
Asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes son los delitos por los que legisladores denunciaron en el Ministerio Público a Larry Robles y Vladimir Aguilar, exprocuradores generales de la Nación, por haber avalado el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
En el caso de Aguilar, actual magistrado de la CSJ, es señalado por los parlamentarios de haber obviado su solicitud de declarar lesivo el contrato cuando estuvo al frente de la PGN.
“La postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores referidos y que no está dentro del ámbito de nuestra competencia declarar la lesividad de ningún contrato”, se lee en la opinión firmada por Aguilar el 18 de abril del 2013.
En la CSJ
En la Corte Suprema de Justicia se informó que el expediente del caso de Aguilar, aun no lo conoce el pleno de magistrados. En los próximos días los magistrados conocerán el caso y decidirán si procede la petición.
No tengo responsabilidad
Del nuevo caso, el magistrado Aguilar manifestó que “no puedo pronunciarme hasta conocer el proceso, desconozco el expediente, en su momento me pronunciaré”, dijo a la prensa.
Sobre la sindicación que hace la Feci y Cicig, el magistrado dijo: “Ningún tipo de responsabilidad tenemos en ese contrato, porque en mi periodo – PGN – no se tramitó el expediente, no hay una sola resolución firmada por mi o dictamen”, sentenció Aguilar.
Pesquisa del MP
El Ministerio Público, obtuvo una declaración testimonial y documentos que indican que cuando fue procurador general de la Nación no tomó en cuenta la opinión de la consultora legal de la institución, quien le advirtió de algunas inconsistencias en el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La consultora legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Vilma Martínez, relató a los fiscales que ella elaboró un dictamen en el que señaló las inconsistencias del contrato y cómo quedó al final el dictamen en el que Aguilar afirmó que la postura institucional era la que se ha plasmado en dictámenes anteriores y que no estaba dentro de su competencia declarar lesivo ningún contrato.
La abogada, aparte de su declaración testimonial, entregó al MP el dictamen de cinco páginas que redactó, en el que se describen 13 inconsistencias en el contrato.
