Guatemala

MP y Cicig presentan acusación por caso La Línea

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),  presentaron este miércoles la acusación formal contra los sindicados en el caso de defraudación aduanera denominado <em>La Línea</em>, en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.

Juzgado de Mayor Riesgo recibe la documentación de la acusación contra 24 sindicados del caso <em>La Línea</em>. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Juzgado de Mayor Riesgo recibe la documentación de la acusación contra 24 sindicados del caso La Línea. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

La acusación es contra 24 implicados, entre ellos los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, Omar Franco, así como los cabecillas externos de la organización, Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez,  Salvador González , entre otros.

El ente investigador aportó cuatro mil 815 folios, que incluyen las escuchas telefónicas, así como documentos financieros que evidencia el movimiento del dinero de los 24 detenidos.

También hay documentos que fueron incautados en los 20 allanamientos que se llevaron a cabo. Además, informes oficiales de las instituciones que identifican a los empleados de la SAT.

Se programó para el 10 de agosto próximo, la audiencia en la cual se decidirá si enfrentan juicio por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera  y cohecho.

Por este caso está prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, presunto cabecilla de la estructura criminal.

La Cicig, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), inició la investigación en mayo de 2014, con la sospecha que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando y, tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas.

La investigación se desarrolló en ocho meses, incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, 66 mil sesiones de interceptación telefónica, seis mil comunicaciones electrónicas, cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.