“Prácticamente es una abolición de la pena de muerte”

El abogado Marlon Estuardo García Robles, uno de los ponentes de la inconstitucionalidad, explicó que el objetivo es modernizar la legislación penal del país. 

Manuel Martínez Coronado fue ejecutado en 2000 por la muerte de una familia en Chiquimula. (Foto: Hemeroteca PL)
Manuel Martínez Coronado fue ejecutado en 2000 por la muerte de una familia en Chiquimula. (Foto: Hemeroteca PL)

¿Cuáles son los argumentos por los que plantearon la acción de inconstitucionalidad?

Había cinco artículos que todavía mantenían la aplicación de la pena de muerte. El objetivo fue estar a la vanguardia del Derecho Penal a nivel mundial y latinoamericano, sobre todo siendo respetuosos de las garantías fundamentales.

¿Sobre qué base se presenta la acción?

Se planteó porque la pena de muerte se incorporó en una reforma posterior a la ratificación a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Una vez ratificada la convención, el Estado de Guatemala se comprometió a no incorporar  dentro del ordenamiento jurídico la pena capital. Y posterior a ello se hicieron reformas e incorporaron la pena de muerte, inobservando la obligación internacional.

Con esta resolución, ¿qué falta para que se elimine la pena de muerte?

Con esta resolución, la Corte de Constitucionalidad expulsa la figura de la pena capital. Prácticamente inexistente en el ordenamiento dentro de los delitos para ser aplicable. Esto le abre la puerta al Congreso para hacer una manifestación política para abolir la pena de muerte.

¿Se puede legislar de nuevo sobre la pena de muerte?

Hoy, desde el punto de vista judicial, Guatemala se suma a los países que ya no regulan la pena de muerte y no podría ser aplicable en un futuro, sobre todo con este precedente constitucional. Prácticamente lo sucedido es una abolición judicial de la pena capital.

¿Tienen algún interés particular que los llevó a accionar?

Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Integridad. Somos un grupo de personas de  varias profesiones con la idea de crear una organización que apoye a la ciudadanía para hacer  auditoría social.