La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó este lunes 9 de marzo que las designaciones previstas para el 2026 en instituciones clave del sistema de justicia de Guatemala serán determinantes para el futuro del Estado de Derecho.

Según Satterthwaite, la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, así como las designaciones en el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, definirán si continúan los patrones de captura institucional o si se inicia un proceso de recuperación de la independencia judicial.

La experta señaló que el país enfrenta una coyuntura crítica, marcada por el debilitamiento de los esfuerzos contra la impunidad y por procesos que, según indicó, han derivado en la criminalización de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la relatora, el sistema de justicia guatemalteco muestra señales de crisis debido a la instrumentalización del derecho penal, la concentración de poder en instituciones clave y la persecución de operadores de justicia independientes.

Añadió que estas dinámicas han erosionado la confianza pública y han contribuido a que la justicia se aplique de forma selectiva, influida por intereses políticos, poder económico y relaciones personales.

Satterthwaite subrayó que Guatemala aún cuenta con herramientas jurídicas, experiencia institucional y personal capacitado para reconstruir un sistema de justicia independiente e imparcial.

En ese contexto, consideró necesario impulsar reformas orientadas a despolitizar los procesos de nombramiento judicial, fortalecer la carrera judicial basada en el mérito y establecer mecanismos efectivos de supervisión sobre el poder del Ministerio Público.

También advirtió que prácticas como los traslados arbitrarios, los procesos disciplinarios abusivos y el uso indebido de procesos penales han debilitado la institucionalidad.

La relatora destacó que estas dinámicas afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables, quienes enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.

Asimismo, indicó que el exilio de operadores de justicia ha reducido la capacidad institucional del sistema y ha profundizado la impunidad, dejando a víctimas de graves violaciones de derechos humanos sin recursos efectivos.

Satterthwaite concluyó que se requiere una acción urgente y coordinada de los distintos poderes del Estado para garantizar en la práctica la independencia judicial, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.

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