La pesquisa indica que la estructura pudo haber emitido al menos cinco pasaportes a igual número de menores de edad, en los cuales se anotaba información falsa o se borraban datos a documentos existentes.
El ente investigador descubrió a la banda después de que Marcela Ortega Bejarano, una colombiana que utilizó los servicios de esa estructura, declaró la forma de operar de esta.
La denuncia por el caso fue presentada el 14 de junio del 2010, por Juan Fidel Pacheco, sindicalista de la DGM.
