Crece el rechazo a la reducción de penas para sentenciados por femicidio

El fallo que garantiza que los sentenciados por femicidios pueden apelar a la reducción de penas encontró más voces de rechazo: la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y diputadas, que al igual que ONU Mujeres y la Fundación Sobrevivientes, consideraron que el fallo es un retroceso para la erradicación de formas de violencia contra la mujer.

En 2017 murieron 594 mujeres de forma violenta en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En 2017 murieron 594 mujeres de forma violenta en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pasado 27 de junio la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional parcialmente el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer que dice: “y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”.


Esa resolución avala la reducción de las sentencias que sean emitidas por femidio, lo cual, de acuerdo con la Seprem “constituye un retroceso en la comprensión y sanción de la violencia de género”.

“La no reducción de la pena a quien resulte condenado por femicidio, no se relaciona con su derecho a rehabilitación y educación”, argumentó en un pronunciamiento.

La Seprem advirtió que espera que la resolución de la CC no sea un pretexto para que los asesinatos de mujeres queden en la impunidad.

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Según la legislación guatemalteca, la pena máxima por asesinatos de mujeres es de 50 años de prisión.

El fallo del máximo tribunal del país se produjo tras una acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por Manuel Alberto Chinchilla Solís y Ethel Katherine Girón Reyes contra esa frase contenida en el artículo 6 de la Ley.

Según los datos de ONU Mujeres, divulgados el año pasado, Guatemala está entre los cinco países con cifras más alta de violencia contra la mujer y solo entre los meses de enero y octubre de 2017 fueron asesinadas 877 mujeres, de acuerdo al Ministerio Público.

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Esa agencia expresó su preocupación por la sentencia de la CC y consideró que pone en riesgo la vida y dignidad de las mujeres sobrevivientes de violencia y el derecho a justicia efectiva y plena.

El panorama es complejo para la mujer. Un estudio reciente demuestra que la mitad de crímenes contra las mujeres ocurre en 10 municipios, la mayoría en área metropolitana.

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“Los fenómenos de violencia tienen muchas causas y se requiere de un análisis más profundo para determinar lo que da origen a esta situación, sin embargo, esta tendencia que se observa podría deberse a un mayor involucramiento de mujeres a grupos criminales. Las mujeres están muy expuestas a la manipulación de grupos delictivos”, acotó Walter Menchú, uno de los responsables del estudio, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La Fundación Sobrevivientes expuso que la CC estaría violando los compromisos de Guatemala en el cumplimiento de convenios internacionales para erradicar las formas de violencia contra la mujer.

La organización informó que en 2016 y 2017 se han sentenciado a 533 personas por el delito de femicidio, por lo que considera que ese número de personas podría ser beneficiado con la reducción de la pena.

Uno de los beneficiados sería Óscar Alexander Urbina, quien fue condenado a 25 años de prisión por la muerte de su esposa María José Segura Rojas, el 14 de abril del año pasado en la colonia Lomas de Pamplona, zona 13.

Otro es Melecio Mata Rodríguez fue condenado a 30 años de prisión por la muerte con arma blanca de Crisanta Matías Mata, en presencia de un niño de 6 años.

Bany Zambrano fue hallado culpable por la muerte de su pareja Mitzie Alejandra Sánchez Makepeace, por lo que fue condenado a 36 años y dos meses. No obstante, se fugó de prisión vestido de mujer el 28 de mayo último.

Diputas se pronuncian

Las diputadas Alejandra Carrillo, Karla Martínez y Edna Soto, rechazaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad de declarar inconstitucional un párrafo de la ley contra el femicidio.

Las legisladoras calificaron el hecho como un retroceso a los avances que se habían obtenido y anunciaron que buscarán impulsar una iniciativa de ley para buscar compensar la decisión.

En un pronunciamiento en el Organismo Legislativo las diputadas “condenaron y rechazar enérgicamente” a decisión de la corte.

“Constituye un retroceso grave y sustancial a los avances legislativos que se han promovido en defensa las mujeres para garantizar la vida, la seguridad y justicia a las guatemaltecas con énfasis con aquellas que son víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones”, precisó Alejandra Carrillo.

Las diputadas consideraron que la sentencia de la CC pone en entre dicho los compromisos que el Estado de Guatemala a asumido a nivel internacional particularmente con la Comisión Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, así como los objetivos de desarrollo sostenible.

Carrillo también agregó que han tenido acercamientos con organizaciones de la sociedad civil para analizar la posibilidad de presentar una iniciativa de ley que trate de compensar el que expulsó la CC del orden jurídico.

“Obviamente no con un artículo igual al que se declaró inconstitucional porque no tendría ningún sentido, sino se pretenderá regresar esos derechos que ya habían adquirido las mujeres, estamos en esos análisis”, señaló la congresista.

Edna Soto, indicó que seguirán trabajando para minimizar la violencia contra la mujer y citó como ejemplo el caso de una mujer que denunció que sufría violencia y fue ultimada por su pareja afuera de una estación policial.

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