Revés en el caso por fraude de Q14 millones en el pacto colectivo del Ministerio de Salud

La Sala Tercera de Apelaciones ordenó dejar sin efecto lo actuado por el Juzgado Quinto Penal, cuando personas estaban ligadas a proceso penal por el fraude. Además, un ministro y un abogado estaban pendientes de ser capturados

Implicados en el fraude de Q14 millones del pacto colectivo del Ministerio de Salud escuchan a juez en audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Implicados en el fraude de Q14 millones del pacto colectivo del Ministerio de Salud escuchan a juez en audiencia de primera declaración. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El caso comenzó en el 2013 cuando se aprobó el pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la aprobación de esos beneficios se autorizó sin dictámenes financieros y del análisis laboral.

El Ministerio Público (MP) descubrió por medio de una denuncia de la Procuraduría General de la Nación que el pacto colectivo del MSPAS se ratificó con anomalías y beneficios millonarios para implicados, pero el avance de la investigación quedaría bloqueado con la decisión de la Sala Tercera Penal al dejar sin valor lo actuado en el caso por el Juzgado Quinto Penal.

El juzgado ha ligado a proceso penal a 10 personas y ordenó varias capturas como la del exministro de Salud Jorge Villavicencio, también el abogado César Landelino Franco López, quien asesoró a sindicalistas y recibió un pago millonario.

Lo actuado por el juzgado queda desestimado debido a que la Sala Tercera de Apelaciones ordenó dejar sin efecto todo lo relacionado al caso. La resolución revoca la orden de captura contra Landelino Franco y de todos los procesados porque el caso debió pasar primero por la vía laboral.

La Sala Tercera  Apelaciones esta integrada por los magistrados Jaime Amílcar González Dávila -presidente-, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos –esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia- y Zonia de La Paz Santizo Corleto -vocales-.

Stuardo Campo, fiscal contra la Corrupción, explicó que el miércoles último, 20 de noviembre, fueron notificados de la resolución de la sala y señaló que esa instancia argumentó que “primero debió conocerse el caso en el ramo laboral” lo que calificó de “falaz”, porque consideró que los hechos incurren en delitos que deben resolverse en el “ramo penal”.

Campo recordó que la defensa de los implicados en el caso interpuso el mismo argumento de la sala y el juzgado Quinto Penal rechazó esas argumentaciones, luego apelaron esa decisión ante la Sala Tercera.

“Prácticamente se suspendió la persecución penal mientras no se resuelva el caso en el ramo laboral, en eso consiste la resolución de la sala. Ante esa decisión nosotros interpondremos un recurso de casación -anulación-“, explicó Campo.

El fiscal contra la corrupción indicó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el recurso de casación que se interponga y de ser negativa la resolución para continuar el proceso, podrían interponer un amparo.

“Haremos todo lo posible por mantener y resolver este caso”, aseguró el fiscal.

Mientras se resuelve el caso el exministro de Salud continúa prófugo de la justicia al igual que el abogado Franco.

El caso

La investigación surgió el 7 de junio de 2014 cuando el diputado Roberto Villate, de la extinta bancada de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), planteó una denuncia contra Villavicencio Álvarez por la suscripción “anómala” del pacto de trabajo.

Otras denuncias fueron interpuestas el 20 de abril de 2015 por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el 26 de junio del 2015 del exministro de Salud Luis Enrique Monterroso de León. La Procuraduría General de la Nación (PGN) se adhirió a las denuncias.

Según el avance de la investigación, el 20 febrero del 2014 el abogado Franco recibió el primer pago de Q7 millones como honorarios profesionales por parte del MSPAS. El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago por otros Q7 millones.

El abogado emitió cheques por montos menores a US$10 mil para evitar las sospechas de transacciones monetarias. Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco. Los beneficiarios cobraron Q5 millones 752 mil 937.60 según el avance de la investigación.

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