Es un juicio político
Ríos Montt enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas-ixiles en el norteño departamento de Quiché durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996) que dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
“Este juicio es político. El tribunal lo que quiere es ganar protagonismo porque si ya lo declaró incapaz, él (Ríos Montt) ya no entiende alguna imputación que se haga en su contra. Si es una sentencia condenatoria o absolutoria, ya no sabe” , declaró a la AFP Jaime Hernández, abogado del militar.
El jurista explicó que su cliente permanece “acostado” en su habitación bajo el cuidado de una enfermera, y que “a veces hilvana unas oraciones y a veces no”, sin mantener una comunicación fluida, por lo que “el juicio ya no tiene razón de ser”.
También consideró que la intención de los jueces es posicionarse ante la vitrina internacional y de una parte de la población que apoya los procesos contra militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Por su lado, Soto mencionó que los familiares de las víctimas persisten en el proceso para hacer justicia y no por venganza.
“Esto no es un tema de venganza. Los testigos (en el primer juicio) han sido categóricos en decir que ellos estaban allí para buscar justicia para que no se volvieran a repetir los hechos”, señaló Soto.
De acuerdo con la Caldh, de 2013 a la fecha han muerto por enfermedades asociadas a la vejez cuatro del centenar de testigos del caso por genocidio, sustentado por casi 900 pruebas, entre documentos militares, informes y peritajes antropológicos.
Junto al proceso especial de Ríos Montt, el tribunal ventilará un juicio público por genocidio contra su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez.
Crímenes del pasado
Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.
Por otros crímenes durante el conflicto bélico, la fiscalía logró la detención de 18 militares retirados acusados de participar en al menos 88 masacres entre 1981 a 1986, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el enfrentamiento armado, en el cual 93% de las atrocidades son atribuidas a las Fuerzas del Estado.
