Sala tramita antejuicio contra el alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar

Un pesquisidor fue nombrado para indagar acerca de la denuncia que planteó el Ministerio Público (MP) en contra del edil, por aparentes irregularidades en el cobro del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI).

La Sala Cuarta de Apelaciones Penal, que preside Néstor de León, avaló un antejuicio en contra del alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar.


Los magistrados notificaron la mañana de este martes a la Fiscalía de Delitos Administrativos acerca de la resolución. Nombraron como pesquisidor a Edwin Vela, presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de Villa Nueva.

Los detalles de la resolución no fueron proporcionados. Solo trascendió que fueron suplentes los que conocieron la denuncia contra el edil.

“La Sala dio trámite al antejuicio que fue presentado el año pasado”, informó el fiscal Melvin Medina.

El juez Vela tendrá hasta 60 días para indagar acerca de la denuncia que planteó el Ministerio Público (MP) el pasado 30 de noviembre.

También citará al edil para que presente sus pruebas de descargo.

El caso

La denuncia contra Escobar fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC). El MP confirmó que está vinculada a la tercerización del servicio catastral en la comuna.

En mayo de 2017 fue interpuesta la denuncia de la CGC en contra de Escobar.

Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva, en 2016, determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

La CGC sustenta la denuncia en que la comuna no puede tercerizar el servicio catastral. Se fundamenta en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.

En repetidas ocasiones Escobar ha rechazado la acusación y la ha calificado como “espuria y política”. Incluso, compartió que había interpuesto la denuncia contra los auditores de la CGC aduciendo que había sido extorsionado en marzo del 2016. “Casi tres años estuvo congelado el caso privándome el derecho de defenderme”, agregó Escobar.

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