Niños migrantes separados centran la visita de Mike Pence a Guatemala

Los niños separados de sus padres inmigrantes en Estados Unidos será tema central en la cita de los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras con el vicepresidente Mike Pence, que tendrá lugar este jueves en Guatemala, después de que un tribunal estadounidense ordenó reunificar a las familias.

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, visitará Guatemala en la última escala de su gira por el continente. (Foto Prensa Libre: AFP)
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, visitará Guatemala en la última escala de su gira por el continente. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Triángulo Norte Centroamericano es un generador de migrantes: miles huyen de la violencia (13 mil 129 homicidios en el 2017) causada por las pandillas y el narcotráfico trasnacional, que se suman a las pocas oportunidades que ofrece la región en materia de educación y empleo.


Pence viene para cerrar una gira latinoamericana durante la que ya afirmó, en relación con los centroamericanos, que “si no tienen condiciones de entrar legalmente” a Estados Unidos “no vengan”.

“Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró Pence en Brasil, la primera parada de una gira que lo llevó a Ecuador.

Los tres gobiernos expresaron abiertamente su rechazo a la práctica de separar a los niños migrantes de sus padres. Mientras el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, la tildó de práctica “inhumana”, su colega de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que ponía en juego la “grandeza y nobleza” de Estados Unidos.

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De acuerdo a cifras oficiales, al menos 465 de los niños separados son guatemaltecos y otro medio centenar salvadoreños.

Asimismo los tres gobiernos del Triángulo Norte mostraron su beneplácito por la suspensión de esa práctica a través de una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de junio, que sin embargo dejó muchas dudas y planeó exigencias por parte de organismos defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, un tribunal de San Diego, California, ordenó el martes al Gobierno de Trump reunificar a los miles de niños separados de sus padres en un plazo de máximo de 30 días, aunque en el caso de los de menores de 5 años debe ser en dos semanas.

La decisión supone un duro golpe para la Casa Blanca, que había instaurado en abril pasado la llamada política de “tolerancia cero”, que estipulaba que cualquier menor que entrará de manera irregular en el país debería ser separado de sus padres mientras estos se encontraban presos a la espera de juicio.

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Tras la orden Ejecutiva de Trump, en lugar de ser separados de sus padres al cruzar la frontera los niños indocumentados serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención.

“La orden ejecutiva que acaba con la practica de separación de familias es un paso adelante, pero consideramos que seguimos sin tener garantías de que se respetarán los derechos humanos de los niños, niñas y sus familias”, dijo Emma Puig, la encargada del programa de género e incidencia política de la ONG global Plan International.


Francisco Quintana, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para el Caribe, Zona Andina y Norteamérica, , dijo que Estados Unidos debe tomar “las medidas para reparar a las familias cuyos derechos humanos están siendo violados”, y que la reunificación se concrete además en los casos en que “las personas mayores se encuentren ya fuera del país”.

La cuestionada política de la separación de los niños de sus padres migrantes es un capítulo que se suma a la crisis de menores migrantes no acompañados que sacudió la frontera sur de Estados Unidos en el 2014, y la constante tragedia que supone la travesía desde Centroamérica hasta el gigantes del norte que incluye violaciones, trabajo esclavo y desaparición de miles de personas.

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Para enfrentar el tema de la migración, el Triángulo Norte y Estados Unidos lanzaron en el 2014 la llamado Plan Alianza para la Prosperidad, a la que el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) asignó unos US$1 mil 300 millones destinados a promover el fortalecimiento institucional e iniciativas en favor de la educación y la economía.

De nada sirve “inyectar dinero (al Plan) y hacer al mismo tiempo las deportaciones masivas faltando al respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales”, alertó Sofía Martínez, la analista de Crisis Group, una organización especializada en la resolución y prevención de conflictos.

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