Estos operativos no ocurrieron en alguna ciudad o condado de EE. UU. pasaron en Guatemala en días recientes.
Su objetivo era detectar a extranjeros que ingresaron al país sin autorización, para deportarlos, una acción que organizaciones promigrantes consideran es para alinearse con la política de EE. UU. que busca reducir la migración ilegal.
La acción se produjo días después de que ingresara a Guatemala una caravana con unos tres mil hondureños, la cual se disolvió tras decretar el Gobierno estado de Prevención en los departamentos por los cuales transitaría.
Aunque la mayoría optó por regresar a Honduras, quienes no lo hicieron habrían optado por quedarse en este país, conseguir algo de dinero y continuar su trayecto a EE. UU.
Productos de dos operativos posterior a la caravana de principios de mes, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) expulsó a 36 personas, entre ellas cinco menores de edad.
Durante el año se ha deportado desde Guatemala a 639 personas. Las nacionalidades que más destacan, según las estadísticas son: hondureños, 352; cubanos, 108; salvadoreños, 82; mexicanos, 26; y nicaragüenses, 24.
Procedimientos rutinarios
El IGM afirmó que, si una persona ingresa al país sin el respectivo control migratorio o por lugares no autorizados se le considera en situación irregular, ya que el acuerdo regional de libre tránsito CA-4 permite el ingreso a Guatemala de hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, pero no los exime de hacer su ingreso por un puerto de entrada autorizado con un documento de identificación.
“Nosotros tenemos como mandato controlar todo lo que es la migración irregular, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) identifica a un migrante irregular automáticamente lo pone a disposición nuestra”, afirmó Guillermo Diaz, director del IGM, al explicar los operativos recientes que se han hecho en el Centro Histórico.
El funcionario agregó: “Tal vez son personas que han ingresado al territorio nacional de manera irregular y que van al norte, y se han quedado en la capital. Cuando son identificadas por la PNC llega un momento en que dice, el número es significativo y vale la pena hacer una redada”.
Política dirigida
Sin embargo, hay quienes creen que estas acciones tienen el objetivo de complacer al Gobierno de EE. UU., cuya administración ha tenido una política enfocada en detener la migración irregular desde Centroamérica.
En ese sentido se recuerdan los convenios de asilo firmados con los países centroamericanos para frenar el flujo de los solicitantes de protección que en algún momento colmaron la frontera sur de EE. UU.
Con Guatemala, por ejemplo, se firmó en julio del 2019 el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) mediante el cual, en una especie de tercer país seguro, el país se comprometía a recibir a solicitantes de refugio de Honduras y El Salvador. A raíz de la pandemia está suspendido.
Recientemente también se supo una denuncia de congresistas demócratas que señalan al Departamento de Seguridad Interna de EE. UU. de haber financiado operativos en Guatemala para la deportación de hondureños. En estos, incluso, habrían participado agentes de esa agencia del gobierno norteamericano.
El sacerdote Mauro Vezeletti, director de la Casa del Migrante, asegura que con la reapertura de fronteras muchos migrantes han decido migrar de sus países de origen para pedir asilo. Prueba de ello, afirma, es que muchos centroamericanos ya se han acercado a esa organización benéfica y les han expresado temor por retornar a sus naciones.
Verzeletti agrega que, con el cierre de fronteras, probablemente muchos centroamericanos se quedaron “atrapados” en Guatemala y ahora con la reapertura intentan llegar a México, por lo cual previo a deportar a estas personas “debería hacerse una investigación par ver si alguna de ellas ameritan un estatus de protección internacional”.
No darles una oportunidad, añade el sacerdote, viola el Código Migratorio de Guatemala, así como una serie de convenciones y tratados que el país ha firmado en materia de migración.
“No solo se trata de hacer la voluntad de EE. UU. Nosotros debemos tener la soberanía de aplicar nuestras propias leyes con respeto a la dignidad de los derechos humanos de las personas”, aseveró.
“Nosotros demandamos un trato humano y justo de los guatemaltecos en México y EE. UU. ¿Y los que pasan por aquí no los tratamos bien?”, cuestionó Verzeletti.
Criminalización
Para Úrsula Roldán, directora del Instituto de Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, estos operativos sumados al estado de Prevención que el Gobierno decretó cuando pasó la caravana con el objetivo de desintegrarla, no hacen otra cosa más que criminalizar las migraciones puesto que no se trata a los migrantes como personas que tiene derecho de migrar.
“Se supone que los estados debieran trabajar bajo las causas de la migración para evitar una migración forzada, y no generar acciones de detención ni de criminalización sino de protección”, subrayó Roldán.
Pero Diaz sostiene que todas las personas que ingresaron en la caravana tuvieron la oportunidad de exponer si, en efecto, necesitaban protección.
Esto a pesar de que el propio presidente reconoció que pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que no interviniera durante el paso de los migrantes hondureños porque “entorpecía” el estado de Prevención.
Díaz aseguró que de la caravana 36 personas solicitaron protección, pero a la fecha no han formalizado su petición en la Ormi (Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales).
El funcionario añadió que no se criminaliza a los extranjeros que se encuentran en Guatemala; no obstante, reconoció que la participación del IGM en los operativos efectuados recientemente en el Centro Histórico obedecen a “los índices de delincuencia que la Policía y la Municipalidad han registrado en ese lugar”.
Las autoridades creen que en estos lugares hay migrantes en situación irregular, razón por la cual el IGM forma parte de estos operativos. Por el momento no se sabe si habrá más. “Todo depende de lo que organice la PNC y Emetra, ellos me han informado que la delincuencia está bajando”, acotó Diaz.
Roldán considera que estas redadas “están en el marco de atender las demandas de EE. UU. de que se frene la migración indocumentada, ya que desde el gobierno anterior se pusieron las pautas para el tipo de cooperación que se iba a brindar”.
La experta teme que el IGM, una institución que fue creada para la defensa de los derechos de la población migrante pueda ser utilizada para institucionalizar estas prácticas antimigratorias “que se impulsan desde Estados Unidos fuera de las reglas”.
