La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que durante el desalojo ejecutado el 30 de julio en el caserío Xecoxó, aldea Tzalbal, Santa María Nebaj, Quiché, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

En ese operativo, Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, fue desalojada de una vivienda, hecho que quedó grabado. En las imágenes se muestra cómo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) la retiraban por la fuerza de su vivienda. Horas después, pobladores protestaron por la diligencia e incendiaron la vivienda de la jueza que la autorizó.

Este 12 de agosto, el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, señaló que sí existieron violaciones a los derechos humanos durante el operativo.

El procurador declaró violadores de los derechos humanos al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71 de la PNC, por vulnerar los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Juana Santiago Chel, así como de los ocupantes del inmueble y de los pobladores de Xecoxó, aldea Tzalbal.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Cómo comenzó el desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de la tercera edad, que terminó con el incendio de la casa de una jueza?

El Cang se pronuncia por los disturbios en Nebaj y pide esclarecer lo ocurrido tras un desalojo de mujer

En un video, Córdova afirmó que la decisión fue tomada luego de una investigación sobre los hechos.

Agregó que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales durante este tipo de diligencias.

"El Estado no puede ni debe tolerar el abuso de poder. Defender la ley exige su cumplimiento con pleno respeto de los derechos humanos", añadió.

Recomendaciones al Mingob

La PDH recomendó al director general de la PNC deducir las responsabilidades administrativas y disciplinarias contra los dos mandos policiales declarados violadores de los derechos humanos, así como contra un comisario de la División de Operaciones Conjuntas y dos agentes que participaron en el operativo.

También pidió garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, fortalecer la formación de los agentes en mediación y derechos humanos para el abordaje de conflictos sociales y velar por el estricto cumplimiento de la Orden General 16-2009, que prohíbe el uso de gorros pasamontañas por parte del personal policial.

También recomendó al ministro de Gobernación girar instrucciones a la Dirección General de la PNC para implementar medidas efectivas de no repetición orientadas a garantizar la seguridad de las personas y el respeto irrestricto de los derechos humanos durante cualquier operativo de desalojo.

Pide evaluar actuación de jueza y remite el caso al MP

Según la PDH, la resolución también fue trasladada al Consejo de la Carrera Judicial y a los órganos disciplinarios del Organismo Judicial para que evalúen si la jueza pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj incurrió en alguna falta durante la diligencia.

Además, se envió una copia del documento a la Fiscalía Municipal del Ministerio Público de Santa María Nebaj para incorporarla al expediente.

El procurador aseguró que la institución dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

Consultada por Prensa Libre sobre la resolución emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil indicó que mantiene la postura expresada en el comunicado del 31 de julio, cuando informó que la Inspectoría General abrió una investigación interna para establecer si los agentes que participaron en el desalojo actuaron conforme a los protocolos institucionales.

LECTURAS RELACIONADAS

 Fiscalía traslada investigación por el caso de Juana Santiago Chel en Nebaj debido a riesgo para su personal

PNC abre investigación interna por desalojo de anciana que terminó con quema de casa de jueza

¿Qué pasó en el desalojo?

El desalojo fue ejecutado el 30 de julio en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Santa María Nebaj. Según el informe policial, la diligencia fue promovida por uno de los hijos de Juana Santiago Chel.

Durante el procedimiento, las pertenencias de la familia fueron retiradas de la vivienda y videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes de la PNC sacando por la fuerza a la adulta mayor del inmueble. Su abogado afirmó posteriormente que la mujer resultó lesionada.

Horas después, cientos de pobladores protestaron por el operativo. Un grupo llegó hasta la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales y le prendió fuego. Por este hecho, el Organismo Judicial condenó el ataque y expresó su respaldo a la juzgadora.

El 31 de julio, el Ministerio de Gobernación sostuvo que la PNC únicamente había cumplido una orden judicial, aunque anunció que revisaría si durante el operativo se observaron los protocolos establecidos. Ese mismo día, la Policía informó que la Inspectoría General había abierto una investigación interna para determinar si el personal actuó conforme a la normativa institucional.

El 7 de agosto, la Fiscalía Municipal de Nebaj remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos la denuncia por la actuación de agentes de la Policía Nacional Civil durante el desalojo, en la que se investigan los delitos de abuso de autoridad y robo. El Ministerio Público informó a Prensa Libre que las diligencias continúan y precisó que la pesquisa se centra únicamente en el actuar de los agentes policiales. Según el expediente, las agraviadas son Juana Santiago Chel y Juana López Santiago.