El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) expresó este sábado 1 de agosto su “profunda preocupación” por los hechos ocurridos en Nebaj, Quiché, durante una diligencia judicial relacionada con el desalojo de una mujer de la tercera edad, así como por los posteriores actos de violencia, entre ellos el incendio de la vivienda de una jueza.

El Cang expresó su solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades que hayan resultado afectadas en su integridad, seguridad, patrimonio o tranquilidad, y reiteró que toda persona debe ser tratada con respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales.

Afirmó que, como institución representativa de los profesionales del derecho, “reafirma su compromiso con la independencia judicial y el libre ejercicio profesional”.

“Ningún profesional, funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones o derechos”, remarcó.

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También rechazó “el uso excesivo de la fuerza, especialmente durante el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con desalojos, procedimientos en los que debe prevalecer el estricto respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas”.

Según el Cang cualquier inconformidad con una resolución o actuación judicial debe hacerse valer mediante los mecanismos legales correspondientes.

“La violencia, las agresiones y la destrucción de bienes no constituyen medios legítimos para resolver controversias”, resaltó.

Hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos de manera pronta, objetiva, imparcial y transparente, sin prejuzgar ni estigmatizar a personas o comunidades. Además, pidió garantizar la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales.

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Además, exhortó a las instituciones públicas, autoridades indígenas, autoridades locales y organizaciones comunitarias a fortalecer el diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, y a promover una relación respetuosa entre la jurisdicción ordinaria, las formas propias de organización comunitaria y el marco constitucional vigente.

“El Colegio reitera su compromiso con la defensa de sus agremiados, la independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho”, afirmó.

El Ministerio Público informó el viernes 31 de julio que abrió una investigación por los hechos ocurridos el 30 de julio pasado durante y después de una diligencia de desalojo en Nebaj, luego de que imágenes del procedimiento, en las que se observa a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sacar por la fuerza a una adulta mayor de una vivienda, provocaran indignación en redes sociales y entre vecinos del municipio.

La institución aclaró que no participó en la planificación ni en la ejecución del desalojo. Sin embargo, indicó que, al tener conocimiento de posibles acciones delictivas, inició las pesquisas para esclarecer los hechos en los que se vio involucrada Juana Santiago Chel, así como cualquier otro acto que pueda derivar en responsabilidad penal para los distintos partícipes.

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