Nos referimos a la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el fiscal general y jefe del Ministerio Público, y el contralor general de Cuentas.

Estos procesos, conocidos como elecciones de segundo grado, no implican una participación directa de la ciudadanía a través del voto, como ocurre en las elecciones generales. Sin embargo, su impacto es profundo y directo en los pesos y contrapesos de la república, así como en la vida institucional del país. De estas decisiones depende la independencia del árbitro electoral, la defensa del orden constitucional, la persecución penal y la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Que la ciudadanía no vote directamente en estos procesos no significa que deba permanecer al margen. Por el contrario, hoy más que nunca es fundamental involucrarnos a través de la veeduría, el acompañamiento ciudadano y la exigencia pública de procesos transparentes, objetivos y apegados a la ley. La experiencia reciente nos demuestra que, cuando estos procesos se desarrollan sin vigilancia, aumentan los riesgos de captura institucional y pérdida de legitimidad.

Como sociedad, debemos exigir que se elija a los mejores perfiles: personas probas, honestas, con capacidad técnica y compromiso con el interés público. Guatemala merece autoridades que fortalezcan las instituciones y no que las utilicen para fines particulares o coyunturales. Asimismo, es indispensable exigir el respeto estricto al marco legal y al cumplimiento de los plazos establecidos, ya que las sucesiones oportunas son un elemento clave para la estabilidad institucional.

En este contexto, observamos con preocupación el uso malicioso o irresponsable de los recursos legales presentados en medio de los procesos de elección. Actualmente, existen múltiples acciones legales que inciden directamente en el desarrollo de los procesos, como la elección de magistrados del TSE y la designación de magistraturas de la Corte de Constitucionalidad. Si bien el acceso a la justicia y el planteamiento de recursos es un derecho legítimo, su instrumentalización puede debilitar la credibilidad, la certeza jurídica y la legitimidad de estos mecanismos de nombramiento.

Como guatemaltecos, debemos ser responsables en el uso de las herramientas legales. La justicia no debe convertirse en un mecanismo de presión o bloqueo, sino en una garantía para fortalecer el Estado de derecho.

Este 2026 nos desafía como país. Cuidar estos procesos es cuidar nuestras instituciones y, en última instancia, cuidar el futuro de Guatemala. La veeduría ciudadana, la exigencia ética y el respeto a la ley no son opcionales: son responsabilidades compartidas en un momento decisivo para nuestra democracia.