Alianza oficialista habría destinado Q600 millones del Presupuesto para pago de favores

La bancada oficial junto a otras aliadas consiguieron ampliar el Presupuesto del 2020 y ahí incluyeron Q600 millones que, según denuncian públicamente alcaldes y diputados de oposición, son distribuidos de manera discrecional para obras en municipios afines.

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Diputados se reúnen para aprobar la ampliación presupuestaria por Q5 mil millones. (Foto Prensa Libre: Congreso)
Diputados se reúnen para aprobar la ampliación presupuestaria por Q5 mil millones. (Foto Prensa Libre: Congreso)

El Congreso aprobó Q600 millones en una ampliación del Presupuesto General del Estado, destinado a la reprogramación de obras municipales; sin embargo, ahora, algunos jefes ediles y diputados señalan que los recursos se han distribuido de manera discrecional para favorecer a legisladores que votaron a favor de la ampliación de recursos a beneficio del partido de Gobierno.

Estos Q600 millones son parte de los Q5 mil 138 millones de ampliación al Presupuesto del 2020, modificado a través de una criticada sesión parlamentaria el Domingo de Ramos, 5 de abril.

La misma Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia informó que al aprobar el decreto 20-2020 este no incluía los criterios de distribución, pero sí ordenaba que fuera esa secretaría la responsable de la coordinación y desarrollo de dichas obras.

Una piñata grande

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), reconoció que dicha ampliación estaba destinada a cubrir la deuda de arrastre, “pero no para este tipo de obras —reprogramación de proyectos inconclusos—, sino para proyectos extraordinarios”.

En cuanto a la repartición de los recursos, Ovalle explicó que ha tenido conocimiento de que algunos diputados. “Han consensuado con los alcaldes y ya repartieron, aunque entiendo que no alcanza para todos y esa es la inconformidad que tienen algunos jefes ediles”, comentó.

Ovalle remarcó que la Anam no tiene nada qué ver con la entrega de esos fondos.

“Nosotros solo hicimos la gestión con el presidente para que se aprobaran Q850 millones para la deuda de arrastre, pero mi sorpresa fue que solo fueron Q600 millones, y que no era para obras de arrastre, sino extraordinarias”.

El presidente de la Anam dijo desconocer cuáles son los criterios para priorizar los proyectos, pero los jefes ediles “se dieron cuenta de que la piñata era grande, por lo que todos quieren, pero no va a alcanzar”.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, con micrófono en mano llama a los diputados aliados a apoyar la ampliación del Presupuesto en la sesión del Domingo de Ramos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A cambio de votos

Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, y representante de la región 4 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), dijo que la forma en que se están repartiendo esos Q600 millones “es un juego político que siempre se ha venido haciendo para favorecer a los diputados a cambio de votos; eso es lo que exactamente pasó acá”.

Arredondo recordó que cuando se llevó a cabo la reunión del Conadur, solicitó Q850 millones para las obras de arrastre de las municipalidades. Mi “sorpresa fue que solo fueron Q600, porque no todas las obras calificaban como de arrastre, porque no habían tenido el 20 por ciento de anticipo”, explicó.

Según Arredondo, el problema más grave en estos momentos es que en muchos lugares del país no había Unidad Técnica Departamental (UTD) y un Consejo de Desarrollo para aprobar las obras, donde se determine cómo se hizo la distribución de esos Q600 millones, “sino que solo vinieron los diputados, mandaron su lista —de obras— y a compadre hablado, con los de su mismo partido, con los que ellos querían apoyar, y les dieron lo que quisieron”.

El alcalde de Nueva Santa Rosa expresó que lo que está ocurriendo con la distribución de esos Q600 es una forma de compensar a los diputados, porque aprobaron lo que pretendía el Ejecutivo.

“Al final de cuentas, los congresistas llevaron las obras y se las dieron a los alcaldes que eran afines a ellos”, manifestó Arredondo.

Lo “único que hicieron fue distribuir Q5 millones en obras para cada diputado que votó a favor de lo que quería el Ejecutivo, por lo que va a haber serios problemas; si alguien interpone demandas, van a prosperar”, sentenció el alcalde de Santa Rosa.

Reuniones afuera

El alcalde de Guastatoya, El Progreso, Jorge Orellana, aseguró que esa distribución está “malísima”, porque en el caso de El Progreso no se reunieron en la sede del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede), sino en una finca donde no estuvieron ni representantes del Codede ni el Gobernador.

Solo asistieron los dos diputados de ese departamento y los alcaldes que citaron, y les dijeron cuánto le iba a tocar a cada uno, según Orellana.
Al del partido oficialista le dieron Q7.5 millones, y lo demás lo repartieron. “Les están dando más a los del partido Vamos”, dijo el alcalde de Guastatoya.

Cuestionan medidas

El jefe de bancada del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, explicó que su partido consideró que la ampliación presupuestaria “tenía un montón de problemas”. “Por eso votamos en contra, y una de las razones fue porque ahí había una serie de iniciativas, proyectos y medidas que no tenían nada que ver con la emergencia”, indicó.

El parlamentario aseguró que desde el comienzo tenían claro que dentro del paquete de ampliación presupuestaria “venían medidas oscuras, poco transparentes y había vicios de forma por la ausencia de una discusión de fondo en la Comisión de Finanzas, que hubiera permitido evidenciar esos vicios”.

Las bancadas en oposición a la ampliación presupuestaria optaron por abandonar el Hemiciclo y dejar solo a los aliados del oficialismo en la votación del 5 de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Un amparo?

Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que hace unos días citaron a Camilo Dedet, responsable de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y al Ministerio de Finanzas (Minfin), para que explicaran la distribución de los Q600 millones.

Barreda aseveró que esos fondos son muy cuestionados, porque no tienen como objetivo el coronavirus y, además, los consejos de Desarrollo ya están conociendo una distribución sin seguir los criterios técnicos que ordena la Ley, por lo que se están violando la unidad e integralidad del

Presupuesto, y no se están respetando las resoluciones del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

“Lo que se evidenció fue que Dedet, el Minfin y Segeplán no se han reunido ni definido esos criterios; por lo tanto, los Consejos de Desarrollo están resolviendo sin tomar en cuenta esos criterios, lo cual a nuestro juicio es ilegal y procedería a un recurso de amparo y hallazgos de la Contraloría General de Cuentas”, aseguró Barreda. Entretanto, según Barreda, ya existen actas de lo que han efectuado los consejos de Desarrollo de departamentos como Petén, Chimaltenango, Suchitepéquez, El Progreso, Escuintla y Quiché.

Procesos están en ley

La Dirección de Comunicación Social y Protocolo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, informó que el decreto 20-2020, que aprobó la asignación extraordinaria por Q600 millones para los consejos departamentales de Desarrollo no cuenta con los criterios de distribución que deben ser utilizados para la asignación de recursos.

Sin embargo, explicó por vía escrita, que el artículo 2 del mismo decreto indica que la Secretaría es la responsable de la coordinación y el desarrollo de dichas obras, por lo que esa dependencia se apoyó en el sistema de consejos de desarrollo, los cuales están integrados de conformidad con el artículo 9 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Se explicó que las propuestas de los Codedes deben ser enviadas a Segeplán para una opinión técnica, conforme al marco normativo aplicable a cada obra.

También se resaltó que la Secretaría no participa en la ejecución de proyectos, por lo que no está facultada para establecer los criterios de distribución para la inversión, por mandato de la Corte de Constitucionalidad, que en el expediente 2861-2007, de fecha 28 de enero del 2009, dictó sentencia.