Guatemala

Amsa no justifica un pago de Q11.3 millones

Responsable está en prisión por caso de fórmula para limpiar el lago.

Una nueva irregularidad en Amsa fue detectada por la Contraloría. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Una nueva irregularidad en Amsa fue detectada por la Contraloría. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El pago sin sustento de Q11 millones 361 mil 305 por arrendamiento de maquinaria se suma a los señalamientos de negocios irregulares en la  Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca  del Lago de Amatitlán (Amsa), luego de la “fórmula mágica” para descontaminar el Lago, que mantiene en prisión a unas 15 personas.

El nuevo señalamiento es por alquiler de maquinaria sin opción a compra para trabajos del relleno sanitario ubicado en el kilómetro 22 de Bárcenas, Villa Nueva. De acuerdo con el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) el director Edvin Francisco Ramos Soberanis —en prisión por fraude e incumplimiento de deberes— habría firmado el contrato para trabajos nocturnos en el relleno.

El arrendamiento fue fácil porque el encargado de inventarios de Amsa emitió una certificación de carencia de bienes en la que no reportó la maquinaria propia de la institución, razón que justificaba el contrato. En diciembre sí reportaron tres retroexcavadoras a la Dirección de Contabilidad del Estado y así quedaron en evidencia.

Negocio redondo

El convenio era del 11 de febrero al 26 de agosto del 2015. Aunque el monto contratado era de Q11.9 millones, fue rescindido y Amsa pagó solo Q11 millones 361 mil 305 a la empresa Maquinaria y Constructora Palacios, Sociedad Anónima.

El 27 de octubre las autoridades alquilaron camiones para 947 viajes dentro del relleno por Q89 mil 965, con la empresa Consultora y Constructora del Sur, propiedad de Maynor Arturo Palacios Muñoz, quien fue representante de la primera empresa citada.

El informe de la CGC reveló que Amsa no publicó ningún concurso de licitación previo a otorgar el contrato en febrero, sino hasta el 26 de agosto y lo hizo como arrendamiento por excepción. “Refleja falta de transparencia, inconsistencias y deficiencias”, indica la CGC.

Sin evidencia

Los informes de supervisión para el pago a la empresa fueron firmados por el ex subdirector técnico Juan   Díaz Sandoval. En los documentos consta que se trataba de trabajos nocturnos para recibir camiones con material  de una empresa particular con la que Amsa firmó un contrato señalado de no llenar requisitos, según CGC.

El registro de ingreso de camiones y trabajo de  maquinaria no existe en horario nocturno. Los auditores solicitaron informes y las autoridades les indicaron que no encontraron documentos.

Las sanciones son por la totalidad del contrato contra Ramos Soberanis, Marlon Valladares Solares —que asumió el 16 de abril como director—, Díaz Sandoval y el jefe de desechos sólidos, Jorge Humberto Mazariegos.

El actual director de Amsa, Óscar  Juárez, indicó que el contrato dejó a la institución sin fondos. Ahora es la comuna de Villa Nueva la que tiene un convenio con la Vicepresidencia para manejar el relleno. “Le notificamos al Contralor para que verifique  procesos de contratación del 2012 al 2015”, añadió. Juárez dijo que los exdirectivos pagaban por 74 máquinas y  tenían 8.

“Salvar Amatitlán”

El 10 de marzo recién pasado, el juez de Primera Instancia Penal de Villa Nueva ligó a proceso a 15 personas, entre ellas la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario Baldetti, vinculados con una estructura que pretendía obtener de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

El proyecto de limpieza, según  investigaciones del Ministerio Público, fue valorado en Q137.8 millones,  de los cuales se adelantaron a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD  Q22.8 millones, por una fórmula que después de distintos exámenes de laboratorio resultó ser agua con sal.

En marzo del 2015, Baldetti llegó al Lago de Amatitlán con la entonces ministra de Ambiente, Michelle Martínez, a promover el proyecto que rescataría ese atractivo natural. La empresa presuntamente habría sido creada para obtener el contrato.

La Procuraduría General de la Nación demandó recuperar el pago y declaró lesivo el contrato.

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