Estados Unidos
Arévalo enfrentaría el costo político de corregir la reforma al IUSI mientras diputados buscan capitalizar la reforma, señalan expertos
El presidente Bernardo Arévalo debe decidir si sanciona o veta una reforma al IUSI cuestionada por sus vacíos técnicos y efectos municipales.
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Analistas explican que la reforma al IUSI ha sido utilizada como bandera preelectoral, y que un análisis técnico, que no se hizo, más profundo habría permitido evidenciar la realidad de los recursos municipales y discutir cómo mejorar el uso y control de esos recursos. (Foto, Prensa Libre: Moisés Xec)
La reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha colocado al presidente Bernardo Arévalo ante una decisión que trasciende lo técnico, coinciden analistas consultados por Prensa Libre.
El Ejecutivo debe definir si sanciona el decreto 18-2026, pese a los cuestionamientos de expertos, o si lo veta y asume el costo político de frenar una medida que los diputados han presentado como un alivio para los propietarios de viviendas y muestran que están trabajando para la población.
El decreto llegó al Ejecutivo después de que el Congreso introdujera cambios importantes a la propuesta durante la sesión en la que fue aprobada. En un análisis realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y que coincide con los especialistas entrevistados por este medio, todos coinciden en que era necesaria una reforma y así ayudar a los guatemaltecos. Sin embargo, la discusión en el Congreso dejó de ser únicamente técnica y se utilizó con fines políticos.
Analistas consideran que la reforma fue aprobada en un momento en que el Legislativo comienza a moverse en un ambiente preelectoral. Para distintos diputados y aspirantes a cargos de elección popular, presentar la eliminación o reducción del IUSI para viviendas como un beneficio directo a la población puede convertirse en un argumento político.
Una reforma necesaria, pero cuestionada
Luis Linares, exministro de Trabajo y Previsión Social y analista de asuntos municipales, considera que la legislación que regula el IUSI necesitaba una revisión.
A su juicio, era necesario actualizar el impuesto, hacerlo más razonable y establecer reglas que limitaran posibles abusos de las municipalidades. El problema, sostiene, está en cómo terminó aprobándose.
Linares cuestiona que el Congreso haya tenido cerca de un año para analizar y perfeccionar la propuesta y que, pese a ese tiempo, algunos de los cambios más importantes se hayan introducido mediante enmiendas durante las últimas horas de la discusión. “Había un año para perfeccionarlo, no para destrozarlo”, afirmó.
El analista considera que el resultado refleja irresponsabilidad legislativa, al haberse aprobado cambios sustanciales sin el análisis técnico que, a su juicio, requería una reforma de esta naturaleza.
“Los diputados tuvieron un año para perfeccionar las reformas al IUSI, no para destrozarlas”, Luis Linares.
El analista advierte de que legislar o gobernar pensando principalmente en la ganancia política puede afectar la calidad de las decisiones públicas.
La discusión, por tanto, no solo gira alrededor de cuánto dejarán de percibir las municipalidades, sino también de quién podrá atribuirse ante los ciudadanos el mérito de la reforma.
Una reforma técnica habría evidenciado la bonanza municipal
Para Linares, una reforma bien planteada del IUSI debía analizar no solo cuánto podrían dejar de recibir las municipalidades, sino también cómo administran los recursos que ya perciben y los controles frente a posibles abusos en cobros, tasas y sanciones.
El exministro sostiene que las comunas atraviesan una “bonanza económica” por sus distintas fuentes de ingresos, entre ellas el aporte constitucional, el IVA-Paz, el IUSI y los recursos de los Consejos de Desarrollo.
Por ello, cree que el debate debería incluir la calidad del gasto municipal, la burocracia y desembolsos que cuestiona, como dietas de los concejos municipales y financiamiento de equipos deportivos.
A su juicio, la reforma también era una oportunidad para establecer reglas más claras que limitaran la discrecionalidad municipal, fortalecieran la transparencia y evitaran posibles abusos.
Los vacíos que deja la nueva ley
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la manera en que el decreto 18-2026 clasifica los inmuebles.
La legislación anterior contemplaba una exoneración para viviendas con un valor de hasta Q2 mil, mientras que establecía diferentes tasas según el valor del inmueble. Los analistas consideran que esos valores ya no corresponden con la realidad del mercado inmobiliario.
Sin embargo, la nueva norma genera dudas por el lenguaje que utiliza.
En la legislación anterior aparece expresamente el término “exoneración”, mientras que el decreto 18-2026 utiliza tasa 0, esa diferencia podría dejar espacio para interpretaciones sobre las obligaciones formales y de procedimiento que las municipalidades podrían exigir a los propietarios.
Otro punto de preocupación es la referencia a los inmuebles destinados a actividades comerciales y otros usos.
Linares considera que el término “comercial” no debería utilizarse para referirse de manera general a cualquier actividad económica.
Explica que una finca que produce y vende sus propios productos mantiene una actividad agrícola o agropecuaria. De la misma manera, una empresa que fabrica y vende productos desarrolla una actividad industrial. Por ello, vender un producto no convierte automáticamente una actividad en comercial.
El problema adquiere relevancia porque el uso que se le dé al inmueble puede determinar si queda sujeto al pago del IUSI.
Otro de los analistas consultados, Ricardo Barrientos, de Icefi, considera que el Congreso debió establecer expresamente en la ley qué debe entenderse por vivienda, uso residencial, uso mixto, comercial y otros usos.
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La ausencia de definiciones puede provocar que una misma situación sea interpretada de distinta manera por las municipalidades y los contribuyentes.
El reglamento no puede corregir la ley
Linares y Barrientos coinciden en que los vacíos de la reforma no deberían trasladarse al Ejecutivo para que sean corregidos mediante un reglamento. Este puede establecer procedimientos para aplicar una ley, pero no incorporar elementos sustanciales que el Congreso omitió.
En el caso del IUSI, consideran que la propia ley debió establecer con claridad quién paga, qué inmuebles están sujetos al impuesto y bajo qué categoría debe clasificarse cada propiedad. Intentar resolver estos aspectos únicamente mediante reglamentación podría provocar nuevos cuestionamientos legales.
Para Linares y Barrios, la forma en que el Congreso terminó aprobando la reforma también evidencia una decisión en la que el beneficio político y la construcción de una imagen favorable ante los electores pesaron más que la búsqueda de una solución técnica y de beneficio común. A su juicio, presentar la eliminación del impuesto como un alivio para los propietarios permite a los diputados atribuirse un rédito político, aunque la normativa haya quedado con vacíos que posteriormente deberá enfrentar el Ejecutivo.
Arévalo y el costo político de un veto
El Icefi ha planteado que el Ejecutivo considere vetar el Decreto 18-2026 y presentar una contrapropuesta al Congreso para corregir sus vacíos. Sin embargo, hacerlo tendría un costo político para el presidente Bernardo Arévalo.
Asimismo, para Baúl Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, vetar la reforma sería un error político. A su juicio, los diputados ya están en una dinámica electoral y buscan mejorar su imagen ante los ciudadanos. Si Arévalo veta el decreto, podrían volver a aprobarlo y presentarse nuevamente como los responsables de mantener el beneficio para los propietarios.
“¿Qué habría ganado el presidente? Absolutamente nada”, planteó Boteo. Agregó que los eventuales cuestionamientos legales deberían ser resueltos por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que las municipalidades pueden acudir a esa instancia si consideran afectados sus ingresos.
“Si el presidente veta el Decreto, sus niveles de aprobación bajarían aún más. La decisión más razonable es dejarle la decisión a la Corte de Constitucionalidad”. Paul Boteo.
Linares coincide en que el veto representaría un desgaste para el Ejecutivo. “Vetarlo va a ser un desgaste para el gobierno que ya tiene suficiente desgaste”, señaló.
A su juicio, los aspectos técnicos pueden quedar relegados ante un mensaje sencillo: dejar de pagar el IUSI por la vivienda. Si el Congreso supera el veto, los diputados podrían volver a atribuirse el mérito de la medida. “Sí, saldrían como benefactores o bienhechores de la población”, respondió.
Es así como las reformar al IUSI expone una discusión que va más allá del impuesto. También plantea preguntas sobre la calidad de la legislación, la responsabilidad de los diputados, el uso de los recursos municipales y el papel del Ejecutivo cuando recibe una ley aprobada por el Congreso con cuestionamientos técnicos.
Resumiendo el análisis de los expertos, para Arévalo, el problema ya no es únicamente decidir qué hacer con el IUSI. También debe determinar cuánto costo político está dispuesto a asumir por corregir una reforma que el Congreso tuvo tiempo para discutir, pero que terminó aprobando con cambios de última hora.
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